Muy desalentadoras las declaraciones recientes de dos diputados locales en el Congreso de Nuevo León, del presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno y de un diputado de Encuentro Social. El primero dijo que no tendrán tiempo para hacer las reformas sobre violencia política y el segundo quiere trastocar el sentido de la reforma federal cambiando conceptos que son fundamentales.
Sobre el primero, hay que destacar que se tienen todavía más de 40 días sin contar los que ya se dejaron pasar. Desde el 14 de abril las reformas federales entraron en vigor y a la par, la obligación de armonizar las leyes estatales.
Y el segundo quiere cambiar la palabra género por la de sexo, parece no darse cuenta de que haciendo esto privilegia a la biología como si fuera esta la causa de un problema social. Ser mujer no es el problema, lo que la sociedad ha construido en torno a lo que debe ser y hacer una mujer es lo que da origen a la violencia y eso es condicionamiento de género, no de sexo.
Además, este asunto de armonizar leyes no es menor, no es de percepción, las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las demás, van a aplicarse. Los órganos electorales en los estados están obligados a cumplirla y hacerla cumplir, aunque se posterguen las reformas en los estados.
Y si algo tiene esta reforma es que está bien pensada porque nace de la experiencia propia, directa e indirecta de quienes se han desempeñado en la política y que por ser mujeres han tenido que superar maltratos, inhibirlos de origen y/o denunciarlos. Esta ley protege a las mujeres de las agresiones que se viven antes, durante y después de las campañas electorales, porque también son violentadas ya que toman protesta, tristemente hay evidencias, agresiones que van desde calumnias o recortes al presupuesto hasta agresiones físicas o asesinatos. Cosa de repasar las muchas y variadas experiencias de violencia política durante el proceso electoral 2017 – 2018, y que son los casos que dan sustento a esta ley.
Otro elemento relevante es que esta ley disuade a quienes violentan porque contempla sanciones y ordena que se sancione la violencia política a quien la ejerce; pero, no deja impune a quien la solapa ni al que la tolera. Este es un elemento estratégico que será disuasivo, reducirá la resistencia enraizada en el imaginario machista, modificará los valores de la colectividad congregada alrededor del macho alfa. Es una ley que pondrá los reflectores en aquellas costumbres que normalizan la violencia contra las mujeres por razones de género.
Alienta saber que no es el Congreso de Nuevo León, son dos posturas muy respetables pero insostenibles. Hay tiempo para hacer la reforma y hay argumentos para usar la palabra género, además hay sobradas evidencias que llevaron a las dos cámaras del Congreso de la Unión a atender un problema social que existe y cuya solución no se puede aplazar ni tamizar.
Lo que desalienta es que detrás de sendas declaraciones se está ejerciendo la violencia política contra las mujeres regias, no importan si es desidia, negligencia o ignorancia. Si el Congreso local no responde, también se estará tolerando y solapando. Hoy, estas conductas son delito.
Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.
