Hasta el viernes, más de 19.000 artistas musicales de todo el mundo habían secundado este ataque frontal a Spotify: «Pagadnos, al menos, un céntimo por stream. Publicar todos los contratos a puerta cerrada. Acabar con la payola [en referencia al sistema de pago por aumentar difusión]. Acreditar todo el trabajo de las grabaciones. Y poner fin a las batallas legales destinadas a empobrecer aún más a los artistas». Entre los denunciantes de «Justice at Spotify» encontramos a Tyler the Creator, Cate Le Bon, Thurston Moore, bandas como No Age, Of Montreal, Deerhoof o los españoles Rufus T. Firefly y Nacho Vegas, entre muchos otros.
Y no están solos. Hace dos semanas, la Alianza de Mánagers de Músicos Europeos lanzaba otra salva de disparos contra la economía del streaming pidiendo cambios en la industria porque «muy poco de ese millón de dólares por hora llega a los que crean y tocan la música que amamos».
«Deberíamos plantearnos si los usuarios estamos pagando un precio justo por un acceso ilimitado a la música. El acceso libre a la cultura es una conquista social, pero no puede ser a costa de otra derrota social»
Hay que hacer complejo el debate, como dice el divulgador Music Radar Clan: «El modelo del streaming hasta ahora no ha sido capaz de demostrar una viabilidad económica a largo plazo, ni un modelo empresarial sostenible, ni un ejemplo de buena praxis interna». Y tuitea también: «Deberíamos plantearnos si los usuarios estamos pagando un precio justo por un acceso ilimitado a la música. El acceso libre a la cultura es una conquista social, pero no puede ser a costa de otra derrota social».
Catástrofe del directo
El litigio viene de muy lejos, recrudecido ahora con la pandemia y sus restricciones. La Asociación de Promotores Españoles calcula que se van a perder de marzo de 2020 a febrero de 2021 más de 1.200 millones de euros en el sector de la música en vivo. Y así, sin conciertos, o sea sin su fuente de ingresos fundamental, los músicos se acuerdan con más rabia si cabe de su sempiterna batalla contra la opaca industria del streaming (los Apple Music, Spotify o Tidal), en donde no saben cuánto pagan las plataformas por el click a sus canciones. Como nos decía en 2015 el batería de Los Punsetes, Chema González, «no tenemos datos suficientes para decir categóricamente que esto es una tomadura de pelo».
Tasmin Little
«En mayo, la violinista británica Tasmin Little tuiteó que había recibido 13,75 euros en seis meses por cinco millones de escuchas en Spotify»
Este oscurantismo ocurre por varias razones. La primera: la poca transparencia. También sabemos que la monetización es variable según el país de origen del click, el tipo de usuario (premium o free), el horario de escucha o las horas de reproducción acumulada por el artista. Con todo, la agencia Digital Surfers tradujo a euros que Spotify paga 0,0032 euros por stream (312 reproducciones para ganar 1 euro), Apple Music estaba en 0,0062 euros por stream (161 reproducciones, 1 euro) o Deezer en 0,0052 euros por stream (192 reproducciones, 1 euro). Además, hay que tener en cuenta que los artistas que pertenecen a sellos discográficos se llevan alrededor del 20% de estas cifras. Así, en mayo, la violinista británica Tasmin Little tuiteó que había recibido 13,75 euros en seis meses por cinco millones de escuchas en Spotify.
Investigación británica
Pero hay más movimiento, y serio. Hace un mes, el Parlamento británico acordó investigar el mercado del streaming, que supone más de la mitad de los ingresos de la industria musical mundial, para dirimir si los músicos reciben un pago justo o irrisorio de las plataformas. Julian Knight, el presidente del comité de DCMS (Digital, Culture, Media and Sport) señalaba también que el crecimiento de este mercado «no puede venir a expensas de artistas talentosos y menos conocidos». Allí los creadores reciben apenas el 13% de los ingresos del streaming de sus canciones. La investigación, que ha comenzado en noviembre, buscará pruebas con expertos de la industria, artistas, discográficas y las propias plataformas.
Diputados españoles
¿Y en España? ABC ha contactado con los grupos parlamentarios más importantes (VOX ha declinado participar) para conocer su visión. Desde el PP, su portavoz de Cultura, Sol Cruz-Guzmán, considera necesario que «el Gobierno agilice convenios transparentes y Europa tome cartas para asegurar que el talento español y europeo no termine de forma desproporcionada en arcas extracomunitarias». Y sugiere: «¿Podría ser este momento de reconstrucción el ideal para posicionarnos con una plataforma europea?». Desde la bancada popular opinan que «los músicos se han visto obligados a negociar desde una posición de debilidad, y el reparto de los beneficios que produce la explotación de las obras musicales vía streaming no es justo».
En Podemos coinciden: «Existe un desfase tremendo entre los beneficios de estas plataformas y las retribuciones a artistas». Su portavoz cultural, Mar García Puig, cuenta que hay dos iniciativas en el Congreso claves para regular el streaming: la transposición a la ley española de la Directiva Europea de Derechos de autor y «realizar los cambios legislativos para implementar las medidas acordadas en el Estatuto del Artista». Además, apuestan «por la creación de una plataforma pública de streaming que retribuya de forma justa, y no base su actividad en beneficios ni potencial comercial, sino con criterios que primen el acceso a la cultura como un derecho y, también, el derecho de los y las creadoras a una vida digna». También «se debería estudiar la posibilidad de gravar a las empresas tecnológicas, las grandes beneficiarias de las plataformas de streaming, con un tratamiento fiscal cuya recaudación compensase a los autores y músicos».
El portavoz de Cultura de Ciudadanos, Guillermo Díaz, dice que «estarán muy atentos a los resultados de la investigación del Reino Unido. Hay que recordar que en España aún estamos pendientes de la transposición de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. Analizaremos con detalle lo que ocurra y veremos si introducir modificaciones. Si es necesario, pediremos a la Comisión de Propiedad Intelectual una evaluación». En esta directiva audiovisual, el PP exige agilidad y transparencia al ministerio de Cultura y pide la comparecencia de plataformas y autores en el Congreso «para defender una norma que pueda proteger a nuestras empresas y artistas». En junio de 2021 acaba el plazo para la trasposición de esta directiva, y los populares denuncian que no se atisba el acuerdo entre las partes implicadas ni se conoce el borrador del ministerio.
Amenaza a la profesionalizació
Desde el PSOE, Marc Lamúa explica: «La Directiva Europea de Derechos de Autor, el artículo 17, lo que hacía era agrandar la cantidad de reparto y sigue pendiente a día de hoy un debate serio de cómo debe repartirse esa nueva situación». Y añade: «Actualmente, el 80% de los derechos de autor viene a través de radio y televisiones, y solo el 20% proviene de internet, hay más aspectos a explorar». Para los socialistas, esta directiva logrará el «triángulo de la transparencia» para radiografiar mejor «el proceso y cuáles son los repartos, y así se reconozca más el papel de los autores en la cadena de valor. Es un tema que en estos años que vienen tiene que ir hacia una resolución. Si no conseguimos que los creadores sigan siendo profesionales, caeremos en un proceso de amateurización de nuestro tejido y caminaremos hacia su pérdida. Es evidente que lo que no podemos hacer en estos modelos de distribución es que una parte esencial sobre la que se construye, que son los autores, queden ahogados».
