La segunda oleada del coronavirus en España amenaza de nuevo con descontrolarse. El Gobierno y las comunidades habían acordado una serie de medidas a poner en marcha en función de la evolución de la pandemia, pero la grave situación en el conjunto del país ha obligado a buena parte del territorio a situarse directamente en el último escenario, el de riesgo extremo, que requiere la adopción de medidas drásticas de limitación de la movilidad. A su vuelta del Vaticano, donde este sábado se reunió con el Papa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este domingo a las 10 horas con el objetivo de decretar el estado de alarma, la figura jurídica que dará cobertura legal para adoptar las “medidas excepcionales” y las restricciones de movilidad que han reclamado distintas autonomías en las últimas horas. Las comunidades seguirán siendo las autoridades competentes y presidentes autonómicos dan por hecho que se les ofrecerán distintas herramientas a las que acogerse.
“La situación es grave”, avisó Pedro Sánchez el viernes durante una declaración institucional en Moncloa en la que advirtió de que quedan por delante “meses muy duros”. El presidente subrayó que hay que evitar a toda costa un confinamiento domiciliario como el de esta primavera para dañar lo menos posible la economía, pero reconoció que en las normas adoptadas en el Consejo Interterritorial de Salud del jueves se contemplan medidas que requieren de la herramienta constitucional del estado de alarma para limitar los movimientos.
Las palabras de Sánchez se produjeron en el final de una semana en la que había sobrevolado la posibilidad de imponer ‘toques de queda’ con el objetivo de frenar el ocio nocturno en la línea de lo que han hecho otros países europeos. Varias comunidades lo plantearon en la reunión sectorial de Sanidad del jueves, pero se aplazó la decisión a la espera de encontrar el marco jurídico necesario para ponerlo en marcha. No obstante, gobiernos como el valenciano de Ximo Puig o el de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco decidieron adelantarse.
Sánchez dejó claro en su comparecencia que las medidas para frenar la expansión del coronavirus corresponden a los gobiernos regionales a partir del plan de respuesta consensuado entre Gobierno y autonomías: “La decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad antes de su implantación”. “Estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas que sean necesarias”, subrayó el presidente.
A partir de ahí se produjo una cascada de solicitudes de estado de alarma en diferentes comunidades autónomas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, fue el primero en hacerlo tras la comparecencia de Sánchez y sumándose así al presidente de Melilla, que había pedido por carta la noche anterior el decreto del estado de alarma en la ciudad autónoma para poder limitar el “ocio nocturno”.
Urkullu planteó que se activara esa herramienta en toda España pero con la delegación del mando en los presidentes autonómicos. A él se fueron sumando presidentes socialistas como el asturiano Adrián Barbón; el extremeño Guillermo Fernández Vara; la riojana Concha Andreu; la navarra María Chivite; el valenciano Ximo Puig y el castellano-manchego Emiliano García-Page, que llevaba toda la semana reclamándolo para poder poner en marcha una serie de medidas uniformes en todo el país, entre ellas el toque de queda. Todos ellos del PSOE. No lo pidió expresamente el aragonés Javier Lambán, aunque manifestó que “aceptará incondicionalmente” esa decisión. Tampoco Canarias lo ve oportuno dada su situación: allí el Gobierno ha habilitado un corredor turístico que permita la llegada de visitantes extranjeros, dada la baja incidencia del virus.
También el gobierno de coalición cántabro presidido por Miguel Ángel Revilla y Catalunya refrendaron la necesidad de acudir a esta medida excepcional. “El Govern de la Generalitat solicitará la declaración del estado de alarma en Catalunya, pues todo indica que la situación nos obligará a tomar medidas restrictivas de la movilidad en los próximos días", expresó el presidente en funciones, Pere Aragonès, tras una reunión extraordinaria del Ejecutivo catalán. Baleares no se planteaba inicialmente solicitarlo, pero en ha estado en comunicación con el Ejecutivo en las últimas horas y ha pedido que se incluya al archipiélago para disponer de amparo a la hora de establecer "restricciones excepcionales adicionales para frenar la propagación de la COVID-19".
La mayoría de presidentes autonómicos plantearon que el estado de alarma se adoptara para toda España para que los gobiernos regionales tengan el paraguas legal que permita aplicar restricciones sin necesidad de que sean ratificadas por la justicia. La decisión llega después de que varios tribunales las hayan tumbado en distintos territorios, como Extremadura o Euskadi, entre otras. Moncloa lleva desde el viernes trabajando contra reloj para tener listo el decreto que se aprobará en el Consejo de Ministros extraordinario de este domingo.
El Gobierno ha trasladado a algunos gobiernos autonómicos que serán las autoridades delegadas para la aplicación de las medidas que queden bajo el amparo jurídico del estado de alarma, según las fuentes consultadas por elDiario.es. Presidentes regionales consultados por elDiario.es dan por hecho que se les ofrecerán distintas herramientas a las que acogerse. "Nos da instrumentos como comunidades que nos pueden ayudar. El toque de queda entiendo que entra fijo; puedes elegir horario", señala una de las fuentes autonómicas. El mecanismo es muy distinto, por tanto, al de marzo, cuando fue Sánchez el que asumió el mando único y sigue la línea de lo que han demando los ejecutivos regionales, especialmente Catalunya y Euskadi. También el nivel de restricciones es menor para este momento de la pandemia respecto al cierre total de primavera, que es lo que se quiere evitar.
Con la petición de Urkullu y la Generalitat, Sánchez se asegura contar con los apoyos necesarios para que la prórroga del estado de alarma salga adelante en el Congreso dentro de quince días. Ciudadanos, además, había puesto a su disposición sus 10 escaños el viernes por la mañana para avalar como ya hizo antes del verano las medidas de excepción. No obstante, la estrategia del Gobierno, que quiere evitar por todos los medios una nueva guerra con las comunidades -especialmente con la de Madrid-, pasaba por que fueran las autonomías quienes pidieran auxilio para corresponsabilizar al resto de administraciones y eludir críticas como las de la pasada primavera: llegada la recta final, muchas autonomías se quejaron de la imposición del estado de alarma por parte del Ejecutivo se Sánchez. El Ejecutivo ha apelado directamente al PP, pero los de Pablo Casado insisten en cambiar la normativa en materia sanitaria y poner en práctica las medidas necesarias sin que sea necesario recurrir a la alarma. Algunos constitucionalistas discrepan de que se pueda limitar la movilidad con normas distintas al estado de alarma, excepción y sitio.
Las autonomías con presidentes del PP se resisten de momento a solicitar la declaración del estado de alarma, aunque algunos no lo ven con malos ojos. El vicepresidente andaluz, Juan Marín (Ciudadanos), que gobierna en coalición con el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, instó a Sánchez a decretar el estado de alarma si lo considera la “solución” para que las comunidades puedan ostentar sus competencias “al amparo de ese marco legal”. El presidente murciano Fernando López Miras no lo ha rechazado de plano, pero lo que ha pedido es que no haya 17 propuestas distintas. Él mismo ha puesto en marcha ya los mecanismos para aplicar un toque de queda en la región.
Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha planteado que si se declara el estado de alarma para establecer el toque de queda se respete el horario que ella ha establecido para la hostelería -cierre desde medianoche hasta las 6 de la mañana- y que se incluya la prórroga de una hora que ha dado esta semana a bares y restaurantes. Ese es el horario establecido, por ejemplo, por la Comunidad Valenciana mientras que otras autonomías, como La Rioja o Castilla y León han optado por adelantarlo a las 21 horas y las 22, respectivamente.
