La Xunta reacciona para atemperar los ánimos en la sanidad. Alberto Núñez Feijóo ha desgranado este miércoles un paquete de medidas encaminado a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y a suplir carencias en la atención primaria, el principal foco de las protestas. Desde el Parlamento, el mandatario autonómico ha anunciado que el Sergas mejorará la estabilidad de los residentes y los pediatras mediante un contrato de 1 a 3 años de duración, se incrementará un 6% la nómina de todos los trabajadores del sistema -como parte de los acuerdos por la carrera profesional-, se creará la figura de un responsable de atención primaria en todas las áreas de gestión y se ampliará hasta los 70 años la edad de jubilación de los facultativos.
Algunas de las iniciativas se plantearon el pasado martes, en la reunión que el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, mantuvo con distintos actores del Sergas. Pero el presidente de la Xunta ha entrado en los detalles. Tras haber tomado «buena nota» de las críticas recibidas en las últimas semanas, el Gobierno autonómico trata de adoptar un papel activo. No solo en el plano interno, sino en su interlocución con el Ejecutivo central. Feijóo ha revelado el contenido de una carta enviada a la ministra de Sanidad, María Luís Carcedo, en la que Galicia reclama, por un lado, el aumento del número de plazas MIR, y por otro, la recuperación de una comisión de «recursos humanos» que había quedado en punto muerto desde la moción de censura. Por lo pronto, Carcedo anunció el pasado lunes en el Senado que se incrementarían las plazas de residentes en el 2020.
Los problemas con el personal se extrapolaron a la sesión de control celebrada en O Hórreo. La Xunta ha reconocido que «es cierto» que «faltan profesionales», que «no tenemos suficientes médicos de familia para bajas y sustituciones» y que se necesita formar «a más médicos de familia y pediatras». «Pero no creo que sea cierto decir cosas como que no se cubren las bajas. En algún PAC del área de Vigo es difícil cubrirlas cuando el 17% de los médicos están de baja», ha explicado Feijóo, señalado por el BNG como el «gran recortador» del Sergas y el artífice de supuestas privatizaciones. «Decir que yo dediqué mi vida a privatizar la sanidade es una difamación impropia de una diputada», le ha espetado el popular a Ana Pontón.
Los grupos de la oposición se sirvieron de las dimisiones de jefes de servicio en Vigo, o de la conflictividad en los PAC, para abalanzarse contra la gestión del Sergas. El torrente de críticas también alcanzó a Vázquez Almuíña. Los nacionalistas reclamaron su cese. «Estoy seguro de que está calculando el mejor momento para poner la cabeza del señor Almuíña en una bandeja de plata para salvarse», ha deslizado Pontón.
Pero el Gobierno ha preferido entrar en los datos. En los 4.000 millones de euros destinados a la sanidad en los Orzamentos aprobados el pasado lunes o en la reciente ampliación o construcción de 54 centros de salud. «Estamos ante la mejor sanidad pública que tenemos desde siempre».
Llegado el turno de En Marea, Luís Villares ha mencionado un presunto desvío de fondos de sanidad –a través de transferencias de crédito— para «conciertos con entidades privadas». Feijóo, en su réplica, ha achacado al rupturista su desconocimiento de cómo funcionan los presupuestos y le ha recordado que en Ferrol o en Cangas, donde gobierna el populismo, la Xunta está a la espera de licencias municipales para construir nuevas infraestructuras sanitarias.
La tensión durante el debate ha requerido hasta la intervención del presidente de la Cámara. Tras haber apercibido a la diputada de En Marea, Flora Miranda, por dirigirse a la bancada popular con la expresión «qué morro», Miguel Ángel Santalices respondió a las protestas de Villares acerca de la prohibición de usar una sala de O Hórreo para celebrar su «pseudocomisión» sanitaria.
«Aquí no estamos para permitir la entrada de comisiones ileagales. Nadie impidió que se hablara. Que quede claro esto», precisó el presidente del Legislativo.
