Se acabó el tiempo del diálogo; de ir de reunión en reunión sin concretar soluciones y –lo que realmente cuenta– ejecutarlas. Tajante, sin titubeos, lo cuenta a elDiario.es Enrique Bruna, secretario general de la Federación de Industria de CCOO Región de Murcia, para explicar el motivo de convocar una huelga junto a UGT el próximo viernes 4 de diciembre en el sector agroalimentario de la Región de Murcia. "Todo el mundo dice que lo va a arreglar, todas las administraciones, gobierno tras gobierno, y nadie lo hace, así que nos vemos en la obligación de ir a la huelga; la última fue en 1991, hace casi tres décadas".
A la huelga la preceden meses convulsos en la agricultura regional: la muerte en agosto por "estrés térmico" de Eleazar Blandón en el municipio murciano Lorca, que antes de fallecer trabajó una doble jornada a 44 grados centígrados sin protección, desencadenó el aumento de inspecciones laborales en el sector a nivel nacional. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llegó a declarar que veía "causa penal" en la muerte de Blandón, y criticó las condiciones "deplorables" de los compañeros del temporero. A finales de septiembre, se detuvo a un encargado agrícola en la localidad murciana de Torre Pacheco como presunto autor de una veintena de delitos de agresión sexual, abuso sexual, acoso sexual y contra el derecho de los trabajadores extranjeros. En mayo, el Ministerio de Díaz había ordenado indagar posibles delitos de trata de seres humanos y de "esclavitud" en la campaña agraria del nuevo año. Una iniciativa que le valió la crítica de buena parte de patronales y dirigentes políticos.
"Hay un claro sentimiento de indignación; todo el que puede sale de este sector y busca otros empleos", explica Bruna, quien reconoce que es cierto que las cadenas de distribución aprietan mucho los precios: "Son cuestiones que habrá que corregir, pero no puede ser que los que paguen sean los trabajadores, el último eslabón". Según cifras de CCOO, más de 110.000 personas están empleadas en el sector, lo que representa un 12 por ciento de la población activa en la Región de Murcia.
El sector agroalimentario de la Región de Murcia representa un 28,3 por ciento de la producción de la Comunidad, segun datos del Instituto de Fomento. Cuenta con una de las mayores extensiones de terreno dedicadas a la agricultura ecológica de España y se la conoce como la huerta de Europa. Todo con apenas un 2,2 por ciento del territorio nacional. Es, además, el único sector que en la última década ha incrementado el empleo y ha pasado de 70.000 a 90.000 trabajadores.
Las buenas cifras económicas del sector contrastan con la precariedad laboral de sus trabajadores, la mayoría extranjeros –sobre todo africanos y latinoamericanos–, que tienen que hacer frente a jornadas interminables, una elevada temporalidad en los contratos y nóminas que incumplen el salario mínimo interprofesional. "Cada vez hay menos personas con ética y más buitres”, denuncia al otro lado del teléfono Mohamed Elghrib, presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes –ATIM–, que se ha sumado al apoyo a la huelga.
Desde ATIM piden frenar las oleadas de racismo y xenofobia "crecientes", las agresiones sexuales que sufre la mujer inmigrante, la desinformación, el sensacionalismo y los bulos para enfrentar a los inmigrantes entre ellos y "obstaculizar su integración en la sociedad"; además de "poner fin a las prácticas de identificaciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado a personas solo su aspecto físico, su color o su origen étnico".
Miles de familias que viven del campo, muchas de ellas con salarios por unidad familiar que no supera los 12.000 euros anuales. Los sindicatos convocantes denuncian que muchas empresas agrícolas murcianas están incumpliendo el salario mínimo interprofesional (SMI); y que muchas veces solo dan su brazo a torcer con sentencia de por medio.
"Hay que tener en cuenta que los dos principales convenios de la Región de Murcia que agrupan al 70–80 por ciento de los trabajadores del sector agrario están paralizados", se queja el secretario general de la Federación de Industria de CCOO: el de las Empresas Cosecheras y Productoras de Tomates –que afecta a 15.000 personas– y el Agrícola, Forestal y Pecuario –que afecta a 40.000–. "Están parados por el empecinamiento de la patronal de no reconocer el SMI; además, su propuesta a esos dos convenios es ahondar en la precariedad y desregular aún más la situación de los trabajadores", incumpliendo el Acuerdo Regional para el impulso de la Negociación Colectiva firmado en 2019.
Tanto Comisiones como UGT denuncian también los "abusivos" índices de subcontratación de muchas empresas. Reclaman a la Mesa Sectorial para la Supervisión de las Empresas de Trabajo Temporal reconducir este recurso, que precariza los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo murciano. Muchas empresas de la Comunidad, concretan, tienen porcentajes de hasta el 90 por ciento de contratos de puesta a disposición.
"Es otro de los males del sector", dice Bruna: el 62 por ciento de los contratos de puesta a disposición que hay en el sector agrario en todo el país se hacen en la Región de Murcia. La "solución" pasa por poner límites a la subcontratación "masiva" con la intervención de la administración regional y de la inspección de trabajo.
Otro problema de los trabajadores fijos-discontinuos, muy extendido en el sector agroalimentario y con mucha incidencia en los almacenes, es la dificultad a la hora de acceder a la prestación por Incapacidad Temporal, explican los sindicatos. Bruna lo ejemplifica: una persona que tiene un contrato eventual "coge la baja y cobra un salario", mientras que una persona con el mismo tiempo contratado pero fijo-discontinuo y que no ha tenido trabajo los últimos tres meses –o ha trabajado muy poco, por ejemplo, cinco días–, "a lo mejor al coger la baja puede ganar solo cuatro o cinco euros".
Toda esta desprotección, consideran desde CCOO y UGT, está dando lugar a vulneraciones "flagrantes" de los derechos laborales más elementales, "e incluso a graves casos de acoso sexual e incluso de agresión sexual, de explotación laboral y de incumplimientos en materia preventiva que han llegado a saldarse con fallecimientos y accidentes que podrían haberse evitado".
Mohamed Elghrib, presidente de ATIM, pone el acento en que todo esto sucede en una de las actividades más dinámicas y que más enriquecen a la Región, y a algunos de sus empresarios, mientras se empobrecen sus trabajadores. "Suena extraño hablar de esto en pleno siglo XXI, en un país que se define como desarrollado, y del primer mundo". Por eso, advierte, se han sumado al llamamiento a la huelga: "Tenemos que reivindicar los derechos de los trabajadores, la mejora de su vida laboral, económica y social; la huelga no va en contra de todos los agricultores, pero sí de algunos empresarios que se están aprovechando de la situación".
