«Existe una relación causa-efecto y el gasto de la operación Copérnico, que tuvo que poner en marcha el Gobierno de España, se debió a un acto provocado por la Generalitat de Cataluña». Así argumenta para ABC el abogado Manuel Zunón la denuncia presentada, este miércoles ante el Tribunal de Cuentas, por las entidades Abogados Catalanes por la Constitución (ACC) y Societat Civil Catalana (SCC) contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y doce consejeros de la Generalitat en el momento del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
En concreto, ACC y SCC reclaman a Puigdemont y los miembros de su gobierno más de 89 millones de euros, de los que 87.103.355,05 euros corresponden a la operación Copérnico (en la que se incluye el gasto del desplazamiento de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a Cataluña para cumplir la resolución judicial contra el 1-O) y el resto, 1.971.601,20 euros, se reclama como gasto concreto de la Generalitat para llevar a cabo el referéndum ilegal.
El objetivo de las dos asociaciones es que los denunciados retornen a las administraciones públicas afectadas, autonómica y central, el dinero que se destinó a un acto ilegal. Y esperan que, al menos, el Gobierno se persone en la causa «como administración perjudicada», porque no entenderían «otra cosa». El gobierno catalán destinó «fondos públicos de la Generalitat que estaban a su cargo (...) a financiar el referéndum de secesión abiertamente ilegal (...) y que ellos mismos habían convocado por decisión colegiada y solidaria mediante decreto», argumentan las entidades en la denuncia.
Y añaden: «Con su actuación ocasionaron (...) un perjuicio directo a los fondos públicos estatales (...). De ese modo, aplicaron recursos públicos que gestionaban a una finalidad ilícita, ajena a la función pública, extraña a los fines públicos legalmente confiados a la Generalitat, y que ya había sido declarada ilegal en numerosas resoluciones del Tribunal Constitucional y en las actuaciones judiciales seguidas contra los denunciados». En total, más de 89 millones de euros.
Un gasto ilícito
El Tribunal de Cuentas tiene ahora que decidir si admite a trámite la petición de ACC y SCC, y en caso de admisión nombrar a un instructor que pedirá a las partes la documentación que considere oportuna. La decisión se conocerá en semanas.
Con esta denuncia, ACC y SCC siguen el mismo camino emprendido contra Artur Mas y los consejeros de su gobierno que fueron responsables y condenados por el Tribunal Supremo por llevar a cabo la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Las dos asociaciones, una vez se confirmó la sentencia del Supremo -que hace unos días rebajó las penas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña-, interpusieron una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por los gastos del 9-N. Mas y el resto de responsables fueron condenados a devolver a la Generalitat -que no se había personado en la causa- más de 5,5 millones de euros. La ejecución de esta sentencia está pendiente de la decisión de la sala de apelación.
Como en este caso, para los hechos del 1-O, las dos entidades señalan en su escrito que «Puigdemont y los demás miembros de su gobierno eran plenamente conscientes de la ilegalidad del referéndum que organizaron y financiaron». Y, con su decisión, las administraciones central y autonómica tuvieron que asumir un coste que no debían.
En este sentido, la demanda cuantifica el coste de la operación Copérnico al céntimo porque así lo detalló el ministro del Interior en una intervención parlamentaria en el Senado el 18 de enero de 2018. «El mayor gasto correspondió a las dietas de los agentes, que ascendieron hasta 43,3 millones de euros. Otros 26,5 millones se destinaron a fletar y mantener el servicio de los tres ferrys atracados en los puertos de Barcelona y Tarragona donde se alojaron los policías desplazados», se concreta en la denuncia presentada ayer.
