Hemos entrado en una peligrosa espiral mediática y política que lleva a considerar la pandemia como una carrera entre comunidades autónomas.
Se está perdiendo la perspectiva de un análisis más riguroso y multifactorial que no solo examine los últimos datos del día en materia de incidencia, sino que mire tendencias a lo largo de varios días y semanas, que analice el comportamiento de las curvas epidémicas y que combine la totalidad de indicadores de un cuadro de mando más elaborado que incluya también la positividad a las pruebas diagnósticas, el número de pruebas realizadas por cien mil habitantes, el número de fallecidos, los indicadores de presión asistencial tanto en la atención primaria como en hospitalización general y UCI, las cifras de mortalidad excesivas que arroja el sistema MoMo y el crecimiento de las listas de espera para otras patologías, por el impacto asistencial que tiene el aluvión de casos de COVID-19.
Se sobrevaloran los limitados progresos en el descenso del número de casos por 100 mil habitantes cuando en la mayor parte del territorio español nos movemos aún en un escenario de altísima incidencia, de importante transmisión comunitaria, de elevada presión asistencial y de considerable mortalidad excesiva. Se olvida la gran capacidad que ha mostrado el virus para generar repuntes especialmente desde mediados de octubre.
Además, como era de esperar, en esta segunda ola la infección se ha cebado con aquellos territorios que tuvieron la menor penetración del virus en la primera ola de marzo a junio y arrojaron cifras de baja seroprevalencia de anticuerpos en el estudio realizado por el Instituto Carlos III.
Ciertamente con datos del viernes pasado, tanto los contagios como los ingresos hospitalarios están mostrando descensos en casi todas las comunidades autónomas. En algunos casos estos descensos están siendo rápidos. Por ejemplo, en Navarra los contagios han bajado un 66% en las últimas dos semanas. En Catalunya, Aragón, Murcia y Extremadura se han reducido a la mitad. En Madrid, al cabo de dos meses, los casos declarados se han reducido un 30% y, aunque hay dudas sobre la fiabilidad de sus cifras de incidencia, la tendencia es descendente.
No obstante, la situación sigue siendo muy preocupante. Primero, porque aplicando el baremo aprobado por el Consejo Interterritorial, el 92% de la población española vive en regiones de riesgo extremo, es decir, superando incluso los 500 casos por cien mil habitantes durante los últimos 14 días. De hecho, todavía hay dos comunidades (País Vasco y Castilla y León) por encima de 800 casos, y seis más por encima de 500.
En segundo lugar, porque si bien los ingresos hospitalarios han bajado en bastantes comunidades, la presión asistencial por pacientes con COVID-19 sigue siendo alta en la mayoría de ellas, y todavía hay tres (Valencia, Asturias y Cantabria) donde los ingresos continúan subiendo. Esta situación sigue presionando fuertemente a las UCI y ha producido importantes aumentos de las listas de espera de numerosas patologías que ya en junio habían aumentado sustancialmente respecto al año anterior (por ejemplo, dos meses y medio más para una prótesis de rodilla o un mes más para el remplazamiento de una válvula cardiaca).
En tercer lugar, porque la positividad a las pruebas diagnósticas, tanto PCR como pruebas rápidas de antígenos sigue siendo muy elevada. La media nacional es de 11,85%, más del doble del umbral que fija la OMS para considerar que la transmisión comunitaria está controlada. Hay once comunidades y ciudades autónomas que se sitúan por encima de la media nacional y en algunas de ellas la positividad alcanza el 17%, más de tres veces superior al umbral de 5% al que hemos hecho referencia.
En cuarto término, porque aún no se ha logrado incrementar suficientemente el número de pruebas diagnósticas bien dirigidas y adecuadamente focalizadas. La media nacional es de 2.350 por cien mil habitantes. Hay 11 comunidades y ciudades autónomas que están por debajo de la media nacional de realización de pruebas diagnósticas, solo dos comunidades autónomas hacen más de 4.000 pruebas por cien mil habitantes (Navarra y Asturias) y una comunidad más de 3000 (el País Vasco).
Y, en quinto lugar, porque la cifra diaria de fallecidos sigue siendo muy elevada: 1.341 durante la última semana. Una cifra que teniendo en cuenta la larga estancia media de los pacientes graves de COVID-19 en las UCI, por desgracia, es poco probable que descienda de forma muy marcada en las próximas semanas.
Por tanto, no podemos dejar de hacer un balance de lo acontecido durante los últimos tres meses y hacernos algunas preguntas sobre las facturas que nos está pasando esta segunda ola y sobre el peaje que podría haberse evitado si se hubiese actuado con mayor prontitud y contundencia, tanto en el nivel autonómico como por parte del Estado en su conjunto.
