Así lo ha sostenido en un comunicado después de que el juzgado de instrucción número 24 de Barcelona lo haya dejado a un paso de juicio en su segunda causa por desobediencia por negarse a retirar una pancarta a favor de los presos condenados por el 1-O, tal como le ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
"Queda bastante evidenciada la sintonía entre la Fiscalía y la extrema derecha que continúa ejerciendo de acusación popular en las persecuciones contra los independentistas", ha señalado.
De acuerdo con Torra, esta segunda causa, que se tramita en la justicia ordinaria después de que el TSJC se inhibiera al ser inhabilitado del cargo y perder su condición de aforado, supone "un nuevo paso represivo contra la libertad de expresión y contra los derechos civiles más elementales".
Ha criticado además que su procesamiento por haber desobedecido la orden judicial de descolgar del balcón del Palau de la Generalitat la pancarta con lazo amarillo que puso el 27 de mayo de 2019 para pedir la libertad de los "presos políticos y exiliados" demuestra "la voluntad de marcar la agenda política y el calendario por parte del poder judicial".
"Se ha acostumbrado a intervenir en los asuntos propios de la política y la participación libre en los debates públicos", ha resaltado en alusión a la judicatura.
Por eso, tal como indicó ayer en Twitter tras recibir el auto de procesamiento, en el que la juez considera que Torra incurrió en una "contumaz rebeldía", ha insistido: "Si esto quiere decir volver a hacerlo una y otra vez plantándose ante el Estado español en defensa de los derechos fundamentales de los catalanes, la acusación es correcta".
Esta segunda causa por desobediencia, tras la que fue inhabilitado por desoír a la Junta Electoral al no retirar a tiempo los lazos amarillos de la Generalitat en campaña electoral, se abrió en febrero pasado a raíz de una denuncia de la plataforma Impulso Ciudadano, que ejerce la acusación particular, y que pidió mantener la neutralidad del edificio de forma permanentemente.
El entonces presidente de la Generalitat desoyó el ultimátum de 48 horas que le dio el tribunal y recurrió en paralelo la orden, tras lo que el TSJC dictó un nuevo requerimiento y finalmente los Mossos d'Esquadra retiraron la pancarta.
