Esta semana los medios de comunicación han trasmitido la idea que los chilenos incumplen las medidas sanitarias para prevenir la expansión del Covid, en mayor medida que otros países.
Hace unos días, ante el aumento descontrolados de los contagios, el ministro Mañalich señalaba entre las causas, que la ciudadanía no hacía caso de las recomendaciones de las autoridades, pues no confiaban en ellas.
Más allá de lo inapropiado que resulte el hecho que el jefe de la cartera de Salud culpe a la población y no a las medidas adoptadas, o peor aún, las medidas no tomadas a tiempo, en vez de revisar autocríticamente su propia gestión, habrá que reconocer que en parte tiene razón. La gente no les cree, pero sería más relevante preguntarse por las razones de su desconfianza y desacato a las normas sanitarias, si este fuera el caso.
Al menos desde octubre de 2019 los chilenos demostraron masiva y contundentemente que no le creen al gobierno en particular y a las instituciones en general, pues han sido abandonados a su suerte.
Un Estado reducido a su más mínima expresión no es capaz de asegurar mínimamente derechos humanos básicos como el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo, en fin, a una vida digna. Y eso, en medio de la pandemia ha sido literalmente mortal.
Es difícil, para una parte importante de la población, ver en el Estado, que normalmente los ha perseguido o excluido, un agente que ahora sea capaz de cuidarlos.
Tener un liderazgo claro es esencial para enfrentar una crisis como la que estamos viviendo, y ese liderazgo se ha visto en otras esferas, como los municipios, el Colegio Médico, el mundo académico, pero que, sin embargo, ha sido reiteradamente descalificado por las autoridades.
El discurso del gobierno ha sido confuso y errático, lo que no ayuda a que la población tome en serio las medidas adoptadas, pues la gravedad de los hechos no se condice con repetidos anuncios que señalaban que estábamos a punto de regresar a la normalidad, volver a clases o tomar café con los amigos.
No puede ser un dilema razonable elegir entre la salud y la economía, pues no corresponde en este momento confundir lo urgente con lo importante, y hay prioridades éticas que no debieran necesitar explicación. Lo que no es ético y es que una persona deba salir de su casa en medio de la pandemia, para trabajar porque si no trabaja no come. Ahí es donde se debe tomar medidas. Es ahí donde el Estado debiera estar al servicio de sus ciudadanos.
Tampoco las autoridades han predicado con el ejemplo, y esto no es menor tampoco. El mensaje en todo el mundo, incluido nuestro país, es: quédese en casa, evite el contacto físico, use mascarillas. Y todos los días vemos en televisión como las propias autoridades no respetan estas recomendaciones. El parlamento se sigue reuniendo de manera presencial y hasta hace unos días se insistía en la idea de realizar la cuenta pública en ese espacio, y con numerosos invitados.
El resultado es que al día de hoy tenemos parlamentarios, autoridades regionales, y ministros en cuarentena o derechamente contagiados de COVID por no seguir las normas sanitarias del mismo gobierno que responsabiliza a la gente del aumento del contagio. El problema es que esta grave pandemia nos encuentra en medio de la más profunda crisis institucional que ha vivido Chile en las últimas décadas, y que el confinamiento no ha hecho más que agudizar.
*La autora es académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades
