Cada reforma educativa ha llegado acompañada de una nueva polémica sobre el papel de las diferentes lenguas que se hablan en España. La llamada Ley Celaá, el proyecto con el que el Gobierno pretende modificar la normativa heredada del PP, no ha sido menos. En esta ocasión, la guerra se ha abierto a cuenta de una enmienda pactada por los partidos del Ejecutivo junto a ERC que hace que el castellano deje de figurar como lengua vehicular y que enmarca esta cuestión en los estatutos de las comunidades, con lo que se blinda la inmersión lingüística en Catalunya. PSOE y Unidas Podemos quitan hierro a la enmienda pues recuerdan que deja el redactado como siempre estuvo antes de la ley Wert. Pero este argumento no convence a PP y Ciudadanos, que han recrudecido la guerra contra el Gobierno volviendo a lanzar una nueva ofensiva sobre las lenguas cooficiales.
El PP anunció el martes su intención de recoger firmas contra la ley y, si acaba aprobándose, de llevarla ante el Tribunal Constitucional. Para la formación que lidera la oposición el problema de esta reforma educativa no acaba en la lengua sino que tiene que ver también con la libertad de elección de los centros, que según el PP no está garantizada, y que endurece los requisitos de la escuela concertada. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, que fue quien anunció la recogida de firmas, también fue muy crítico con la forma en la que el Gobierno ha planteado esta ley orgánica. "¿Cómo es posible que el Gobierno haya sido capaz de tramitar sin consenso una Ley educativa tan importante que va a condicionar la formación de las futuras generaciones?", se preguntó, durante una jornada del PP sobre Educación.
En términos igual de duros se ha expresado Ciudadanos, que ha exigido al Gobierno que retire la enmienda sobre la vehicularidad del castellano si desea negociar los presupuestos con ellos. Para Inés Arrimadas el redactado de la ley es una "concesión al separatismo", por lo que pidió a Pedro Sánchez que eligiera entre "la vía moderada o la de hacer feliz a Oriol Junqueras". El partido ya había pedido la dimisión de Celaá la semana pasada, cuando se aprobó la polémica enmienda, y también ha expresado su intención de recurrirla ante el TC si sale adelante.
Por su parte, la ministra ha tratado de acercar posiciones con Ciudadanos, a quienes ha pedido "una lectura reposada" del texto que preparan. "Esta enmienda transaccional es absolutamente respetuosa con la Constitución, con los estatutos de autonomía y, sobre todo, es una enmienda que acierta a poner el centro de gravedad en el desarrollo competencial de los alumnos en las competencias lingüísticas", indicó Celaá este miércoles en una entrevista en SER Catalunya. Desde el Gobierno aseguran que los recelos a la inmersión lingüística expresados por PP o Ciudadanos tiene que ver con "razones políticas" y no con criterios "educativos o pedagógicos".
En las distintas comunidades que tienen lenguas cooficiales, el PP ha llevado a cabo ofensivas políticas para que el castellano gane peso o se permita a las familias escolarizar a sus hijos en esta lengua. En la Comunitat Valenciana, desde que perdió el gobierno, los populares han acusado al actual tripartito de poner en peligro el castellano con sus planes de trilingüismo. En Galicia, Feijoó ha hecho retroceder el gallego en las aulas. En Baleares, el gobierno de José Ramón Bauzá (2011-2015) trató de implantar sin éxito un plan trilingüe en detrimento del catalán como lengua de uso mayoritario. Y en Catalunya, escenario de las mayores tensiones políticas y lingüísticas, tanto el PP como Ciudadanos llevan más de diez años tratando de acabar con el modelo de escuela en catalán.
El modelo catalán de inmersión lingüística ha sido quizás el principal objetivo a batir por parte del PP, primero, y de Ciudadanos, después, en cuanto a políticas lingüísticas de las comunidades autónomas. La batalla contra el catalán como única lengua vehicular de las enseñanzas obligatorias ha tenido muchos episodios, pero destacan dos por encima de todos, la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut, por un lado, y la aprobación de la 'ley Wert', por otro.
