El sinceramiento de las muertes por el Covid-19 -que deben estar por las 120 mil personas- debe hacerse de inmediato, dejando atrás los datos de la Sala Situacional del Ministerio de Salud (Minsa) que persiste en la desinformación pese a las múltiples voces de expertos nacionales e internacionales que han demandado su rectificación.
Y no solo eso, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), consciente de ello, lo recomendó al Minsa y ofreció asesorar una comisión formada para tal fin, como lo señaló en entrevista con EXPRESO el representante en el Perú, Rubén Mayorga. Se lo preguntamos después y no tenía ninguna noticia al respecto.
Además, la propia ministra de ese entonces y ahora ratificada, Pilar Mazzetti, se comprometió a efectuar el sinceramiento y anunció que iba a ser paulatino, pero hasta ahora nada.
En un artículo de su autoría, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló : “Los principios de máxima divulgación y de presunción de información pública son fundamentales en el quehacer ordinario de todo Estado de derecho. Pero en situaciones de emergencia, como la que vivimos, son herramientas de extrema importancia para preservar los derechos fundamentales en la lucha contra el coronavirus”.
Y abundó: “El valor de la información es enorme no solo porque nos permite conocer la gravedad de la situación, de las medidas que se están adoptando y de las que se deberán tomar, sino además contribuye a legitimar las decisiones, que el gobierno adopta, haciéndolas más transparentes, participativas y eficientes. Y ataja todo intento de desinformación, porque contar con información confiable y actualizada sobre la pandemia es esencial para combatir la desinformación, eso otro virus llamado noticias falsas o fake news”.
Pero esa acción no sólo se refería, por cierto, a lo que pasa en Lima sino en todo el país. Así por ejemplo la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca advirtió que la falta de coordinación entre la Dirección Regional de Salud (Diresa) y el Ministerio de Salud (Minsa) viene retrasando la acción oportuna en los casos de Covid-19 en la región.
Según un reporte oficial de la Diresa Cajamarca (actualizado al 14.07.2020), en la región se tenía en ese momento determinado, un total de 6,994 casos confirmados y 220 pacientes fallecidos por Covid-19; sin embargo, de acuerdo al reporte de la “Sala Situacional Covid-19 Perú” del Minsa, la región Cajamarca tendría 3,750 casos positivos y 131 fallecidos, cifras muy diferentes. Es decir la propia dirección de salud de la región y el Minsa diferían en los datos (por cierto los del Minsa eran menores).
La voz del defensor estaba dirigida también a los medios que con los que ayudan a formar opinión pública. A ellos les dijo: “Sin embargo, esto no será posible sin un Estado que comunique de una manera clara, completa, oportuna y transparente. En este punto, la información que brinden las máximas autoridades del Estado en los termitos expuestos es vital; pero no basta. Es fundamental comprometer a todos los medios, y no me refiero solo al Consejo de la Prensa, que siendo importante no es suficiente. Me refiero también a los
medios digitales, a los medios de provincias, a las radios…”
La Defensoría también demandó en una nota de fines de abril que urgía urge garantizar acceso a información pública sobre el Covid-19 a través de portales de transparencia. Y ello a propósito de una supervisión que hizo y que encontró una serie de falencias.Entre estas, se hallaba que la mayoría de las entidades del sector salud, a nivel nacional y
regional, no publica información actualizada sobre la adquisición de bienes y servicios en el escenario de la emergencia sanitaria, enfatizando que EsSalud, Minsa, INS y SIS, no registraban información sobre contrataciones directas, órdenes de bienes y servicios, y procesos de selección, relacionadas al Covid-19.
Las conclusiones de la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo evidenciaban -según el informe- un claro incumplimiento de las obligaciones legales de publicar la información sobre lo que viene realizando el Estado para enfrentar la emergencia sanitaria.
Por ello, la Defensoría del Pueblo ha demandado que toda la información sobre planes y medidas adoptadas contra el coronavirus deben ser públicas y estar alojadas en los portales web de las entidades del Estado
Toca a la ciudadanía comprobar –¡siete meses después!- qué se ha hecho desde abril hasta hoy en las webs del sector Salud, para saber si su derecho a la información es ahora respetado como debería.
De otro lado y entre las urgencias de acciones a implementar en adelante, expertos de reconocida solvencia señalan tres acciones fundamentales: Evitar una segunda ola de contagios, organizar la vacunación si es que las vacunas llegan antes de agosto del próximo año y fortalecer el primer nivel de atención.
