Seguramente en la algarabía y ruido de tambores que se está produciendo ante la próxima reunión del Gobierno de España en una ciudad española -Barcelona- hay mucho más ruido que nueces y estamos sobredimensionando la amenaza.
El 3 Octubre de 2017 en el tan cacareado “atur de país” los cortes de vías de comunicación fueron posible con no más de 2.000 personas, porque contaron con la inacción complaciente de los encargados de garantizar el derecho deambulatorio: el Govern de la Generalitat y el CME que ellos comandaban.
Los comandos de los CDR y los GAAR que ahora pican tambores, se auto contabilizan en 3000 “patriotes” pata negra, de les masies Puigdemonianes.
Si como todo parece, el Govern Torra quiere reeditar el 1-O-17; haciendo dejación de funciones, como ya lo hizo otra vez con los cortes de autopistas de hace 10 días, que ya investiga de oficio la Fiscalía, se pueden encontrar con 2 escenarios:
A).-Que los que quieren impedir la reunión del Consejo de Ministros sean insuficientes en número y lo transformen en manifestación de protesta por los aledaños.
B).- Que quieran cumplir la consigna que les dio la semana pasada Comín y Torra de “sacrificarse hasta las últimas consecuencias” e intenten asaltar el lugar de la reunión.
Ante cualquiera de esos 2 escenarios, es sorprendente que ningún responsable político les haya advertido de las posibles consecuencias personales y penales.
Según el artículo 503 del Código Penal incurrirán en penas de prisión de 2 a 4 años los que invadan violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros. Y según el 504 incurrirán en la pena de multa de 12 a 18 meses los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación…
Se impondrá la pena de prisión de 3 a 5 años a los que empleen fuerza, violencia o intimidación para impedir a los miembros de dicho organismo asistir a sus respectivas reuniones.
Hemos escuchado decir, a algunos de los 18 miembros detenidos por los hechos de septiembre y octubre del pasado año, que como no eran juristas, no fueron conscientes de la gravedad de las penas en las que incurrieron por sus infracciones penales.
Aunque es de 1º de Derecho y forma parte de la cultura general del país, repito aquí un principio básico de cualquier norma jurídica, en cualquier país del mundo: “el desconocimiento de la Ley, no exime de su cumplimiento”
Así que el próximo viernes 21 de diciembre tendrán que asumir las consecuencias de sus actos. Después, ploramiques no gracies.
Xavier Marín es coordinador Territorial de Sociedad Civil Catalana y miembro de la Junta Directiva de POLITEIA
