Hace ya tres años que Esperanza Suárez, vecina del Polígono San Pablo, fue liberada de la cárcel en la que se había convertido su piso. Recluida desde hacía más de una década por la incapacidad para bajar la escalera, esta sevillana dijo haber vuelto a nacer, como declaró a la prensa, durante la inauguración del ascensor que le devolvió la libertad. Presos en sus viviendas siguen decenas de residentes en Sevilla, donde cuatro de cada diez bloques de más de cuatro plantas carecen de este servicio, una situación que el Ayuntamiento quiere atajar en los próximos cinco años.
El reto es instalar 2.000 elevadores de aquí a 2026, un ambicioso proyecto que el equipo de Gobierno ha presentado a los fondos de recuperación Next Generation de la Unión Europea. El montante supera los sesenta millones de euros con los que muchos sevillano recuperarían la calidad de vida, asestándole una estocada al fenómeno de los pisos cárceles.
Fuentes municipales aclaran que «la iniciativa se divide en dos partes: una primera, que permitirá rehabilitar un millar de viviendas del parque público, incluyendo la instalación de ascensores, y una segunda que dotará de este servicio a otras mil privadas, siguiendo el mismo modelo que ahora , pero a gran escala». «Se trata de continuar con la línea de ayudas que hay establecida, pero que sea el Ayuntamiento el que ejecute las obras y que la aportación de los residentes en los bloques se adapte a sus ingresos», aseguran. Para la primera se han solicitado cuarenta millones de euros, mientras que para la segunda, serán veinte.
La previsión resuelve sólo una parte del problema, pues la necesidad es mucho mayor que esos 2.000 ascensores, pero supondrá un importante revulsivo, especialmente si se comprara con la actividad que se ha llevado a cabo en los últimos años. Desde el inicio de la anterior crisis económica este tipo de subvenciones fueron a menos y ha sido hace apenas unos años cuanto las administraciones las han rescatado. El Consistorio ha ido liberado pequeñas remesas para instalar en torno a un centenar de ascensores por ejercicio. También la Junta ha hecho un esfuerzo inversor en este ámbito con una última convocatoria presentada hace apenas unos días. El montante ronda los siete millones de euros, de los que casi el 90 por ciento se destinará a la instalación de elevadores en toda la provincia.
El mapa de la vulnerabilidad
Mientras tanto, el Ayuntamiento hispalense aún estudia el plan de actuación de los barrios sobre los que se podría actuar con más contundencia. En la decisión se tendrán en cuenta tanto la edad como los niveles de renta de los vecinos y las necesidades que se han detectado. Si bien las fuentes consultadas señalan que todavía es demasiado pronto para hacer esa planificación, el Plan Municipal de Vivienda de Emvisesa aporta suficiente información para identificar las zonas que se podrían priorizar.
La mayor concentración de viviendas sociales y de alquiler protegido de titularidad municipal se encuentra en el distrito Macarena. Allí, además, están los dos núcleos con mayor nivel de vulnerabilidad: Retiro Obrero y La Barzola, que sufren graves carencias por la antigüedad de los edificios. Más de la mitad de la oferta residencial de este último barrio es pública (alrededor de 370 de las 655 totales), con lo que será uno de los que tenga prioridad en esos planes de rehabilitación. Junto a la Barzola, el grueso del parque de vivienda que depende del Ayuntamiento se localiza en Amate (232), Santa Aurelia (71) y Giralda Sur (217), situado junto al Tiro de Línea.
También es grande la concentración de edificios municipales en Pino Montano (708), los Carteros (137) y San Jerónimo (298), aunque la antigüedad de este parque residencial es algo menor. Por el contrario, la concentración de pisos sociales en el Polígono Sur depende en su mayoría de la Junta, que es la administración competente para rehabilitar. Por último, las zonas de Colores y Entreparques, en Sevilla Este, y Torreblanca acumulan otras 900 residencias que son propiedad de Emvisesa y también son susceptibles de ser rehabilitadas, aunque dada su antigüedad no tendrían tanta prioridad.
En lo que toca a las zonas de renta libre que necesitan de ayuda para la instalación de ascensores, las que más carencias presentan son El Carmen, en la Macarena, el Tardón, en Triana y el Polígono San Pablo, donde hay un mayor volumen de personas mayores que viven solos. Muchos de ellos no pueden salir de sus casas por la dificultad para bajar y subir las escaleras. Fue en estos barrios donde se empezó a popularizar el fenómeno de pisos-cárceles con los que se pretende terminar.
Los Pajaritos
Por otro lado se ejecutará la recuperación de los Pajaritos, que se ha incluido como un proyecto distinto y cuenta con su propia financiación, que ronda los treinta millones de euros. Éste es el principal compromiso municipal, como dejó claro el alcalde, Juan Espadas, durante la presentación de los proyectos que concurren a los Next Generation el pasado diciembre. Los fondos europeos ofrecen una oportunidad, pero si finalmente no sale adelante, se buscará otra fórmula para dar una salida a la barriada más pobre de España.
El camino no parte de cero. El primer paso fue la firma de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla, que pertenece al Obispado, y que en su día promovió buena parte de estos núcleos residenciales. Este convenio de 2019 se ha extendido a más instituciones y administraciones como la Junta y supone una nueva línea de actuación conjunta que se estrenará en la zona conocida como Nazaret, que es la más deteriorada de los Pajaritos.
En esta parte existen 1.688 viviendas, tanto públicas como privadas, que requieren mejoras dado su elevado nivel de deterioro y sus problemas de accesibilidad. Casi un centenar de ellas ya fueron derribadas y en su lugar se construyeron 62 nuevos pisos. Por tanto, hay 1.592 viviendas pendientes de una actuación que se pretende que sea integral y que afecte a todo el entorno.
Esta intervención en toda la zona de Los Pajaritos tiene, no obstante, dos líneas diferenciadas. Por un lado, las 412 viviendas de titularidad municipal que están pendientes de rehabilitación, cuya intervención será liderada por el Ayuntamiento en coordinación y con el respaldo de la Fundación del Patronato de la Vivienda y, por otro lado, las restantes 1.180 viviendas de titularidad privada que precisan de un modelo de colaboración entre administraciones y de una labor de apoyo, de captación de recursos y de asistencia técnica.
Toda la iniciativa, que superará los noventa millones de euros, será coordinada por una oficina municipal de rehabilitación, cuya creación también está a expensas de la aprobación de los fondos europeos. Éste será el órgano que vertebre la estrategia y que, con mucha seguridad, dependerá o estará ligado a Emvisesa para aprovechar las sinergias.