Al respecto, volvemos a la posición de defensa de derechos de la Defensoría, quien ha señalado que “el acceso a una vacuna segura y eficaz contra el Covid-19 constituye una prioridad nacional. Dada su importancia, es deber del Estado garantizar absoluta transparencia en la gestión de esta política, y suministrar de manera permanente y activa información pública a la ciudadanía sobre el alcance delos acuerdos anunciados, así como los términos en los que se llevarán a cabo. “Hasta ahora sólo ha habido anuncios generales y nada más.
Pero la Defensoría ha añadido: “Es fundamental que esta información se encuentre disponible en formatos accesibles a todas las personas. En tal sentido, el Poder Ejecutivo debe instalar una plataforma web especial para la publicación de todos los acuerdos, contratos, disposiciones legales, planes de acción, reportes, u otros datos, sobre las acciones realizadas por el Gobierno para implementar la vacunación”
Existen tres vías- señala la Defensoría- para asegurar la compra delas vacunas…Las acciones y negociaciones bilaterales iniciadas por el Gobierno en cada una de estas vías, así como el resultado de ello, deben ser constantemente comunicadas a la población, en términos sencillos, a través de la mencionada plataforma.
Pero lo más importante viene después: Así la Defensoría afirma que “Cabe señalar que, el proceso de inmunización contra el Covid-19 va más allá de la firma de acuerdos con entidades encargadas de producir o distribuir las vacunas.
Esta es apenas una de las fases de un amplio proceso que va desde la adquisición, conservación, distribución y aplicación nacional. Resulta indispensable, así, transparentar y realizar una continua rendición de cuentas sobre la situación en la que se encuentra el Estado peruano en cada una de estas etapas, a efectos de identificar los desafíos logísticos y operativos que podrían retrasar la entrega final de estos bienes”.
Hace unas semanas hubo campañas de vacunación contra la difteria y fueron un caos. Así lo reconoció el presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, Herminio Hernández, quien recomendó vacunar, no en campañas, sino todos los días y mejorar sustancialmente la comunicación con la población.
Además, el gobierno anterior rechazó la oferta del sector privado para la colaboración logística en diversos aspectos de lucha contra la pandemia. Sin embargo, la vacunación la necesita por lo gigantesca de la tarea y por la pobre experiencia estatal en estos temas de gran cobertura. Si se logra una coordinación efectiva con las empresas, las comunidades, los barrios, las representaciones de los pobladores, podemos vacunar bien y rápido que es lo que espera toda la ciuidadanía.
Hemos estado en cuarentena rígida y focalizada y podemos volverlo a estar si la segunda ola es fuerte. Pero, en todo caso, y tal como lo señalara el Defensor del Pueblo, la información nunca debió estar en cuarentena ni debe estarlo.
La Defensoría marca la ruta: “Una debida planificación debe evaluar, por ejemplo, la identificación previa de la población a la que se le aplicará, el número de lugares de aplicación, el número de horas que atenderá cada centro de vacunación, los lugares de almacenamiento, el personal con que se cuente, y otros aspectos que se deben anticipar”.
Así, subraya la posibilidad de una segunda ola que debe ser evitada: “El adelanto de fechas en las que se podría contar con la vacuna, sin precisarlos alcances de este proceso y cada una de sus etapas, así como los datos logísticos y demás recursos para su aplicación, no solo puede generar falsas expectativas en la población, sino que puede contribuir a que esta baje la guardia en el respeto irrestricto de las medidas de prevención y contención dela expansión del virus”.
Y advierte: “La falta de información sobre este proceso aumenta la posibilidad de que las noticias falsas, que generen miedo y zozobra en la población, deslegitimen la implementación de esta política y pongan en riesgo su efectividad.
Según una encuesta reciente, del 22 % de personas que no se aplicaría la vacuna, un 46 % desconfía de su eficacia y un40 % cree que puede traer otros males. Por ello, además de informar de manera activa sobre el proceso de compra, urge también emprender una campaña de comunicación que dé confianza a la población sobre la eficacia de la aplicación de las vacunas”.
Un tercer aspecto que señalan los especialistas y que es casi una consigna en el sector Salud, pero en lo que se ha avanzado muy poco, es fortalecer el primer nivel de atención, es decir, los centros de salud, las postas, para que se conviertan además de un servicio más a la mano de la población en un filtro indispensable para que lleguen a los hospitales los casos que deberían llegar y no todos o casi todos. Los países con servicios de salud eficientes y cercanos tienen un primer nivel de atención bueno o muy bueno. A eso debemos aspirar, con el mismo dinamismo con el que se han implementado los Centros Comunitarios de Salud Mental que se van convirtiendo en servicios útiles para la población necesitada.
Tener, por ejemplo, centros de salud con mediana cobertura para partos- como se hizo a finales de la década pasada- puede aliviar la atención en este aspecto y darles un mejor servicio a las mujeres, muy difícil si todos están concentrados en el coronavirus.
POR: JORGE ALANIA VERA
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