Primero fue la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la que, en un arranque de profundo sectarismo ideológico e irresponsabilidad política, afirmó que «prohibiría» la caza y los toros, y luego fue el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el que, lejos de corregir semejante despropósito, ahondó en la ofensa al tildar de «casposos» a los millones de españoles que practican la actividad cinegética y se declaran amantes de la tauromaquia. Los ataques lanzados por el PSOE y la izquierda en general contra estas arraigadas tradiciones no solo denotan un desprecio absoluto por la libertad individual, sino que evidencian un grave desconocimiento acerca del valor económico y medioambiental que se deriva de ambas actividades. La cacería genera cerca de 6.500 millones de euros al año y mantiene 187.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, contribuyendo a las arcas públicas en más de seiscientos millones de euros, según un estudio de la consultora Deloitte.
Más allá de formar parte del acervo de la sociedad española, con cerca de 800.000 aficionados, la caza también contribuye al cuidado de la naturaleza mediante la conservación de hábitats, la mejora de las infraestructuras forestales y el necesario control poblacional de especies. El mundo del toro no se queda atrás, ya que se celebraron casi 20.000 festejos taurinos en 2017, cuyo impacto económico se estima en 4.500 millones de euros, además de generar 200.000 empleos, de los que 57.000 son directos. Y todo ello sin contar los beneficios que aporta el toro de lidia al ecosistema, con más de 500.000 hectáreas dedicadas a la cría, convirtiendo las dehesas en auténticas joyas naturales. Las salidas de tono del PSOE son un insulto y una intolerable falta de respeto hacia millones de españoles.
