Subsidios para empleadas del hogar, para profesionales del sector taurino, para los que no han cotizado lo suficiente, para mayores de 52 años, para los que tengas más de 45 años, para los que han agotado prestación, subsidios para artistas, para los que perdieron su empleo temporal con la pandemia... Durante años España ha tejido una maraña de ayudas públicas que es muy difícil de cuantificar con exactitud por su dispersión entre administraciones. A esta borrachera legislativa se han sumado ocho nuevos subsidios en menos de dos años.
El Estado paga una treintena de ayudas por paro, cada una de ellas dirigida a un colectivo concreto. Un ingente volumen de prestaciones que termina dejando fuera de la red de seguridad a personas que lo necesitan, muchas veces ahogadas en la propia burocracia. Casi 1,3 millones de desocupados no percibe apoyo económico del Estado pese a estar en desempleo, lo que contribuye a que España sea el quinto país europeo con más pobreza.
Este barullo de ayudas adolece además de los controles necesarios que permitan identificar duplicidades y garantizar que su reparto sea equitativo. Un descontrol que durante años llegó a provocar un «turismo de prestaciones», que supuso que algunos parados cambiaran incluso de ciudad para disfrutar de ayudas más elevadas.
Ningún gobierno se ha empeñado a fondo en desenredar esta madeja, pero Sánchez la ha liado más. El 8 de marzo de 2019 el Consejo de Ministros aprobó por decreto la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, una ayuda que ya existía con el Gobierno de Rajoy, aunque endureció los requisitos y amplió la edad a 55 años. Volver a las características iniciales fue una de las banderas del jefe del Ejecutivo cuando estaba en la oposición y una de las primera medidas sociales de impacto que adoptó al llegar a La Moncloa. Desde ese momento la política laboral que dirige la ministra Yolanda Díaz ha ido sumando un rosario de ayudas, tres de ellas aprobadas hace tan solo unas semanas y con posterioridad al ingreso mínimo vital, una renta impuesta por Podemos y desarrollada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que estaba llamada a aglutinar muchos de los subsidios que hoy siguen en vigor. Los trámites farragosos han complicado su gestión y reconocimiento, y ha tenido que ser modificada en varias ocasiones. «Es inaceptable que no esté llegando», llegó a decir el propio Iglesias.
Esta renta básica permanente, que fue definida como «una medida de justicia social y de eficiencia económica», nació el pasado mayo, en medio de un pulso entre el vicepresidente y el ministro Escrivá. Meses después, la guerra fría sigue abierta. Iglesias ha cargado contra los retrasos que se están produciendo en el cobro de esta prestación desde que comenzó a rodar y aseguró incluso que mediaría para ablandar los requisitos de acceso. La respuesta de Escrivá no tardó: «Sobre el ingreso mínimo, escuchen a mi ministerio».
La dispersión en la concesión de subsidios no ayuda. A la complejidad del sistema también se le suma la participación en la gestión, diseño, capacidad normativa y financiación de distintos niveles de la Administración. Por un lado, las prestaciones de la Administración General de Estado cuentan con la implicación de instituciones diferentes, como el SEPE, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). También lo hacen ayuntamientos y comunidades.
Los servicios públicos de empleo de cada región conceden una «ayuda familiar» de 430 euros al mes de la que disfrutan parados que carecen de rentas o reciben menos de 551,92 euros al mes, tienen responsabilidades familiares y han agotado la prestación por paro o bien no pueden cobrarla porque tienen cotizaciones superiores a tres meses, pero no llegan al año requerido. Los beneficiarios de los 430 euros lo perciben durante seis meses y pueden solicitar su renovación en dos ocasiones (18 meses en total).
En determinadas circunstancias, como cuando el parado tiene más de 45 años, esas prórrogas pueden llegar a sumar 30 meses (a estos subsidios se sumó la recuperación de la ayuda para mayores de 52 años). Paralelamente, cada comunidad, y muchos ayuntamientos, tienen sus propios salarios sociales. Y cada uno, con un nombre distinto y un importe diferente, que suele estar ligado al Iprem (537,84 euros al mes) y al número de miembros de la familia.
En la mayoría de los casos se exige estar empadronado en esa región un mínimo de un año antes de solicitar la ayuda. En Cataluña, por ejemplo, se denomina «renta mínima de inserción» y su importe mínimo es de 105,93 euros, pudiendo llegar a 645,30 según el número de miembros de la unidad familiar. En Madrid tiene la misma denominación y su cuantía mínima es de 400 euros.
Uno de los trabajos que da una idea sobre el caos de ayudas se publicó en 2018. El informe «el sistema de garantías de ingreso en España», dirigido por el catedrático Luis Ayala, de la Universidad Rey Juan Carlos, realizado con fondos europeos, identificó más de 20 prestaciones distintas en el SEPE. Subsidios a los que habría que sumar los regionales y locales.
El informe es una detallada radiografía de las numerosas, insuficientes y en muchas ocasiones descoordinadas prestaciones asistenciales (no contributivas) existentes en España; su limitada eficacia para sacar a las familias de la pobreza; la diferencia entre autonomías, el perfil de los perceptores y la relación entre estas ayudas y la incorporación al mercado laboral.
