Durante este otoño se tramitará en el Congreso de los Diputados una ley de suma importancia, que marcará como pocas el futuro de nuestro país: la de Cambio Climático y Transición Energética. Esta ley deberá concretar las bases para que España, el país más vulnerable de Europa ante el cambio climático, cumpla los compromisos del Acuerdo de París, y con ello asegure un futuro viable a quienes hoy están naciendo. También diseñará la arquitectura general de lo que será la mayor transformación del modelo productivo español en décadas. Parece que esta vez, con el viento de cola de unos fondos europeos bien invertidos, sí está a nuestro alcance ese gran giro modernizador, siempre prometido y nunca cumplido, que deje atrás la senda económica agotada que nació del Plan de Estabilización de 1959. Los efectos de la crisis de la COVID-19 exponen lo que ya es un secreto a voces: si España tiene futuro, será como superpotencia renovable, no como superpotencia turística.
Pero el articulado del Anteproyecto de Ley presenta un punto ciego preocupante. Que no es más que el reflejo de un déficit en el debate ciudadano al respecto: los minerales críticos de los que dependen todas las tecnologías modernas, y especialmente la Green Technology. Una turbina eólica, un panel fotovoltaico o una batería eléctrica, pero también un teléfono móvil o un ordenador, son objetos altamente intensivos en muchas materias primas llamadas críticas como el litio, el cobalto, el indio, el teluro o las tierras raras. Todos ellos materiales escasos, en vías de rápido agotamiento, susceptibles de alimentar conflictos armados por su control, que se explotan generando fuertes daños ambientales y por tanto resistencias legítimas, y cuya distribución geológica se ha concentrado en muy pocos países, algunos sociopolíticamente inestables. De hecho, la economía descarbonizada y digital del siglo XXI será tan dependiente de estos grandes productores de minerales como la economía fosilista el siglo XX lo fue de la OPEP.
Estadistas y ciudadanía informada deberían tener este asunto entre sus preocupaciones prioritarias. Especialmente porque en las economías modernas el reciclaje de los minerales de las que estas dependen es todavía marginal. Las plantas existentes en España apenas recuperan las materias primas de la segunda revolución industrial: aluminio, cobre, hierro, vidrio o plomo. Las razones por las que los nuevos minerales críticos quedan fuera de la economía circular son técnicas, políticas económicas y sociales. Técnicamente, el diseño de los aparatos modernos carece de estándares que faciliten desensamblarlos y recuperar los recursos dispersos en ellos en cantidades apreciables. Políticamente, no existe una legislación que favorezca el reciclaje de calidad. Económicamente, las plantas de recuperación de estos materiales son tan costosas que exigen fortísimas inversiones solo al alcance de un sector público decidido o de consorcios público-privados. A nivel global China es el principal receptor global de chatarra electrónica. Y en Europa solo un país, Bélgica, cuenta con una empresa capaz de reciclar los minerales que sustentan la sociedad descarbonizada y digital. Socialmente, mientras prime un patrón de producción basado en la obsolescencia programada, y un patrón de consumo de usar y tirar, los esfuerzos por reciclar minerales se verán superados por el incremento artificial de la demanda.
Tres son las líneas de acción que, como sociedad, deberíamos explorar para salvar este cuello de botella que amenaza con ahogar el futuro de la transición ecológica. Estas deberían ser centrales en las futuras políticas tanto de transición energética como de economía circular, entendiendo que ambos conceptos van de la mano.
En primer lugar, un marco legislativo y regulatorio mucho más estricto y coherente con los principios técnicos de la economía circular, que imponga estándares de diseño y fabricación pensados para el reciclaje de minerales críticos pero que a su vez elimine las trabas administrativas y barreras legales para que los residuos puedan convertirse en materias primas.
En segundo lugar, y aprovechando los fondos europeos poscovid, impulsar desde el sector público la I+D+i en economía circular y, en alianza con inversores privados, al menos una planta metalúrgica española de recuperación de minerales críticos, con canales sólidos de recolección, como apuesta estratégica para generar empleo transformando nuestro modelo productivo y nuestro esquema de inserción económica internacional.
Finalmente, el reto más complejo, pero el más importante, es saber dar a luz durante las próximas décadas a una economía menos compulsiva y expansiva, que priorice usos compartidos y explore políticas de control de demanda. El economista Kenneth Boulding nos planteó un dilema hace más de sesenta años: nuestro sistema productivo debería dejar de comportarse como un cowboy, que conquista sin fin un horizonte virgen, y parecerse cada vez más al modus operandi de un astronauta, reciclando y reaprovechando con sumo cuidado todos los recursos de la nave espacial Tierra. En este punto, el consenso científico es creciente: la idea visionaria con la que especuló Stuart Mill en el siglo XIX al pensar una economía de estado estacionario, con prosperidad pero sin crecimiento, es ya el desafío sociopolítico más urgente del siglo XXI. Solo bajo estas nuevas premisas podremos impulsar una transición que reparta con justicia el espacio ecológico global.
He aquí uno de los debates centrales del próximo medio siglo: el de los límites ecológicos absolutos que marcan las reservas minerales de La Tierra. Cuanto antes lo enfrentemos como sociedad, mejor preparados estaremos para sortear la crisis climática y llevar la transición ecológica a buen puerto.
