La reiteración de Estados Unidos sobre la corrupción del expresidente Arnoldo Alemán, a quien junto a su familia inmediata ha suspendido la visa estadounidense, ha desatado un debate interno en movimientos opositores que llaman al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) a “demostrar una ruptura clara con el pasado de algunas de sus dirigencias, y su institucionalidad interna”, afirma Violeta Granera, nueva coordinadora rotativa de la Coalición Nacional y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Este emplazamiento no tendría el fin de expulsar al PLC de la Coalición Nacional. “Nunca ha sido esa la intención”, aseguró Granera, en entrevista en el programa Esta Noche, que se transmite en línea por la censura televisiva impuesta por el régimen de Daniel Ortega. Según Granera, el problema radica en que la figura de Arnoldo Alemán tiene “un peso enorme para el PLC y puede ser un obstáculo para el fortalecimiento de la Coalición Nacional”.
A finales de los noventa, Alemán pactó con el entonces opositor Frente Sandinista y Daniel Ortega, para establecer una reforma electoral que permitió a este último volver a la presidencia y repartirse las instituciones y poderes del Estado, que hoy controla la mayoría orteguista.
Granera indicó que espera que en los próximos días tengan “un acuerdo concreto para anunciar”. Ese acuerdo, deriva de una moción enviada por la UNAB en la que solicitan a la Coalición Nacional revisar la forma de participación del PLC, reconociendo únicamente a “valiosos liderazgos liberales”.
El lunes nueve de noviembre, el secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la revocación de las visas para el expresidente Alemán, su esposa y diputada ante la Asamblea Nacional, María Fernanda Flores de Alemán, y tres de sus hijos, incluyendo a la controlora colegiada María Dolores Alemán. Pompeo reiteró los actos de corrupción cometidos durante la presidencia de Alemán, entre 1997 y 2002.
Además, el PLC enfrenta un litis interna por los sellos y la representación legal del partido. De acuerdo con Granera, los miembros del partido tienen “un trabón” que deberían resolver a la brevedad.
“Nosotros no hemos llegado a pensar en el extremo ni de expulsión ni de retiro. Lo que estamos forzando, demandando, decidiendo y discutiendo es que el PLC resuelva su problema interno de falta de institucionalidad”, aclaró la política.
No obstante, Granera reveló que, hasta el momento, no se ven muestras claras al respecto. “Ni Miguel Rosales, que es el delegado ante la Coalición en este momento, ha dado muestra dentro de la Coalición Nacional de buscar una solución a ese problema”.
Agregó que la resolución de estos dilemas pueden solidificar la ansiada unidad de los opositores. De igual forma, “es la única forma en la que el PLC puede obtener legitimidad y peso”.
“Eso es lo que estamos buscando y por eso nos parece clave resolver los problemas, los escollos que se van presentando, para tener una fuerza unida que pueda ganarse la confianza de la población”, reiteró.
Esa confianza se convierte en un tema clave para los opositores, pues de acuerdo a una encuesta de Diálogo Interamericano presentada en julio de 2020, siete de cada diez nicaragüenses afirmaron no simpatizar con ningún partido político.
Ante el panorama de unas reformas electorales “cosméticas” ordenadas por Daniel Ortega, la oposición mantiene las propuestas del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), firmado y consensuado por varios movimientos. El plan incluye la prohibición a la reelección, el restablecimiento del 50% más uno para ganar, la segunda vuelta, entre otros aspectos.
No obstante, una publicación de CONFIDENCIAL reveló que los planes del régimen son otros. Según fuentes vinculadas al partido de Gobierno, Ortega ordenó a sus operadores políticos en la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia la creación de un grupo de trabajo conformado por magistrados y diputados para diseñar un proyecto de reformas a la Ley Electoral. Los cambios serían de “orden técnico”, tales como el padrón electoral, el papel de los fiscales y la composición de las Juntas Receptoras de Votos. Un panorama que preocupa a los sectores que temen la participación de partidos colaboracionistas en la discusión de esta reforma.
“Tenemos un compromiso con la Coalición Nacional de que ningún partido político que está en la coalición va a hacer negociaciones bilaterales con Ortega”, dijo la líder opositora. “No vamos a permitir que vengan los pactos del pasado”.
Granera anunció que están preparando un “calendario democrático”, de cara a mayo de 2021, plazo establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA) para la creación de reformas al sistema electoral nicaragüense.
“Lo que Ortega debe entender es que si en mayo no hay reformas que garanticen el proceso electoral, ese proceso y sus resultados no serán aceptados por la comunidad internacional”, mencionó Granera.
Violeta Granera lamentó en su ocasión la salida de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de la Coalición Nacional. Algunos movimientos opositores la han leído como una ruptura. Ante esto, Granera aseguró que en los territorios existe la demanda de una unidad amplia.
“No están aceptando que sigamos en conflictos que son de carácter mezquino, que tienen que ver con afanes hegemónicos, personalistas, que pueden ser legítimos en otro momento, pero en este no tienen peso frente al afán nacional de salir de la dictadura”, aseveró.
Asimismo, afirmó que la UNAB continúa trabajando en dichos territorios e hizo un llamado a cambiar “esa actitud de prepotencia que muchas veces tenemos los liderazgos nacionales”.
La unidad, según Violeta Granera, es clave para llegar a un proceso electoral. Otra de las “estrategias” que remarca es la presión internacional. “En eso en eso la coalición nacional está trabajando intensamente”.
Para esto, asegura que se han abierto comunicaciones con el equipo del demócrata Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos. Los opositores valoran que el “acompañamiento” estadounidense hacia una salida democrática a la crisis “es una decisión bipartidista”, consensuada tanto por republicanos como demócratas.
