Según han informado fuentes penitenciarias, Ben Jazza, de 27 años, está en el módulo de presos relacionados con delitos terroristas, en régimen cerrado, con una "limitación regimental” que le hace estar separado del resto de los presos por su propia seguridad.
Las fuentes lo definen como “un preso no conflictivo”, que no tiene relación alguna con el resto de los reclusos, y que en tres años solo ha recibido la visita de un tío, mientras que no ha acudido a vis a vis ni locutorios ni mantiene contacto alguno con familiares en el exterior.
Nacido en Marruecos en 1993, cuando se produjeron los atentados llevaba siete años en España, con distintas residencias, aunque se sabe que vivió en Barcelona entre 2011 y 2015, y desde entonces y hasta que se produjeron los atentados se encontraba en la localidad castellonense de Vinaroz.
Trabajaba en una carnicería propiedad de sus tíos, y, según el auto del juez que ordenó su ingreso en prisión, facilitó su documentación a los autores de la masacre para comprar, el 12 de julio, 100 litros de peróxido de hidrógeno en un establecimiento de Tortosa (Tarragona).
El material fue trasladado en un vehículo que habitualmente utilizaba Ben Iazza, que le habría dejado, al igual que la documentación, a Younes Abouyaaqoub, conductor de la furgoneta que entró en la Rambla y atropelló a decenas de personas, y que fue abatido cuatro días después por los Mossos d'Esquadra en Subirats.
Después de comprar esos 100 litros, quince días después, Mohamed Hichamy y Youssef Aalla -ambos fallecidos- adquirieron, según la resolución del juez, 240 litros de peróxido de hidrógeno "aportando para ello, nuevamente, la documentación de Said Ben Iazza".
El joven marroquí fue llamado por la Guardia Civil a declarar como testigo, y pocos días después era detenido, acusado de ser presunto colaborador necesario para la realización de los atentados.
Said Ben Iazza es candidato a participar en un un programa de “desradicalización violenta”, mediante el que se trabaja con presos con ideas radicales para intentar reconducir su postura, aunque solo podrá participar en el mismo cuando haya una sentencia firme contra él.
Como el resto de presos en España con especiales incidencias por sus presuntos delitos en la sociedad, tiene un seguimiento dentro del Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES).
Los reclusos afectados por estos programas de intervención se dividen en varios grupos, y este preso está en el Grupo A, donde se encuentran los condenados por pertenencia o colaboración con grupo terrorista, alojados siempre departamentos de Régimen Cerrado, con intervención de las comunicaciones y control de todas sus actividades quedando separados del resto de la población reclusa.
