LIMA, noviembre 11.— Como expresión de un sistema político que «no da más» retrataron analistas peruanos la continuación y extensión de las protestas que siguen al nombramiento del conservador Manuel Merino, la víspera, como presidente, luego de la declaración de incapacidad moral del Congreso que depuso a Martín Vizcarra.
El hecho de que el país pasara a ser dirigido por la tercera figura en el escalafón político del país y sin consultar a los peruanos fue la chispa que encendió la mecha, pero observadores como el abogado, sociólogo, analista internacional y profesor de la Universidad de San Marcos, Héctor Béjar, opinan que «se trata de una crisis terminal del sistema político peruano, muy apartado del Perú social. Nuestro quinto presidente destituido, procesado o suicidado, expresa la crisis de un sistema que no da más», dijo en declaraciones difundidas por Telesur.
Las protestas se iniciaron la víspera luego de la «vacancia» dictada en el Congreso contra Vizcarra —acto que algunos manifestantes calificaron como «golpe de Estado»—, y prosiguen después de la asunción de Merino, quien hasta ese momento encabezaba el Senado.
Según PL, las manifestaciones se mantuvieron en la madrugada y crecían y se extendían este miércoles a lo largo del país, a pesar de que han sido reprimidas con violencia por los agentes policiales, que dispararon perdigones de goma y lanzaron gases lacrimógenos para controlar a los manifestantes, admitió el jefe de la Policía de Lima, general Jorge Cayas, quien sostuvo que no hay lesionados.
Los cientos de agentes enviados a reprimir a los indignados, jóvenes en su mayoría, también atacaron a periodistas que informaban sobre las protestas y hubo infiltrados para robar equipos de los reporteros, denunciaron los gremios de la prensa, según la agencia.
Al final de la jornada del martes, el saldo era de 27 detenidos en comisarías y retenidos en la unidad de seguridad política, lo que evidencia la magnitud de los incidentes, consideró el despacho.
Por otra parte, el expresidente Vizcarra confirmó que el jueves próximo será interrogado por el fiscal Anticorrupción Germán Juárez sobre las acusaciones de empresarios que afirman que le pagaron sobornos por contratos de obras públicas en la sureña región de Moquegua, años atrás, cuando el exmandatario era gobernador allí.
«Me he comprometido a dar todo el apoyo a las investigaciones que se están realizando», aseguró Vizcarra, quien ha proclamado su inocencia.
Según PL, un promedio de más de 80 por ciento de ciudadanos se pronunciaron en dos encuestas contra la vacancia y se inclinaron por investigar y eventualmente juzgar a Vizcarra tras el fin de su mandato.
Observadores internacionales achacan los acontecimientos en el Congreso a una alianza de sus bancadas para el ajuste de cuentas contra Vizcarra, quien cerró el legislativo en dos ocasiones y había emprendido diversos procesos contra la corrupción que «las camarillas corruptas», como las calificó el diario español El País, no iban a aceptar «sin ofrecer pelea».
