El Gobierno da por hecho que tendrá los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos, aunque por ahora solo EH Bildu ha anunciado que dará el 'sí' a las cuentas de 2021, cuyo primer trámite parlamentario comenzó este miércoles. El Gobierno logrará pasar el debate de totalidad y arrancará entonces la negociación real, la de las enmiendas parciales. Unas conversaciones que fijarán definitivamente los apoyos que logra el Ejecutivo: únicamente los aliados de la investidura, como quiere Unidas Podemos, o sumar también a Ciudadanos, como pretende el PSOE. Pese al respaldo de Bildu, la predisposición negociadora de ERC y el contenido del proyecto defendido desde la tribuna por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los de Inés Arrimadas insisten: "Estaremos sentados hasta el final". Aunque advierten de que con Bildu y ERC "la incompatibilidad es manifiesta y totalmente inviable".
"Quiero avanzar que EH Bildu observa una receptividad importante a las propuestas que estamos haciendo y consideramos de forma sólida la posibilidad de mantener una posición proactiva y favorable a que se aprueben" los Presupuestos Generales, aseguraba el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, poco después de las nueve de la mañana en una entrevista en Radio Euskadi. Repreguntado por el periodista, insistía: "No digo que esté cerrado el acuerdo. Pero hemos avanzado lo suficiente para entender que, a día de hoy, EH Bildu está en disposición a votar favorablemente".
El día elegido por Otegi no es cualquiera. El debate de totalidad que se celebra hasta este jueves en el Congreso será, a diferencia de lo ocurrido en 2019, —cuando el fracaso precipitó la repetición electoral—, poco más que un trámite para el Gobierno. Montero y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se reunieron la semana pasada con la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara y pudieron constatar que el Ejecutivo de coalición tiene asegurados los votos para pasar este primer trámite.
Más allá del duro cara a cara que se produjo entre Pablo Casado y la ministra de Hacienda, que lo acusó de haber hecho en la moción de censura de Vox un discurso "efectista" pero "falto de sinceridad" puesto que, a su juicio, no ha modificado en nada la actitud del PP, la mayoría de la Cámara está pensando en el inminente debate de enmiendas, previsto para la primera semana de diciembre. La idea de Pedro Sánchez es que las Cortes den por aprobado el proyecto antes de final de año y evitar así una prórroga —por breve que sea— de los Presupuestos de Cristóbal Montoro.
El movimiento de Otegi dificulta, además, la participación de Ciudadanos en el redactado final de la ley. Los de Inés Arrimadas han señalado en múltiples ocasiones su rechazo a pactar unos Presupuestos que cuenten con la presencia de EH Bildu y de ERC. También lo dijeron de Unidas Podemos en un principio, pero los de Pablo Iglesias se plantaron y amenazaron con ser ellos los que no apoyaran las cuentas de su propio Ejecutivo, lo que haría insostenible la gobernabilidad.
Con todo, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, insistió el miércoles en que su partido negociará "hasta el final". "Estaremos sentados hasta el final para negociar unos Presupuestos buenos. No nos vamos a levantar justo cuando empieza la negociación", señaló. Ciudadanos no ha presentado enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos, algo que sí han hecho PP, Vox, Junts, CUP, BNG, Foro y CC y ha anunciado que este jueves votará en contra de las siete enmiendas presentadas "para que las cuentas públicas puedan seguir tramitándose y poder iniciar la negociación", según Bal.
En el partido han puesto varias líneas rojas para condicionar su 'sí' al texto definitivo que salga tras el debate de las enmiendas, pero todas ellas las han ido matizando e incluso olvidando. Y en Ciudadanos se ha generado un creciente malestar interno por lo que algunos consideran demasiadas concesiones al Ejecutivo de Sánchez e Iglesias. Arrimadas ha elevado el listón y ha exigido a Sánchez que retire la enmienda a la reforma de la ley educativa por la que se suprime el principio de que el castellano debe de ser la lengua vehicular en las escuelas de Catalunya. Un precepto que introdujo el PP en la LOMCE y que ahora se revierte a la situación previa tras un acuerdo del PSOE, Unidas Podemos y ERC.
Ciudadanos, que ha hecho bandera de la defensa del castellano en Catalunya, ha anunciado que recurrirá la ley al Constitucional si sale aprobada. Pero tampoco eso va a impedir que mantengan la estrategia de dialogar con el PSOE. "Hemos dado nuestra palabra", esgrimen desde la dirección, y aseguran que Ciudadanos es un partido "serio y responsable que hace política útil".