Es importante hacer un análisis comparativo para visualizar mejor esto que señalamos; por ejemplo, desde mediados de agosto, cuando se empezó a alertar de los riesgos derivados de una desescalada demasiado apresurada tras la primera ola y llamamos la atención a la naturaleza preocupante que estaban teniendo los repuntes, hasta el pasado viernes, 20 de noviembre, la incidencia acumulada de 14 días por cien mil habitantes se ha cuadruplicado: ha pasado de 109 a 419. Se han producido 53.726 hospitalizaciones y 3.385 personas han requerido ser ingresadas en la UCI manteniéndose aún ingresadas 3.085.
Si tomamos como referencia el pasado 23 de octubre (fecha de la declaración del vigente estado de alarma), la evolución de las cifras es también elocuente: la incidencia acumulada ha pasado de 361 a 419, el número de personas que necesitaron hospitalización ha sido de 15.587 y 1.023 requirieron ser asistidas en UCI. Más aún, durante este último mes el porcentaje de camas hospitalarias ocupadas por pacientes con COVID-19 pasó del 12,1% al 14,5% y el porcentaje de puestos de UCI ocupados por pacientes de COVID-19 pasó del 22,4% al 31,2%. En este último mes, han fallecido 7.867 personas y el promedio diario de fallecimientos se ha situado en 280.
Este es, por ahora, el balance.
Pese a todo ello, en muchos medios y no pocos discursos oficiales se está instalando un mensaje excesivamente triunfalista sobre la idea de que las medidas adoptadas están funcionando, que la curva de contagios y la presión hospitalaria están comenzado a bajar, y que la mortalidad no es tan alta como en la primera ola. En algunas comunidades este discurso se acompaña de anuncios contradictorios: por un lado, de cara al puente de la Constitución, se advierte de la necesidad de tomar medidas de restricción de la movilidad y, al mismo tiempo, se anuncia el levantamiento de algunas restricciones de las limitaciones de aforo de horario en bares, comercio y hostelería. Determinados sectores económicos y algunos responsables políticos insisten en tratar de "salvar" de algún modo la campaña de Navidad.
Al mismo tiempo, la lógica expectativa despertada por las últimas y alentadoras noticias sobre los resultados de diferentes ensayos para la producción de vacunas amenaza con eclipsar el debate sobre las medidas que siguen siendo necesarias para frenar los contagios, doblegar las curvas en cada comunidad, aliviar la presión asistencial y reducir la elevada cifra de fallecimientos.
A estas alturas, no cabe lamentarse por lo que se pudo haber hecho mejor desde el inicio de la segunda ola. Por ejemplo, haber acordado hace meses los indicadores y umbrales contenidos en el "semáforo" aprobado por el Consejo Interterritorial hace mes y medio para haber adoptado antes medidas más contundentes de restricción de la movilidad y de las actividades económicas no esenciales; o haber considerado incluso confinamientos domiciliarios en territorios de elevada incidencia o, al menos, donde sus responsables políticos lo han solicitado; o haber reforzado mucho más los dispositivos de rastreo y aislamiento efectivo de positivos asintomáticos y sus contactos, y la atención primaria de salud.
Probablemente, de haberse actuado de forma más contundente y mejor orientada hace dos o tres meses, una parte sustancial del exceso de mortalidad debido a esta segunda ola podría haberse evitado. Y, aunque la factura a pagar por haber elegido otra estrategia aún no está completa, ya se puede valorar una buena parte del impacto en salud, en presión asistencial y en fallecimientos con las cifras mencionadas más arriba, que en parte se podrán haber evitado. Esto es algo que la comisión de evaluación que se han comprometido a poner en marcha el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas deberá analizar en su día.
Lo más importante ahora es no bajar la guardia ni en las acciones sanitarias ni en las medidas restrictivas necesarias para abatir la incidencia por debajo de 25 por cien mil habitantes. Además, convendría no repetir los errores de la primera desescalada, por ejemplo, actuando de forma apresurada y poco coordinada en la relación de las medidas de restricción o sustituyendo sin más las pruebas PCR por pruebas rápidas de antígenos en los cribados poblacionales o en los viajes por avión, o relajando las políticas de protección a las residencias de mayores, o no acertando con los mensajes de cara a las celebraciones familiares de Navidad, o pensando que todo lo anterior importa poco porque pronto llegarán las vacunas y todo cambiará de golpe.
La incidencia promedio actual es aún muy preocupante y las incidencias en algunos territorios (incluso por encima de 800) requerirán mantener las medidas de restricción de la movilidad durante varias semanas para evitar una nueva recaída.
Lo peor que podríamos hacer es instalarnos en un clima de complacencia, pensando que "esto ya va mejor" y solo hay que esperar a que lleguen las vacunas. Las medidas que se tomen en las próximas semanas no solo son importantes para doblegar la curva con más rapidez, como lo han mostrado las acciones en los países que han optado por actuar con determinación. Tampoco para poder "celebrar las navidades" y salvar las campañas comerciales que le rodean. Son la mejor inversión para prevenir del riesgo de una tercera ola en medio de la temporada más fría del invierno, pasados los festejos de fin de año y las celebraciones de Reyes, que podría pasarnos una factura aún más dolorosa que la de esta segunda ola.
