Una treintena de expertos considera que «la estrategia actual basada exclusivamente en la "convivencia" con el virus —el coronavirus causante de la COVID-19— es mejorable» y que «conduce a unas pérdidas económicas enormes».
En un documento titulado «#unaestrategiaintegral», virólogos, epidemiólogos, médicos, microbiólogos y economistas han apostado por una aproximación «agresiva», enfocada en la prevención y en evitar nuevos confinamientos. (Aquí puedes descargar el documento íntegro y aquí consultar quiénes son los firmantes).
Para ello, han hecho una serie de recomendaciones, entre las que está el uso universal de la mascarilla o aumentar el número de rastreadores de personas infectocontagiosas, hasta uno por cada 4.000 o 5.000 habitantes.
«Desde el grupo planteamos una estrategia basada en la prevención, intentando evitar en lo posible el aislamiento prolongado y la llegada del paciente al hospital, considerando esta como un fracaso del sistema de contención», escriben los expertos. Para ello, apuestan fundamentamente por la «detección preventiva».
Entre los firmantes están César Carballo, Adjunto de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Adolfo García Sastre, catedrático de Medicina y Microbiología, y codirector del Global Health & Emerging Pathogens Institute y del Icanh School of Medicine del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, José Antonio López Guerrero, director del grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, Santiago Moreno Guillén, Jefe de Servicio de Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, Alfredo Corell Almuzara, Catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid o Miguel Sebastián Gascón, Profesor Titular de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid y ex ministro de España de Industria, Turismo y Comercio.
Con la vista puesta en una «temida próxima ola pandémica», los firmantes recuerdan que «el aislamiento obligado al existir transmisión comunitaria (...) conduce a unas pérdidas económicas enormes para la región afectada, mucho mayores que el despliegue de las acciones que aconsejamos en este documento. Además, produce estrés social por la convivencia continua».
También argumentan que la propia «duración de la crisis sanitaria» es la que «genera un mayor impacto económico negativo». Por ello, creen que «prolongar la existencia de los contagios, aunque sean de menor gravedad y no saturen el Sistema Nacional de Salud, acaba traduciéndose en un mayor coste sobre la economía y el empleo».
Además, creen que es «complicado» alcanzar un «estado estacionario, con «un nivel bajo y constante de contagios diarios que no saturen las UCIs», dado que la pandemia está «causada por un virus muy contagioso y donde buena parte de la población (cerca del 95% en el caso español) aún no se ha inmunizado frente al mismo».
Para evitar esta situación, el grupo propone incorporar «estrategias que ya han dado frutos en el pasado frente a la COVID-19 (...) en Corea del Sur y China», y que implican una «estrategia agresiva en la detección, control y erradicación del virus, realizando pruebas de PCR masivas y minimizando aislamientos y mortalidad».
Con esta finalidad, hacen varias recomendaciones. La primera es aumentar de manera «urgente» la inversión en los rastreadores, hasta que alcancen una cifra no inferior a uno cada 4.000 o 5.000 habitantes. Éstos se habrían de distribuir de forma proporcional a la densidad de población por zonas básicas de salud. Se encargarían de la búsqueda, detección temprana, rastreo y seguimiento de casos para evitar que personas sin síntomas no se conviertan en enfermos graves.
También proponen emprender una «búsqueda activa y enérgica de posibles casos positivos» con la finalidad de «realizar un aislamiento obligatorio en zonas acotadas para tal fin, impidiendo que sigan transmitiendo en un entorno del hogar o trabajo comunitario». Junto a esta tarea, recomiendan llevar a cabo un «análisis pormenorizado de las aguas residuales» para alertar a las poblaciones afectadas y definir indicadores de riesgo y monitoreo, con la finalidad de tomar decisiones y predecir la evolución de la epidemia.
Otra de las recomendaciones es establecer zonas básicas de salud, para acotar las búsquedas a un entorno donde se puedan volcar recursos y atajar el problema.
Estas medidas deben ir acompañadas de «pruebas PCR masivas tanto de cribaje poblacional como de cribaje aleatorio», pero solo en caso de que «la fase de búsqueda predictiva y anticipatoria falle». Según explican, este recurso sería fundamental para conseguir «una foto fija del momento» y «cortar la transmisión comunitaria que inevitablemente conduce al aislamiento, como hemos visto en los casos de Aragón y Cataluña».
Por otro lado, recomiendan implementar un sistema informático único en la administración para apoyar a los 17 sistemas de las Comunidades Autónomas, estableciendo «un cuadro de mando nacional desagregado hasta la zona básica de salud».
Dicho sistema debe configurar una «base de datos nacional disponible en todo momento para el uso y análisis de los científicos de datos, para adelantarnos y realizar estimaciones a futuro del comportamiento de la pandemia». Estas medidas han de ir acompañadas de la «obligatoriedad de todas las CCAA de un volcado en tiempo real de datos epidemiológicos».
En relación con esto, y con la finalidad de evaluar la eficacia de las medidas adoptadas, consideran necesario constituir «una mesa de expertos totalmente independiente, que continuamente esté recabando datos y elaborando informes con los incidentes habidos y la propuesta de posibles mejoras y correcciones».
Por último, y siempre que haya focos de transmisión comunitaria en toda España, consideran que «el uso de la mascarilla debe ser universal, con obligación de llevarla en cualquier espacio público», incluso cuando la distancia entre personas sea superior a los dos metros. Además, estas máscaras no podrán estar equipadas con válvulas exhalatorias.
También recomiendan seguir «incidiendo en mantener de manera preventiva y continua las intervenciones de bajo coste (como la higiene de manos y las medidas de distanciamiento físico)», puesto que «se ha comprobado que además de disminuir el número total de casos, pueden disminuir también la gravedad de los mismos».
Finalmente, subrayan que «se debería recomendar no fumar en las terrazas y espacios públicos donde no se pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros», una vez demostrada la transmisión por aerosoles por parte de la OMS.
