El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra el director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, por la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de ayudas al fomento del valenciano a las productoras del hermano del presidente Ximo Puig.
Al alto cargo de Compromís -que gobierna en coalición con el PSPV y Unidas Podemos en la Comunidad Valenciana- se le acusa de un presunto delito de falsedad en documento público.
La apertura de juicio oral ha sido solicitada por la acusación particular, que representa la portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas, Eva Ortiz. El juzgado considera que «no resulta aplicable el supuesto de sobreseimiento alegado por el Ministerio Fiscal».
El magistrado ha solicitado que se dé traslado de la causa a la FIscalía para que formule el escrito de conclusiones en el plazo de tres días, si no renuncia a ello. Asimismo, ha señalado como órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa el Juzgado de lo Penal que corresponda.
La Conselleria de Educación otorgó subvenciones a Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions -ambas vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat- en 2015 y 2016, por valor de 56.825 y 23.234 euros.
Trenzano afirmó en abril de 2018, en un escrito oficial -así lo califica el juez- dirigido a los populares, que se había hecho el control correspondiente a las subvenciones concedidas a dichas mercantiles y no había evidencias de irregularidades. Pero realmente estas actuaciones se llevaron a cabo con posterioridad, motivo por el que acabará sentado en el banquillo.
En el auto, juzgado apuntaba que, aunque «la falta a la verdad en la narración de los hechos es cuestión que deberá debatirse y dilucidarse en juicio», «resulta asimismo acreditado que Trenzano sostiene que no se detectan irregularidades tras la realización de las actuaciones de control exigidas por la legalidad».
«Pero esto no pudo ser así cuando el plan de control de las subvenciones se aprobó con posterioridad, el 16/7/2018 -dos meses después de firmarse el escrito- y es lógicamente después de esta fecha cuando se inician las actuaciones de comprobación y control. Se contiene no una exposición de opiniones o inferencias de la autoridad firmante, sino una narración de hechos como ciertos, cuando en realidad no parecen serlo», señaló la Audiencia de Valencia.