El modelo de inmersión, con el catalán como lengua de uso normal en los colegios, contó desde el inicio con un amplio consenso parlamentario. Durante los años 90, el PP, liderado por Alejo Vidal-Quadras, ya empezó a cargar contra esta política, pero resultó determinante la irrupción parlamentaria de Ciudadanos, en 2006, con una apuesta destacada por un modelo bilingüe de escuela y por tachar la inmersión de "discriminatoria y nociva" en su primer programa electoral.
Más adelante, la sentencia del TC contra el Estatut en 2010, tras una campaña de recogida de firmas del PP, dejó claro que el catalán no podía ser la única lengua vehicular, es decir, que no podía excluir de facto el castellano. Eso dio alas no solo a las familias que pedían enseñanza bilingüe –a las que los jueces empezaron a dar la razón–, sino también al PP cuando llegó al Gobierno. La LOMCE recogió por primera vez que el castellano debía ser lengua vehicular y que, si alguna familia no encontraba ningún centro que lo garantizase, la Administración estaba obligada a pagarle un colegio privado que sí cumpliese con esa disposición.
La etapa de José Ignacio Wert en el Ministerio de Educación, durante el primer mandato de Mariano Rajoy, fue la de mayor beligerancia contra la inmersión. También contra los contenidos curriculares que se imparten en Catalunya y que el ministro consideraba que adoctrinan a los jóvenes. "Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes", llegó a proclamar el ministro Wert en sede parlamentaria.
Los partidarios de la escuela en catalán, por su parte, siempre han defendido que el modelo permite que los alumnos acaben la ESO dominando ambas lenguas, y en cualquier caso han argumentado que el debate debe ser pedagógico, no judicial. En este sentido, partidos como el PSC o ERC, ambos defensores del modelo desde sus inicios, han abierto la puerta recientemente a flexibilizarlo para que los centros puedan dar más clases en castellano –o en inglés– si consideran que sus alumnos tienen que mejorar en estos idiomas.
En Baleares, la derecha ha arremetido en los últimos años contra el uso del catalán en la escuela y en la sanidad. La polémica educativa saltó en la presidencia de José Ramón Bauzá (PP), quien intentó implantar un modelo trilingüe en el curso escolar 2013-2014. El sistema actual estipula que al menos el 50% de las clases no universitarias tienen que ser en catalán, aunque, en la práctica, los proyectos lingüísticos de los centros educativos superan con creces este mínimo establecido por ley.
Bauzá, que ahora es eurodiputado por Ciudadanos, se encontró con el rechazo de la sociedad –90.000 ciudadanos salieron a la calle, la mayor movilización en la historia de las islas–, de los docentes –que llevaron a cabo una huelga indefinida– y, finalmente, de la Justicia –el TSJ balear derogó el proyecto en 2014 porque el Govern no pidió un informe obligatorio a la Universitat de les Illes Balears y porque se incumplió la Ley de Buen Gobierno–.
Tras la salida de Bauzá, el PP ha restado protagonismo a la polémica lingüística. Vox presentó en 2019 una propuesta contra la inmersión y PP y Ciudadanos se abstuvieron, aunque ambos partidos siguen defendiendo la educación bilingüe, por lo que la medida no salió adelante tras contar con los únicos votos a favor los tres diputados de Vox. Jorge Campos, líder de la ultraderecha en las islas, defendió su moción asegurando que la inmersión lingüística es "una herramienta de odio a todo lo español".
Las críticas de la derecha han estado recientemente centradas en la exigencia del catalán para trabajar en la sanidad pública balear. Vox, PP, Cs y movimientos anti-catalanistas, como Mos Movem, se han mostrado contrarios al requisito del catalán –también lo hicieron sindicatos médicos–. Este sector de la sociedad balear es el conocido como "gonellisme", negacionistas de la unidad de la lengua catalana y defensores del "idioma" balear, un idioma que no existe puesto que la lengua propia del archipiélago es el catalán.
