Los indicadores de pobreza energética mejoraron en 2019 con respecto a 2018, situándose en valores similares o inferiores a los de 2016, tras el repunte observado en 2017, según los datos del Informe de Actualización de Indicadores 2020 de pobreza energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En un comunicado, el gabinete dirigido por Teresa Ribera destacó que los datos del informe, en el año pre-Covid-19, muestran el avance que se está produciendo en la lucha contra este problema y "reflejan el efecto de las medidas de acción establecidas por la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 (ENPE), que se empezaron a implantar en 2018.
Así, destaca el descenso de los valores de temperatura inadecuada en la vivienda en invierno y de retraso en el pago de facturas de suministros de la vivienda. También disminuye el indicador de gasto desproporcionado y el de pobreza escondida en hogares.
A pesar de esta mejora generalizada de los datos, si se realiza una comparación de los cuatro indicadores, se puede concluir que los problemas que afectan a una mayor parte de la población siguen siendo el gasto energético desproporcionado y la pobreza energética escondida.
Así, un 16,7% de los hogares poseían un gasto energético desproporcionado -es decir, un gasto energético sobre los ingresos superior al doble de la mediana nacional-, una cifra ligeramente inferior al 16,9% del año anterior.
Además, el 10,6% de los domicilios estaban afectados por la pobreza energética escondida, lo que implica un gasto energético absoluto inferior a la mitad de la mediana nacional. Este valor ha disminuido 0,4 puntos porcentuales con respecto a 2018.
Por su parte, el 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, cifra que mejora un punto porcentual y medio con respecto a 2018, y un 6,6% tuvo retrasos en el pago de facturas de suministros de la vivienda, un valor que refleja el mayor descenso de los últimos años: 0,6 puntos porcentuales.
Tanto el gasto desproporcionado como el porcentaje de hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada en invierno reflejan el nivel de eficiencia energética de los hogares, mientras que la pobreza energética escondida y el porcentaje de hogares con retraso en el pago de facturas están directamente relacionados con la necesidad de una medida prestacional a corto plazo que garantice el suministro eléctrico.
Además, el informe refleja que estos indicadores obtienen valores más altos en hogares con personas desempleadas, con rentas bajas -del primer quintil-, en pisos con alquiler de renta antigua y en hogares sin calefacción.
El Gobierno se comprometió a la actualización periódica de los indicadores de pobreza energética con objeto de mejorar el conocimiento sobre este problema, profundizar en la realidad social de nuestro país y mejorar su abordaje mediante el diseño de medidas eficaces que ayuden a combatirla.
En este sentido, Ribera señaló que el Gobierno ha querido poner a las personas y, en concreto, a las más vulnerables, "en el centro del Marco Estratégico de Energía y Clima". "Por eso, desde el primer día trabajamos en el diseño de mecanismos que nos permitan fortalecer la respuesta, no solamente coyuntural, sino de fondo, a problemas tan importantes como este", dijo.
Así, el Gobierno ha dispuesto de herramientas para mitigar este problema, como el Bono Social Eléctrico, para el que el pasado 29 de septiembre se incluyó un nuevo supuesto (ofreciendo descuentos en el recibo para determinados colectivos) en el marco de las medidas de ampliación del escudo social frente al impacto del Covid-19, y el Bono Social Térmico.
"En el contexto de esta crisis, tenemos que trabajar mucho más y mejor en el marco de la ENPE. Por eso ya hemos activado los mecanismos para facilitar el reconocimiento anticipado de la condición de vulnerabilidad energética para que estas personas puedan beneficiarse de todo lo que estrategia prevé, desde prohibiciones de cortes de suministro hasta reducciones en la factura, con plazos de preaviso para el consumidor que no llega a la categoría de vulnerabilidad extrema", añadió Ribera.
