Dificultad para la instalación de nuevas industrias y edificaciones. Este es uno de los grandes problemas de 799 pueblos de Castilla y León que, al carecer de un plan urbanístico bien definido, ven como sus municipios van perdiendo gente sin encontrar una solución.
A pesar de su elevado número, en estas localidades habita tan solo el 4 por ciento de la población de la Comunidad -más de 100.000 personas-, cifra que «disminuirá si no se instalan empresas que den trabajo y atraigan gente», asegura a LA RAZÓN el alcalde del municipio vallisoletano de Adalia, Jesús Fernández.
La legislación en este campo en la Región no obliga a los municipios de menos de 500 vecinos a desarrollar una legislación propia, por lo que hacen uso de las antiguas Normas Urbanísticas Provinciales.
El elevado coste monetario y de gestión de esta normativa es lo que ha impedido a las localidades, en muchos casos, contar con un instrumento de planeamiento general propio.
Por ello, se han mantenido con un reglamento obsoleto que ha hecho que muchas actividades económicas que querían instalarse en el medio rural de Castilla y León no hayan podido debido a que la ordenanza aplicada no contempla la coordinación exigible actualmente entre población, economía y valores naturales.
«Lo que necesitamos para que el pueblo no se quede vacío es que los jóvenes tengan trabajo», afirma a este diario la regidora de la soriana Bayubas de Arriba, María José Miguel.
Para hacer frente a esta situación, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y las diputaciones de Valladolid, Salamanca, León, Soria, Ávila y Burgos han acordado trabajar de la mano para dotar a estos municipios de un Plan Urbanístico que sustituya a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, con ya 20 años de vigencia.
La primera institución provincial en hacerse eco de esta necesidad fue la vallisoletana, por lo que los trabajos en sus pueblos están más avanzados. Sin embargo, se prevé que hasta el año 2020 no todas las localidades, independientemente de su tamaño, cuenten ya con una normativa reguladora que les permita ser atractivas para el sector empresarial al eliminarse las trabas para su emplazamiento.
Así, el objetivo final de la Consejería, que lidera Juan Carlos Suárez-Quiñones, es fijar unas normas básicas para «facilitar a las empresas, agricultores y ganaderos que vayan a comenzar alguna edificabilidad que cuenten con unos trámites más fáciles y claros para fomentar la economía de los pequeños municipios», aseveran desde la institución.
Nuevas medidas para frenar la despoblación
Desde el inicio de la legislatura, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tomó la iniciativa para ayudar, desde otro frente, a los ayuntamientos del medio rural a luchar contra la despoblación, un problema que atenaza ya a gran parte de Europa. Por ello, tiene previsto destinar casi un millón de euros a la ordenación urbana de los 2248 municipios de Castilla y León hasta el final del mandato para no «poner muros» a la actividad económica y «facilitar su implantación en los pueblos», asegura el consejero Suárez-Quiñones.
