El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, defendió la Tarjeta Social Universal como una herramienta idónea para coordinar y mejorar los servicios públicos.
Así lo indicó durante una jornada, organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en Madrid, para presentar esta iniciativa, a la que también asistieron, entre otros, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, y de la directora del Instituto Nacional de Seguridad Social, María Gloria Redondo, además del presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero.
En su intervención, Jesús Julio Carnero destacó como la Comisión de Bienestar Social de la FEMP, que preside, «ha visto desde el principio en la Tarjeta Social Universal una oportunidad para coordinar y mejorar los Servicios Sociales destinados a la ciudadanía».
También pidió que se propicie la participación de las entidades locales en este proceso «aprovechando que disponemos ya de una herramienta de este tipo en pleno desarrollo y de un mecanismo para la incorporación a la misma de estas administraciones mediante un formulario específico». Tras señalar que los derechos sociales y su concreción constituyen una prioridad de las políticas locales, aseguró que «diputaciones, cabildos, consejos insulares y ayuntamientos situamos las actuaciones orientadas a la mejora de la vida de los ciudadanos y ciudadanas en el centro de nuestra actividad».
El presidente de la institución vallisoletana que la relación de programas desarrollados desde el ámbito local «es muy extensa y muestra hasta qué punto la labor de la administración local es fundamental para atender las necesidades de las personas». Además, explicó que muchas de estas actuaciones van acompañadas de prestaciones de contenido económico, «por lo que resulta clave que aparezcan reflejadas en la Tarjeta Social Universal». En concreto, según Jesús Julio Carnero, «la adecuada inclusión de la información de los Gobiernos Locales en la Tarjeta Social permitirá, entre otras cuestiones, mejorar los instrumentos de coordinación entre el conjunto de las Administraciones».
Además, reiteró que «facilitará a las personas la información actualizada sobre sus prestaciones de carácter social; facilitará una mejor gestión de las prestaciones y del conjunto de las políticas sociales; y nos posibilitará disponer de información agregada para favorecer el diseño de políticas ajustadas a las necesidades de la ciudadanía en materia social».
