La segunda ola de la pandemia golpea cada vez más fuerte, mientras la parálisis legislativa mantiene con el freno de mano echado la tramitación de un total de 16 proyectos de ley, que en teoría deberían haberse aprobado de forma urgente para hacer frente a los efectos esta crisis sanitaria. Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de Sánchez ha aprobado 25 decretos-leyes, de los que el Congreso decidió que 17 se tramitaran con celeridad como proyectos para que los grupos pudieran negociar enmiendas y hacerlos más efectivos. Pero en siete meses solo se ha aprobado uno de esos proyectos de ley. El resto «duerme» dentro de alguna carpeta a la espera de que el Gobierno quiera darle un impulso.
El decreto-ley es una disposición legislativa prevista en la Constitución para casos de «extraordinaria y urgente necesidad» que permite al Gobierno tomar decisiones de forma provisional, hasta que el Congreso lo convalida o lo deroga. El Parlamento ha convalidado los 25 decretos que envió el Consejo de Ministros, pero al mismo tiempo tiene la facultad de iniciar una tramitación para introducir los cambios que considere oportunos. Y es ahí donde se está produciendo el bloqueo del Ejecutivo, al que no parece interesarle que el Congreso modifique ni una coma de los decretos que él ha redactado.
El bloqueo suele producirse de dos maneras: mediante sucesivas prórrogas del plazo para presentar enmiendas, lo que puede eternizar la tramitación de la ley, o bien mediante una ralentización del trabajo a su paso por la Comisión. Si encima se opta por no declarar hábiles los meses de verano, el frenazo es aún más brusco.
El bloqueo más llamativo se está produciendo con la ley de «nueva normalidad», o ley «antipandemias». El decreto-ley se convalidó el 25 de junio, con el apoyo del Partido Popular, quien acordó con el PSOE que se tramitara como proyecto de ley para mejorar las medidas con las que debía hacerse frente a los posibles rebrotes de la pandemia. Cuatro meses después, el proyecto sigue «dormido», a la espera de que la mayoría que sustenta al Gobierno quiera activarlo.
Pero no es el único caso. El 10 de junio, el Pleno convalidó el decreto-ley sobre el ingreso mínimo vital, aprobado por el Gobierno el 29 de mayo, por una amplia mayoría, que incluyó también al Partido Popular. De nuevo, se puso como condición que se tramitara de forma urgente como proyecto de ley, para poder negociar alguna modificación que mejorara el texto. Pues hasta hoy. Casi cinco meses después sigue abierto el plazo de enmiendas, por las sucesivas prórrogas que la oposición atribuye al Ejecutivo. Pero lo más llamativo es que, mientras la ley quedaba bloqueada, el Gobierno modificó por la puerta de atrás el ingreso mínimo vital a finales de septiembre en otro decreto-ley, relativo al teletrabajo, sin contar para nada con los grupos parlamentarios.
El primer decreto-ley de la «era Covid», por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del coronavirus, se aprobó por el Gobierno el 12 de marzo y se convalidó por el Congreso el 25 de ese mes. La mayoría rechazó en este caso que se pudieran introducir enmiendas. Ese fue el primero de los 25 decretos-ley presentados.
Economía y empleo
Entre los 16 que debían negociarse como proyectos de ley, y se quedaron congelados en el Congreso, se incluye, por ejemplo, el decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus. Es del 17 de marzo. Más de siete meses después, el proyecto de ley sigue en fase de enmiendas. En la misma situación se encuentra el decreto-ley de 21 de abril de medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo. A estas alturas, su tramitación como ley sigue en fase de enmiendas. El único proyecto de ley, derivado de un decreto del Gobierno, que ha sido aprobado ya en el Congreso es el que contiene medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid en el ámbito de la Justicia. Se convalidó en mayo como decreto, y en septiembre quedó cerrado con enmiendas incluidas.
El bloqueo del Gobierno no quedó ahí. El 22 de julio, la Comisión de Reconstrucción aprobó el dictamen de Sanidad y Salud Pública, con unas 70 resoluciones para hacer frente a posibles rebrotes de la pandemia, y hacer más eficaz la respuesta ante la crisis.
La Comisión, en saco roto
En el dictamen se instaba al Gobierno a tomar medidas, algunas de ellas urgentes, pero la oposición critica que no se ha hecho «nada». Por ejemplo, se urgía a actualizar la legislación sanitaria, adaptándola a las propuestas de la Comisión, y también a elaborar un calendario de reformas, priorizando aquellas con un impacto más directo frente al virus, sobre todo en dos ámbitos: en la preparación para afrontar un posible rebrote de la pandemia y en la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios.
Mientras tanto, el PP ha exigido al Gobierno una modificación de la ley orgánica de 1986 de medidas especiales de Salud Pública, para dotar a las comunidades autónomas de instrumentos para hacer frente a la pandemia sin necesidad de recurrir al estado de alarma. Ante la falta de respuesta del Ejecutivo, los populares registraron su propia Proposición durante el verano, y una vez informada por el Gobierno la llevarán al primer Pleno en que tengan cupo disponible. La oposición sostiene que esa es la reforma clave que tenía que haber impulsado el Ejecutivo.
Este bloqueo en el Congreso de los Diputados tiene una segunda derivada: la de aquellos proyectos que ni siquiera han llegado a desarrollarse. La reforma legal anunciada en primavera para hacer frente a los rebrotes con una legislación más clara, evitando tener que recurrir al mecanismo excepcional del estado de alarma, se quedó tan solo en un anuncio. La renuncia a esa prometida reforma obligó a volver a recurrir al estado de alarma hace 15 días para garantizar las medidas en la Comunidad de Madrid. Y volverá a decretarse en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para este domingo a las 10 de la mañana.
Medidas excepcionales
Este mecanismo facultará a las Comunidades Autónomas para tomar medidas excepcionales. La previsión es que el decreto establezca un marco normativo pero que se delegue el mando único en los presidentes regionales. Así, el Gobierno se apartará de la gestión para doblegar esta segunda ola. El proceso de convivencia con el virus ha fracasado. El presidente Sánchez lleva meses amparando la gestión de esta etapa en la «cogobernanza», pero sin reformas legislativas que diera garantías a las autonomías. Los gobiernos regionales gozarán ahora de un soporte jurídico para adoptar medidas con garantías. Hasta ahora han tenido que ir adoptando sus decisiones a partir de una interpretación expansiva de la ley orgánica de 1986 de medidas especiales de Salud Pública, como han hecho en las últimas horas Castilla y León y la Región de Murcia. Esta norma habilita a «adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos (...) así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible». Una referencia demasiado genérica y que algunos tribunales superiores han rechazado cuando se ha utilizado para limitar derechos fundamentales. Era la norma que el PP lleva queriendo renovar meses. En el Gobierno creen que cualquier modificación precisaría de una reforma constitucional.
