No habrá tregua política para la «ley Celaá». PP, Ciudadanos y Vox, presentes en las manifestaciones convocadas este domingo en toda España, batallarán en todos los frentes a su disposición. El primero, el judicial. Las tres formaciones acudirán al Tribunal Constitucional en cuanto el proyecto de ley esté aprobado definitivamente, ya que aún le queda pasar por el Senado y volver al Congreso. Pero el PP, además, recurrirá a su poder autonómico para «evitar los estragos que plantea la Lomloe», ha dicho el presidente del partido, Pablo Casado.
«Esta ley durará lo que tardemos en llegar al Gobierno. Derogaremos esta ley porque es mala para el futuro de nuestros hijos, es mala para la unidad nacional y pésima para la comunidad educativa», dijo Casado en la marcha de Madrid, a la que llegó conduciendo su propio coche y acompañado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
En aras de la libertad de los padres a elegir y por la defensa del español, el PP planea recurrir a todas las instancias judiciales necesarias y también a los organismos europeos. Además, en las regiones en las que gobierna (Andalucía, Murcia, Galicia, Madrid y Castilla y León), los populares legislarán para «evitar los estragos que plantea la Lomloe», confirmó Casado. De hecho, Ayuso anunció también que el PP de Madrid presentará en la Asamblea una ley para «blindar la libertad de elección de las familias» frente al «sinsentido» de la «ley Celaá», que «nace muerta y que es una contrarreforma».
«Madrid y España necesitan unidad y libertad y esta ley va justo en el sentido contrario. Por eso nosotros, desde la Comunidad de Madrid, vamos a seguir garantizando a todas las familias la posibilidad, la libertad de elegir el tipo de educación y en el centro que quieren para sus hijos», indicó la presidenta madrileña durante su participación en la manifestación.
Una ofensiva política que no ha gustado en el PSOE. La portavoz de Educación de los socialistas en el Congreso, Luz Martínez Seijo, afeó a Casado que «no se puede cuestionar» la aplicación de leyes orgánicas en las auonomías, y llegó a asegurar que el PP no puede «alentar al desacato» porque es «una irresponsabilidad absoluta». «Vuelva a la moderación», abandone «planteamientos ultras y extremistas», agitó la socialista en un comunicado remitido poco después de las declaraciones del «popular».
Debate sobre la libertad
Sin embargo, el PP no es el único partido que ha decidido plantar batalla. La división de la votación en el Congreso se plasmó en la calle. En representación de Ciudadanos, acudió a la protesta contra la norma educativa la vicealcaldesa de Madrid y miembro de la Ejecutiva Nacional de la formación naranja, Begoña Villacís, que destacó que el PSOE «no puede permitirse suplantar a los padres» en lo que concierne a la educación de sus hijos. «Esto es un debate sobre la libertad», dijo. La formación que lidera Inés Arrimadas ve en esta ley un atropello a la libertad de elección de los padres y critica que se haya hecho de espaldas a la comunidad educativa, sin escuchar a las familias y a las asociaciones de la concertada y la especial.
El último partido en sumarse a la ofensiva legal fue Vox, cuyo portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, anunció que su formación recurrirá la ley educativa ante el Tribunal Constitucional. «En España tenemos una gran materia prima, que son los españoles, que se merecen una educación de calidad y en libertad y no se merecen este ataque al español, a la educación concertada y a la educación especial», argumentó.
Sin embargo, el presidente del Gobierno Pedró Sánchez ve necesario eliminar el caracter vehicular del castellano en la educación, ya que «garantiza que en los territorios en los que se habla otra lengua, los estudiantes puedan aprender los dos», ha dicho esta tarde. En su comparecencia tras el G20, ha rechazado las críticas, ha sacado pecho del acuerdo alcanzado entre seis formaciones «y mayoría absoluta» y de hecho ha anunciado su intención de acometer una nueva reforma educativa en breve: una ley de Formación Profesional (FP), que consolide la FP dual.
