Ximo Puig defiende que la Generalitat ha tratado con «absoluta normalidad» la multa a su hermano
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido este martes que a él, como jefe del Consell, «no le afecta para nada» la resolución de Competencia que multa a su hermano Francis Puig y los socios de este por pactar precios para concurrir a un concurso público y hacerse con algunas corresponsalías de À Punt en Castellón.
Preguntado por este asunto en una rueda de prensa en la que ha anunciado las nuevas restricciones por el coronavirus, Puig ha asegurado que le «sorprende» que el Partido Popular pida su comparecencia en la diputación permanente de las Cortes Valencianas porque la Generalitat ha tratado este caso con «absoluta normalidad».
El presidente autonómico ha mostrado su respeto por el funcionamiento de la Administración y las empresas y ha explicado que «cuando hay un conflicto, se dirime de manera razonable», como marcan las instituciones y la Justicia. Por lo tanto, no tiene «nada que decir» al respecto.
«Hay empresas que en un momento determinado tienen algún tipo de sanción, como es el caso, y esa empresa puede, o aceptarla o recurrirla», ha apuntado Puig. De hecho, la productora Comunicacions dels Ports -propiedad del hermano del presidente- ya ha anunciado que lo hará.
«Lo que corresponde es que continue ese procedimiento y después, en el futuro, aquellos que sean responsables tendrán que rendir cuentas si es el caso», ha zanjado.
El PP ha denunciado este martes que tanto Francis Puig como los hermanos Adell Bover -responsables de otras dos productoras sancionadas- mantuvieron dos reuniones con la delegada de la televisión pública valenciana en Castellón y que esta les ofreció «información privilegiada» sobre el proceso de licitación de varias correponsalías para que sus empresas audiovisuales ganaran el concurso.
Comunicacions del Ports, propiedad del primero y sancionada con 16.801 euros, se retiró del concurso de forma voluntaria, mientras Canal Maestrat y Kriol Comunicacion, de los segundos y multadas con 26.103 euros, fueron excluidas por la propia corporación, que trasladó a Competencia -dependiente de la conselleria de Economía- los hechos.