La derecha valenciana, Partido Popular y Ciudadanos, ha cargado desde la llegada a la Generalitat de la izquierda –PSPV y Compromís en el primer mandato del pacto del Botànic a quienes se les ha sumado en la actual legislatura Unides Podem– contra la política lingüística del Consell. La lengua siempre ha sido una de las armas arrojadizas utilizadas por la derecha valenciana, que desde 2015 la ha empleado contra el Ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra, primero cargando contra el decreto de plurilingüismo impulsado por el conseller Vicent Marzà (que fue retirado) y después contra la ley que propugna un modelo de educación trilingüe –castellano, valenciano e inglés–, acusando a la izquierda de intentar poner en marcha un modelo de inmersión lingüística en los centros educativos valencianos.
Pero PP y Ciudadanos no solo han centrado en la educación sus ataques a las medidas del Consell en materia lingüística. Han cargado contra el intento del Botànic de incluir el requisito lingüístico para la función pública o contra la práctica de la Administración valenciana de dirigirse a los Ejecutivos catalán y balear en valenciano. Al respecto, primero el TSJ valenciano y después el Supremo estimaron el recurso interpuesto por dos diputados del PP sentenciando que la Generalitat Valenciana debía dirigirse a los gobiernos catalán y balear en castellano, a pesar de que las tres autonomías compartan lengua oficial.
A principios de 2020, el PP de Vitoria –capital en la que ha gobernado con Alfonso Alonso y Javier Maroto– lanzó la campaña #libertadlingüística con un vídeo en el que una veinteañera llamada Lorea no se enteraba de un corte de agua en casa porque el aviso en su portal estaba redactado únicamente en euskara. Otras veces han llegado a preguntar si se prefería un cirujano que supiera euskara o que fuera bueno en su especialidad.
Los 'populares' plantean de manera recurrente medidas en esta materia. Recientemente, han elevado al Parlamento Vasco una iniciativa para poner fin a las exigencias "discriminatorias" en el acceso a la función pública. No obstante, se da la circunstancia de que los tres principales dirigentes actuales del PP vasco, Carlos Iturgaiz, Laura Garrido y Mikel Lezama, emplean la lengua vasca, algo que nunca antes se había producido. Ciudadanos y Vox, con una mínima y recién estrenada presencia institucional en el Parlamento, también han mostrado mensajes en la misma línea de defensa del castellano.
En Euskadi gobiernan en coalición PNV y PSE-EE. Años atrás, también los socialistas entraron de lleno al debate lingüístico en una comunidad autónoma en el que hay tres modelos educativos (A en castellano, D en euskara y B bilingüe), pero en el que priman las fórmulas con más horas en euskara salvo en enseñanzas técnicas y superiores.
En la campaña de 2016, Idoia Mendia, también bilingüe, se presentó a lehendakari con unos polémicos vídeos. En él, un joven era expulsado del autobús y hasta de un bar de pintxos por no conocer el idioma. El PSE-EE quería denunciar los impedimentos a los no vascoparlantes en la Administración. El asesor Andoni Unzalu plasmó ese ideario en un libro en el que denunciaba ese veto en lo público para el 70% de la ciudadanía: el euskera –dijo– eran las "concertinas" de Euskadi.
El primer gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que tomó posesión en 2009, fue también el primero en la historia de la autonomía de Galicia que hizo retroceder por ley el gallego en la escuela. Sucedió justo después de que el Partido Popular usase el idioma propio y cooficial de Galicia –según definición del Estatuto– como arma arrojadiza contra la coalición de Partido Socialista y BNG que había dirigido la Xunta entre 2005 y aquel año. Entonces, Feijóo se arrimó a una asociación contraria al gallego, de paradójico nombre Galicia Bilingüe, y, con ayuda de medios amigos, convirtió en motivo de su campaña la lucha contra "la imposición del gallego".
