Los altos costos de las prestaciones laborales, como el reparto de utilidades, alimentan la práctica de la subcontratación y ese debería ser el análisis en las mesas de diálogo entre el sector privado y el Gobierno federal en la definición de la iniciativa de Reforma a la Ley de Subcontratación, señaló Jorge Sales Boyoli, presidente del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.
Agregó que se debe tocar el tema de la Participación del Trabajador en las Utilidades de la empresa (PTU), para renovar la fórmula de cálculo considerada obsoleta en nuestros días.
“Un verdadero desincentivo del outsourcing sería la forma en la que se paga la PTU y es el gran ausente de esta reforma y hay que subir a la discusión el tema de la PTU”, dijo.
El reparto de utilidades es el tema que está detrás de la subcontratación de empleados, pues este representa un alto costo para los patrones que hace que busquen aminorar la carga con este modelo.
En la Ley y en la Constitución, se determina como porcentaje del pago del Reparto de utilidades (PTU), un 10 por ciento tomando como criterios sólo el salario y los días trabajados, sin que figure la productividad detalló el especialista durante su participación en el EF MEET POINT. Iniciativa outsourcing: ¿amenaza al empleo?
Esta prestación está vigente en México desde hace más de 60 años, pero en 1985 fue cuando se determinó el 10 por ciento como porcentaje en función del salario y del número de días que se estuvo en el empleo, lo que la hace hoy obsoleta.
El reparto de utilidades se hace en función de una utilidad fiscal determinada no conforme a un flujo, sino por ventas incluso a crédito y hay ingresos en los que no debería participar el trabajador porque no forma parte de su trabajo y se toman en cuenta, expuso Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), además de que no se diferencia si un trabajador fue más productivo que otro, ambos reciben lo mismo.
“El tema del PTU que es un tema de competitividad y esta es una gran oportunidad para analizarlo”, al señalar que se trata de uno de los factores de competitividad, el costo de hacer negocios en el país “y el tema del reparto de utilidades es un costo muy importante en esta reforma”, apuntó el representante del CCE.
A mayor regulación, mayores costos y la ley vigente no es mala, consideró Mónica Flores, presidenta de Manpower Group, al destacar que lo importante es hacer valer la ley.
“La ley vigente no es mala, sirve si se vigila que se cumpla. De nada va a servir una ley restrictiva si no se hace cumplir”, comentó.
El otorgamiento de incentivos aunque sean de manera temporal son necesarios para que el sector privado pueda aminorar el impacto del golpe de la crisis por la pandemia y de aprobarse esta iniciativa de reforma, esperarían que las autoridades federales los consideren dijo Mónica Flores, presidenta de Manpower Group.
“Hoy todas las organizaciones estamos pasándola mal, es el momento de dar incentivos para la productividad e inversión, no espantarla con sobrerregulación”, dijo.
Actualmente las prestaciones son parcialmente deducibles en un 47 al 53 por ciento y “esto es lamentable porque hay prestaciones como el aguinaldo que deberían ser deducibles al 100 por ciento y no lo son y serían de un gran aliento tener un estímulo”, apuntó Pablo Mendoza- Presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“No hay incentivos aunque sean temporales para poder enfrentar la crisis y eso trae como consecuencia una contracción en los flujos, mayores riesgos de no cumplimiento y todo esto conlleva a que de estas reflexiones haya necesidad de cumplir con una novedosa disposición”, señaló.
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