El fiscal Anticorrupción asignado a Valencia, Pablo Ponce, lleva una semana visitando algunos de los países en los que el expresidente Eduardo Zaplana podría haber ocultado “activos” tanto de capital como de propiedades. Ponce se ha trasladado -probablemente a Uruguay y Paraguay- después de que la Justicia de esos países, y probablemente también la de Luxemburgo, hayan dado el visto bueno a las comisiones rogatorias enviadas desde el juzgado que instruye la denominada causa Erial. De este modo, el Juzgado y la Fiscalía pretenden evitar la posibilidad de una fuga de Eduardo Zaplana. Si el Juzgado consigue bloquear las cuentas e inmovilizar los activos, Eduardo Zaplana podría quedar en libertad en breve. De hecho, es intención de la Fiscalía que el expresidente pase las Navidades en casa.
La Fiscalía Anticorrupción está acelerando los trámites de investigación de la causa Erial para tratar de conseguir los datos relativos a los activos financieros o de cualquier tipo que pueda tener el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, en todo el mundo, y de este modo intervenirlos para que no puedan ser utilizados por su titular.
El regreso del fiscal Ponce está previsto para el viernes 21 de diciembre. El juzgado de instrucción número 8 que investiga la causa había puesto como requisito que las comisiones rogatorias cursadas a distintos países tanto europeos como de Iberoamérica, dieran sus resultados y que los órganos judiciales de los respectivos países accedieran a las peticiones de investigación o de intervención de activos. Hace unas semanas, tal y como informó LA RAZÓN, dichas comisiones comenzaron a dar frutos.
En el caso Erial se investigan, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos y del Plan Eólico. Al expresidente Zaplana se le imputan, al menos, los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude.