La cúpula del partido no oculta que no quiere que luego se les reproche que se negaron a sentarse con el Gobierno, como ocurrió entre las elecciones de abril de 2019 y la definitiva repetición de noviembre. El grupo más próximo a Arrimadas admite que Albert Rivera se equivocó cuando dio plantón a Sánchez por dos veces. La líder del partido ha dejado claro que no van a dar "excusas" a Sánchez para que luego diga que no quisieron negociar. "Ciudadanos sigue teniendo la mano tendida al Gobierno. Que luego no diga que no tuvo más remedio que entregarse a los brazos de Bildu. Aquí tiene su alternativa", repitió este miércoles Bal.
Uno y otro insisten en que "la pelota está en el tejado de Sánchez", que es el que tiene que decidir entre unos Presupuestos "moderados" con sus propuestas, u otros "ideológicos" con las de Unidas Podemos, Bildu y ERC, la "mayoría Frankenstein" que dicen los de Arrimadas. Con todo, Bal terminó su comparecencia ante los medios con una frase taxativa: "Unos Presupuestos en los que puedan estar Ciudadanos por una parte, y ERC y Bildu por otra, es imposible. La incompatibilidad es manifiesta y totalmente inviable".
De momento, las negociaciones con ambos avanzan bien, a tenor de las declaraciones realizadas en las últimas jornadas. La semana pasada se celebró una ronda pública de contactos con grupos parlamentarios como colofón a una serie de reuniones discretas que se habían celebrado en las semanas anteriores con los grupos de la investidura.
El Gobierno optó en un principio por ignorar las nuevas exigencias de Arrimadas y circunscribir la negociación exclusivamente a las enmiendas parciales que planteen los grupos parlamentarios. Sin embargo, en las filas socialistas sí aprecian un cierto distanciamiento respecto a la posición inicial, aunque confían en poder atraerlos en la negociación y ponerles complicado el no. La número dos del PSOE, Adriana Lastra, acusó a Arrimadas de buscar "excusas" para rechazar las cuentas públicas —una posición que atribuyó a las discrepancias internas en Ciudadanos—.
El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se pronunció en la misma línea y afeó a Ciudadanos que impusiera "condicionamientos extraños". "A Ciudadanos esto le ocurre en una situación de redefinición política después del fracaso del proyecto anterior. Hay pocas razones que lleven al sector que compartía la estrategia anterior para argumentar ningún éxito", expresó en Antena 3. "Ciudadanos ha caído en la trampa del PP", apuntan fuentes gubernamentales, que atribuyen las nuevas condiciones de Ciudadanos a la pugna en la derecha y, en concreto, a la contratación por parte del PP del despacho de abogados de Albert Rivera.
La parte socialista del Gobierno no pretende modificar ni sus alianzas ni la posición ya pactada con ERC respecto a la ley educativa. También tratan de normalizar el entendimiento parlamentario con Bildu. "Nosotros siempre hemos hecho la misma propuesta. Es una situación única y hace falta que todo el mundo ayude. Todo el mundo tendría que participar en este presupuesto", señalan desde el Ejecutivo.
Sin embargo, dentro del partido aún causa estupor la negociación con la izquierda abertzale, aunque el ruido no tiene nada que ver con el anterior mandato de Sánchez al frente del PSOE. En esta ocasión, el rechazo lo ha dejado claro el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que no suele ir en contra de las directrices de Ferraz. Fernández Vara puso este miércoles letra a una queja que es compartida por otros barones, como el aragonés, Javier Lambán —que también ha cuestionado la política de alianzas y ha mostrado su preferencia por Ciudadanos—, o el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
No obstante, la parte socialista del Gobierno tampoco visibiliza con entusiasmo esa normalización de las relaciones con EH Bildu, como sí hace sin problemas Unidas Podemos. A las palabras de Otegi siguió una rápida reacción del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias: "Llevamos mucho tiempo trabajando para que el Gobierno mantenga una dirección de izquierdas. Eso implica trabajar con los grupos de izquierdas. Seguiremos trabajando con discreción para sacar los Presupuestos y que en los próximos años el país avance en dirección más democrática y mejor", escribió en su cuenta de Twitter. Iglesias ha sido el principal ariete dentro del Ejecutivo, aunque no el único, contra la presencia de Ciudadanos en el acuerdo presupuestario final.
Preguntado por si cree que el paso de Bildu aleja a Ciudadanos, el líder de Unidas Podemos zanjó: "Llevamos diciendo meses que era inviable el apoyo de Ciudadanos a unos Presupuestos de un Gobierno de coalición de izquierdas. La obligación del Gobierno es apostar por los socios de la investidura. La realidad confirma que es difícil llegar a acuerdos de esta envergadura con una fuerza que gobierna gracias a Vox". El vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad, Irene Montero, saludaron en el Hemiciclo a la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, en una foto sin precedentes que sigue a otra que se produjo la semana pasada también de carácter histórico: representantes del partido vasco y del PSOE sentados en una mesa negociando los Presupuestos.