En la época dorada del ladrillo, el pequeño municipio de Barreiros aspiraba a convertirse en la capital del veraneo de A Mariña lucense. El Ayuntamiento concedió, solo durante el año 2006, licencias para levantar casi 6.000 viviendas en una localidad que apenas supera los 3.200 habitantes. Sobre algo más de la mitad de ellas pesaba la sombra de la ilegalidad. La mayoría se concentraban en las zonas de playa. Pero las fincas en las que iban a edificarse no podían considerarse solares. No había ni alcantarillado, ni redes de abastecimiento de agua, ni electricidad suficientes para todos los pisos proyectados. Doce años después, el alcalde, cinco ediles y la arquitecta municipal se sentaban esta semana en el banquillo de los acusados en Lugo.
La Fiscalía pide para el regidor Alfonso Puente, que en noviembre de 2015 dejó el PP por la apertura de juicio oral, una pena de dos años prisión y diez meses de inhabilitación. La acusación particular, que ejerce la asociación ecologista Adega, solicita un año de cárcel por cada una de las 44 licencias de obra que considera ilegales. El pasado lunes, Puente explicó ante la sala su versión de lo sucedido. Tanto el regidor como el resto de acusados responsabilizaron a la entonces secretaria municipal de Barreiros, Antonia Martínez. El regidor aseguró que siempre votaron a favor de aprobar las licencias «con los informes favorables de los técnicos». «No hubo ninguna irregularidad en la concesión de esas licencias. En ningún momento», insistió Puente a la agencia Efe antes de entrar en el juicio.
El miércoles una de las responsables de urbanismo de la Xunta de Galicia desmontaba la versión del regidor. En la época del Bipartito y tras diversas advertencias al alcalde, la administración autonómica había tomado cartas en el asunto. La Consellería de Política Territorial impugnó en los tribunales las 44 licencias y paralizó la edificación en el municipio, al suspenderle las normas subsidiarias. La Fiscalía de Lugo fue un paso más allá y denunció penalmente al alcalde y a los concejales. El ministerio fiscal entiende que cometieron prevaricación al conceder las licencias a sabiendas de que eran ilegales. La secretaria municipal era uno de sus testigos clave. En una declaración por videoconferencia, Iria María Alfonsín, que era jefa de servicio de Inspección Urbanística de la Axencia pola Protección da Legalidade Urbanística (APLU) para las provincias de Lugo y Orense, aseguró que la secretaría municipal sí había alertado de las irregularidades. Alfonsín aseveró que la Xunta intervino en el municipio, porque de los informes que emitió la funcionaria «10 fueron desfavorables por falta de servicios y en cerca de 30 se informaba de suspender el procedimiento para alertar de las irregularidades».
Explicó, además, que la propia Xunta alertó de que las zonas donde se proyectaban las 3.500 viviendas no podían considerarse suelo urbano consolidado. «Con una visita a las parcelas se entiende perfectamente que no se podía construir, algunas de las licencias estaban incluso proyectadas sobre masas forestales, calificadas como suelo rústico. Cualquier persona sin conocimientos urbanísticos entiende que allí no se puede construir como suelo urbano consolidado», afirmó Alfonsín según recoge Efe.
Reunión
Tras la declaración de la técnica de la Xunta, la secretaria municipal respondió a las preguntas de los abogados. Antonia Martínez defendió que había avisado al regidor de los problemas con las licencias e incluso de que aprobarlas podría conllevar el delito de prevaricación. Lo hizo, dijo, en una reunión informal que tuvo lugar cuatro o cinco días antes de conceder la primera autorización, en enero de 2006. Los acusados niegan que se celebrase. La secretaria explicó también en el juicio que en 2012 tuvo que cambiar de destino por las presiones que sufrió del alcalde y de su entorno. Para la abogada de Adega, Montserrat Calvo, está claro que Martínez advirtió de la posible ilegalidad de permitir la construcción de edificios de viviendas. Al margen de la reunión informal, Calvo subraya que existen informes escritos sobre la mayoría de las licencias, «hay unos cinco que faltan porque se los pedían el mismo día o el día anterior», indica.El alcalde, asegura la abogada, «declaró que no conoció esos informes hasta el año 2010 en el que se abren las diligencias penales, pero la intervención de la APLU fue ya en 2008. No es creíble», añade.
En el juzgado declararon también el pasado jueves varios de los constructores. Aseguraron que sus promociones «siempre contaron con los servicios» de agua, luz y alcantarillado. El próximo miércoles comparecerán los peritos de la defensa que examinaron si la zona está debidamente urbanizada. Tras la lectura de las conclusiones de las partes, el caso quedará visto para sentencia.
