La Fiscalía pide un año de cárcel a dos inquilinos de Barcelona por "presionar" a su propietaria para que no les subiera el alquiler. El Ministerio Público acusa a la pareja de arrendatarios de un delito de coacciones contra la propietaria y reclama que la indemnicen con 3.000 euros por daños morales. En la causa también estaba imputado el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, Jaime Palomera, al que finalmente la Fiscalía ha exculpado.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía enumera la serie de protestas que llevaron a cabo los acusados en contra de la subida del alquiler y que a criterio del Ministerio Público constituyen un delito de coacciones. El objetivo de las "acciones", resalta la Fiscalía, era "presionar" a la propietaria "para obligarla a no incrementarles la renta mensual del arrendamiento y permitirles vivir en la misma".
La situación de la pareja provocó que la entonces diputada de Unidas Podemos Irene Montero publicara en Twitter un vídeo de apoyo en el que mencionaba con nombres y apellidos a la dueña del piso el 23 de octubre de 2019, poco antes de que arrancase la campaña electoral de las generales. El caso ha generado preocupación entre los colectivos en defensa de los inquilinos, que entienden que una condena penal podría restar capacidad de movilización y presión a los vecinos ante subidas desproporcionadas del alquiler. El Sindicato ve la causa como un ataque contra el derecho a la protesta y al derecho de reunión y manifestación.
La pareja acusada, que tiene tres hijos a su cargo, vivía desde 2007 en el piso de la propietaria. En 2018, la dueña –que tiene otras ocho viviendas, según el Sindicato de Inquilinos– planteó a la familia un incremento del 30% del alquiler. Aconsejada por la entidad de defensa de los inquilinos, la familia permaneció en el piso abonando en el juzgado los 1.000 euros de alquiler de su contrato extinguido, y evitó el intento de desahucio promovido por la propietaria en abril de 2019.
En paralelo, la pareja, con el apoyo del Sindicato de Inquilinos y de la Oficina de Vivienda del barrio de Gràcia de Barcelona, llevó a cabo distintas protestas para negociar con la propietaria un nuevo alquiler. A criterio de la Fiscalía, las protestas fueron de carácter violento, requisito necesario del delito de coacciones, castigado con un máximo de tres años de cárcel.
Según relata la Fiscalía, en octubre y diciembre de 2018 los acusados y otros miembros del sindicato acudieron la sede de la inmobiliaria que gestionaba su piso y exhibieron pancartas que acusaban a la dueña y a la empresa de "especular y expulsar a los vecinos" y "accedieron de manera agresiva" a las oficinas.
En la acción, continúa el Ministerio Público, los acusados "se sentaron encima de las mesas y las golpearon" y tildaron de "especulador" al representante de la administradora de firmas, al que, añade el fiscal, advirtieron de que protestarían cada semana hasta que no firmara un documento "renunciando a la administración" del piso, a lo que accedió "para que los acusados y sus acompañantes abandonaran la oficina".
Las protestas no se quedaron aquí. "En distintas fechas de 2018", prosigue la Fiscalía, los acusados distribuyeron folletos en la calle "identificando a la propietaria con nombre y apellidos y exigiendo la renovación del contrato con las mismas condiciones y la correspondiente actualización del IPC". El 11 de marzo, los acusados se personaron frente al domicilio de la dueña, dejaron folletos en los buzones en los que, según el fiscal, se acusaba a la propietaria de "tener una actitud prepotente e intolerante al negarse a dialogar para llegar a un acuerdo justo".
Tres días después, la protesta se trasladó frente al lugar de trabajo de la dueña, con la exhibición de una pancarta en la que se la citaba con nombres y apellidos y se le pedía "no expulsar a ninguna vecina". Ese mismo día, asegura la Fiscalía, los acusados "y otras personas no identificadas" llamaron por teléfono "reiteradamente" al lugar de trabajo de la propietaria "para que iniciara una negociación" sobre alquiler, extremo al que nunca accedió la dueña, que debido a todas las protestas "se vio obligada", añade el fiscal, "a coger la baja médica por trastorno de ansiedad inespecífico".
