La Junta de Castilla y León ha rechazado las cuentas que ha presentado la Cámara de Valladolid correspondientes al ejercicio 2019. Tal y como ha informado a elDiario.es el director general de Comercio de la Consejería de Empleo, Luis del Hoyo, la institución cameral presentó unas cuentas con superávit, a pesar de que lleva varios ejercicios en números rojos y este último no es una excepción. El 'truco' para cuadrar y aducir beneficios, inferiores a los 100.000 euros, ha sido sacar de esas cuentas la deuda de la Escuela de Cocina, de más de seis millones de euros, financiada por el Instituto de Competitividad Empresarial, dependiente de la Consejería de Economía. Con la maniobra, la Cámara intenta librarse de la obligación legal de presentar un plan de viabilidad que debe sacarla de los resultados negativos en el plazo máximo de cuatro años o tendrá que disolverse.
Tal y como ha informado este diario, la Cámara de Valladolid ya debería haber presentado un plan hace un año debido a que las cuentas de 2018 y las de 2017 fueron negativas. La Junta de Castilla y León le informó en septiembre del pasado año de que tenía que elaborar el plan, tal y como marca el artículo 11 de la Ley de Cámaras de Castilla y León. La norma dice textualmente que "cuando una Cámara incurra en resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración tutelante en un plazo máximo de un mes desde que se conociera esta situación y que la comunicación irá acompañada de un plan de viabilidad y aprobado por el pleno. En dicho plan, que podrá ser externamente auditado, se describirán las actuaciones que se llevarán a cabo para la corrección del desequilibrio y el plazo que se considere necesario para ello que, en ningún caso, será superior a cuatro ejercicios contables. Asimismo, se acompañará de un inventario, el balance de situación, el informe de auditoría emitido, y cuanta otra documentación se considere necesaria para la valoración de la situación económica de la Cámara y del plan presentado".
Ni el plan ni la auditoría se han presentado a pesar de que está a punto de comenzar el último trimestre de este año. Además, el artículo 11 precisa que "cuando concurran circunstancias objetivas que hagan manifiestamente imposible solucionar la situación de inviabilidad económica mediante la presentación de un plan o cuando dicho plan se incumpliese, la Administración tutelante podrá proceder a la suspensión y disolución de los órganos de gobierno de acuerdo con el artículo 10 o aplicar los procedimientos previstos en los artículos 12 y 13 de esta ley". Y eso es lo que ha ocurrido ante la pasividad de la Junta de Castilla y León.
En declaraciones a elDiario.es, Luis del Hoyo reconoció que la Cámara no ha elaborado el plan, si bien hizo suyas las manifestaciones que hizo la institución cameral el pasado año, al referirse a las "dudas" sobre la retroactividad de la ley, todo ello sin que exista un informe jurídico que avale esa tesis. Ahora, con la certeza de que la institución vuelve a tener unos resultados negativos que ha intentado camuflar, vuelve a exigir el plan antes de que acabe el mes de octubre, cuando ya debió hacerlo a lo largo de 2019. De ese año, falta además hacer pública en el Portal de Transparencia la auditoría correspondiente, una información que se mantiene en secreto porque aflorarían supuestos gastos injustificados de miles de euros que se adujeron en el Pleno para relevar al director general, Roberto García Marcos.
Así, durante este 2020, la Cámara ha operado al margen de las exigencias legales y sin que la administración tutelante, la Consejería de Empleo, haya actuado en consecuencia. Es más, aunque en octubre del año pasado el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León advirtió de que si la Cámara no presentaba el plan dejaría de recibir subvenciones, no ha sido así. La Cámara ha seguido nutriéndose de dinero público de varias administraciones. A lo largo de este 2020, el Ayuntamiento de Valladolid ha coprometido con la Cámara 145.500 euros por los programas PICE (Programa Integral de Cualificación y Empleo) y Consolida (un programa dirigido a pymes), si bien fuentes municipales precisan que se pagan "en dos anualidades diferentes".
También la Diputación de Valladolid, mediante diversos convenios, aporta dinero a la Cámara. En lo que va de año ha firmado varios convenios que suman 350.000 euros para planes de internacionalización, PICE o mediación contencioso-administrativa, entre otros. A pesar de las advertencias de Igea, la Junta de Castilla y León también ha regado con dinero público a la Cámara. El pasado jueves, el Consejo de Gobierno aprobó una subvención de la Consejería de Empleo por importe de 1,92 millones de euros al Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León para su distribución entre las entidades de la red cameral, que tiene por objeto contribuir a financiar el ejercicio de las funciones público-administrativas que tienen encomendadas por ley. Pero es que el pasado 10 de septiembre, el consejo autorizó una subvención, esta vez de la Consejería de Economía, al Consejo de Cámaras de 1.020.0000 euros, en dos anualidades, para poner en marcha un programa de apoyo al emprendimiento, la consolidación empresarial y la competitividad del tejido productivo de Castilla y León. El el mes de julio, el Consejo recibió 200.000 euros de la Consejería de Educación.
Desde la Consejería de Economía se escudan en que la subvenciones "se dan al Consejo de Cámaras, no a la Cámara de Valladolid", pero obvian lo que fuentes del Consejo confirman a elDiario.es: "El Consejo de Cámaras es mero intermediario, no puede excluir a ninguna Cámara a menos que la Junta así lo indique. Se recibe un dinero para programas y cuando las cámaras justifican haberlos desarrollado, se pagan". Ni el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, ni la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, han querido contestar a elDiario.es acerca de los planes que tienen para la Cámara de Valladolid. La inactividad de ambos, un año después de que la Cámara decidiese obviar la ley, es evidente. Tampoco la Cámara ha respondido a este diario.
