Francia vive este lunes un hecho inédito: un expresidente, Nicolas Sarkozy, en el banquillo de los acusados procesado por corrupción y tráfico de influencias, por lo que se enfrenta a una pena de hasta diez años de prisión si es declarado culpable.
Presidente entre 2007 y 2012, Sarkozy afronta además otros dos casos legales, con un juicio ya seguro que tendrá lugar el año próximo, lo que conforma una complicada situación judicial, aunque el expolítico conservador mantiene su inocencia e insiste en ser víctima de una amplia conspiración en su contra.
Sarkozy, de 65 años y retirado de la política desde 2016, comparecerá ante un juzgado penal por el presunto intento, junto con su abogado Thierry Herzog, de corromper a un magistrado que entonces era abogado general ante el Tribunal del Supremo, Gilbert Azibert. La acusación mantiene que Sarkozy y Herzog ofrecieron a Azibert conseguirle un puesto en el Consejo de Estado de Mónaco a cambio de ayuda en otra investigación judicial contra el expresidente.
Los tres son acusados de los mismos delitos de corrupción (activa o pasiva) y tráfico en influencias, y en el caso de Herzog se le suma violación de secreto profesional. Todos afrontan la misma petición de penas de la fiscalía: hasta diez años de cárcel y un millón de euros de sanción.
El caso se basa en unas conversaciones telefónicas entre Sarkozy y Herzog, en las que ambos supuestamente hablaban de cómo habían ofrecido a Azibert el puesto si ayudaba al político a conocer el estado de una investigación por la presunta recepción de fondos de la multimillonaria Liliane Bettencourt (del grupo cosmético L'Oreal) para la financiación irregular de su campaña presidencial de 2007.
A fin de investigar ese caso, Sarkozy fue puesto a finales de 2013 bajo escucha telefónica por los investigadores tras recibir la autorización judicial. Así se descubrió en 2014 que tenía otra línea telefónica, bajo el nombre supuesto de Paul Bismouth, desde la que mantuvo la posible conspiración con su abogado, que fue grabada por los investigadores.
"Le ayudaré, la haré ascender", dijo el expresidente en una de las conversaciones de las que se han divulgado algunos fragmentos. En Francia las comunicaciones entre cliente y abogado son secretas, pero hay una excepción cuando el letrado participa en la presunta comisión de un hecho criminal.
Finalmente, Sarkozy y Herzog no siguieron adelante con el plan. Las autoridades monegascas afirman que no fueron contactadas por el expresidente por este asunto y, para estos dos acusados, se trata de la prueba de que son inocentes.
La acusación mantiene que alguien dentro del aparato de la Justicia les avisó de las escuchas, por lo que dieron marcha atrás y trataron de disimular en las últimas conversaciones en esa línea secreta. Una investigación separada para tratar de hallar al presunto topo terminó sin resultados. En su documento de acusación, presentado en octubre de 2017, la Fiscalía Nacional Financiera consideró que los acusados actuaron como "delincuentes expertos".
La estrategia avanzada por la defensa se basará en afirmar que no hay pruebas de que realmente hiciera algo en favor de Azibert y en denunciar la violación del secreto de sus comunicaciones con su abogado.
El juicio comienza este lunes y está previsto que concluya el 10 de diciembre, pero las fechas podrían cambiar si prospera una demanda de aplazamiento de la defensa de Azibert, de 73 años, por motivos de salud. Además, este proceso, igual que otros importantes que se están celebrando en Francia actualmente, está sujeto a posibles incidencias inesperadas relacionadas con la pandemia de coronavirus.
Ver a un expresidente en el banquillo es algo totalmente nuevo en Francia. Cuando el fallecido Jacques Chirac (presidente entre 1995 y 2007) fue juzgado y condenado en 2011 por el caso de los empleos ficticios de la alcaldía de París, evitó comparecer ante el tribunal alegando su frágil estado de salud.
Este es solo el primero de los tres procedimientos judiciales a los que se enfrenta el antiguo político conservador, popularmente conocido como "Sarko".
En primer lugar, está muy avanzada la investigación en su contra por la presunta financiación del régimen libio de Muamar Gadafi de su campaña presidencial de 2007. En octubre fue imputado formalmente por asociación de malhechores.
Finalmente, entre marzo y abril del año próximo se sentará en el banquillo también por una presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012, en la que fue derrotado por el socialista François Hollande.
El expresidente mantiene su inocencia en todos los casos y afirma ser víctima de "un complot político" de los jueces de instrucción. Las acusaciones de Sarkozy han sido tan duras que esta semana varias asociaciones judiciales denunciaron ante el Consejo Nacional de la Magistratura "una presión inaceptable e intolerable" sobre los jueces.
Otro de los atractivos del juicio que comienza hoy será el letrado defensor de Sarkozy, Hervé Temime, conocido como "el abogado de los poderosos".Temime es famoso en Francia por haber representado a famosos y millonarios en distintos procesos, entre ellos del mundo del cine como Gérard Depardieu, Roman Polanksi, Nathalie Baye o Catherine Deneuve, empresarios millonarios como Jacques Servier o Alain Afflelou o el empresario y expresidente del club de fútbol Olympique de Marsella Bernard Tapie.