La tal imposición eran en realidad las consecuencias legislativas del Plan de Normalización Lingüística aprobado en el Parlamento gallego en 2004. El PP de Fraga Iribarne, el PSdeG y el Bloque lo habían confeccionado por unanimidad y de él se derivaba el refuerzo educativo del idioma en inferioridad de condiciones, el gallego. Pero Feijóo lo rechazó. Entró así como un elefante en la cacharrería de los consensos con los que, más o menos, se había tejido la política lingüística en Galicia. Retiró horas lectivas de gallego, prohibió impartir en esa lengua matemáticas, física y química y estableció un fantasmal trilingüismo –gallego, castellano e inglés a partes iguales– imposible de verificar en la práctica.
Su política chocó con todas las instituciones culturales y con la oposición de socialistas y nacionalistas. Incluso acabó interviniendo la justicia para, tras un recurso presentado por la Real Academia Galega, tumbar una de las promesas estrella del Feijóo arrimado a las tesis de Galicia Bilingüe: la consulta a los padres para elegir el idioma vehicular en las aulas. Las multitudinarias manifestaciones en contra de lo que se intepretó como ataques al gallego todavía se suceden cada 17 de Maio –Día das Letras Galegas–, pero el PP no ha rectificado. Ni siquiera cuando el Consejo de Europa carga contra la Xunta por "limitar la docencia en gallego", como hizo por última vez el pasado diciembre, o cuando los presupuestos anuales han reducido muy sensiblemente las partidas destinadas a proteger y potenciar el gallego. Mientras, los estudios reiteran una y otra vez la pérdida de hablantes.
La realidad de las políticas de Feijóo choca así frontalmente con su autoproclamado galleguismo. Se vio de nuevo este domingo, cuando usó las redes sociales para difundir la especie de que el Gobierno central "se ha dedicado a intentar eliminar por ley el castellano como lengua vehicular". Algo que dista de ser verdad, al contrario de lo que él sí hizo con el gallego: reducir su presencia en las aulas y los presupuestos para protegerlo y potenciarlo.
En Navarra, según la ley Foral del Euskara de 1986 existen tres zonas lingüísticas, de las que en solo una el euskara es lengua cooficial, la zona vascófona, que incluye los municipios del norte y noroeste de la comunidad, los más cercanos con Euskadi. En las otras dos zonas, de mayoría castellanoparlante, el castellano es la única lengua oficial, aunque en la zona mixta, que incluye a Pamplona y otros municipios de alrededor, el euskara disfruta de un régimen especial para que se fomente y promueva su uso.
Por otra parte, en la zona no vascófona, todo el sur de la comunidad foral, "se reconoce a los ciudadanos el derecho a dirigirse en euskara a las Administraciones Públicas de Navarra", según recoge la ley. En la anterior legislatura, el Gobierno del cuatripartito Uxue Barkos –Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra– aprobó un decreto foral del euskera en el que, entre otros puntos se recogía que el euskara sería valorado como mérito en los puestos de trabajo de la administración pública sin importar la zona lingüística. El texto fue muy criticado por UPN, que lo tildó de "discriminatorio para todos los navarros que no saben euskara" y llevado al Tribunal Superior de Justicia de Navarra por varios sindicatos.
El TSJN anuló varios de los artículos del decreto declarando que es ilegal que sea obligatorio considerar el euskara como mérito sin justificar su necesidad en una plaza, aunque en función de la zona lingüística y de las tareas a realizar, sí se podría considerar como mérito. El Gobierno de Navarra, ahora en manos de María Chivite, del PSN, tiene que corregir esos artículos y volver a aprobar la norma, algo en lo que se lleva trabajando más de un año por las discrepancias que han surgido dentro del propio Ejecutivo, en el que el principal socio de los socialistas es Geroa Bai. UPN, integrado ahora en la coalición Navarra Suma con PP y Ciudadanos, ha criticado a la presidenta Chivite en varias ocasiones por "haber cedido ante el nacionalismo vasco" y no corregir los artículos que fueron tumbados por la Justicia.
Esta información ha sido elaborada con la colaboración de Miguel Giménez (València), Angy Galvín (Baleares), Iker Rioja (Euskadi), Daniel Salgado (Galicia) y Rodrigo Saiz (Navarra).
