El TC anula el veto del Gobierno de Rajoy a debatir sobre pensiones no contributivas
El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de amparo presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados contra el acuerdo de la Mesa del Congreso que en octubre del pasado año rechazó que el Pleno debatiese una proposición de ley planteada por el PSOE sobre la modificación de las pensiones no contributivas.
La Sala Primera del TC concluye, en una resolución de la que ha sido ponente el presidente de la institución, Juan José González Rivas, que la Mesa del Congreso vulneró el derecho de los diputados socialistas "a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes", y en consecuencia el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes políticos, tal y como establece el 23,1 de la Carta Magna. El Tribunal declara por tanto la "nulidad de los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados de 24 de octubre y de 21 de noviembre, respectivamente" (en este último se desestimó la petición de reconsiderar la negativa inicial) y ordena "retrotraer las actuaciones hasta el momento anterior al de su resolución para que la Mesa dicte un nuevo acuerdo sobre la solicitud presentada".
Según los magistrados, "la causalidad entre la aprobación de la proposición de ley y su impacto presupuestario está fundada en un mero juicio hipotético", por lo que "no corresponde ni a la Mesa del Congreso, en ejercicio de su función de calificación, ni a este Tribunal, en el de la suya de control constitucional, sustituir al Gobierno en el enjuiciamiento del impacto presupuestario, sino tan sólo constatar que el mismo es real y efectivo, y no una mera hipótesis", como sucede en la cuestión planteada.
Los diputados del Grupo Socialista en la Cámara Baja argumentaron que el veto del Gobierno pretendía justificarse en una mera posibilidad referida a ejercicios presupuestarios futuros, atendiendo al actual marco de consolidación fiscal, lo que quedaría fuera del ámbito del art. 134,6 de la Constitución. En su opinión, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no identificó "correcta y adecuadamente los créditos presupuestarios que pudieran haberse visto afectados por la aprobación y aplicación de la iniciativa legislativa".
Con esa iniciativa, el PSOE quería que se revisasen de oficio o a instancias de los interesados los supuestos de extinción de la pensión no contributiva acordados al considerar unidad económica la convivencia de familiares, en segundo o tercer grado de consanguinidad, en residencias para mayores o centros de asistencia. Los diputados socialistas defendían que la normativa en vigor podía acarrear efectos contraproducentes, privando de la condición de beneficiarios, por ejemplo, a personas sin ingresos y que tienen derecho a esa pensión no contributiva.