Después de unas semanas convulsas a nivel interno en Ciudadanos (Cs), anteayer se recibieron con cierto alivio las condiciones que puso sobre la mesa Inés Arrimadas a cambio de respaldar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y esa sensación se corroboró ayer, cuando la dirección del partido respondió con firmeza al movimiento de Pablo Iglesias y de Arnaldo Otegui.
El Comité Permanente de Cs mantiene su voluntad de pactar las cuentas con Pedro Sánchez, pero ayer le dejó claro que no compartirá proyecto ni con ERC ni con EH Bildu. Le trasladan a él la presión de elegir socios. Las cuatro condiciones que puso Arrimadas son irrenunciables para su ejecutiva, donde creen que dos de ellas, si son aceptadas, provocarán la salida del separatismo.
Una, que el Gobierno rectifique y recoja en la «ley Celaá»
el carácter vehicular del castellano en Cataluña. Y otra, y más importante, que el Ejecutivo se comprometa por escrito a que no habrá un referéndum de secesión en ninguna región española. El movimiento de Arrimadas era obligado, sostiene una fuente, tras la repercusión mediática del asunto del castellano y el malestar interno en Cs.
«Ya era hora»
«Ya era hora», apunta a ABC un miembro del sector crítico, que no entendía cómo la dirección no reaccionó ya la semana pasada. «Si Bildu apoya, no podemos estar; si ERC apoya, no podemos estar», agrega un diputado autonómico, que avisa de que Sánchez ya ha elegido compañeros: «Es Sánchez».
La dirección, por ahora, se aferra a la mesa hasta el final. Si ayer Otegui decía que respaldará las cuentas «si las cosas no se tuercen», Cs intentará, precisamente, «torcerlas» hacia el centro.
