Organizaciones de vagoneros que trabajan en el Metro pidieron al Congreso de la Ciudad de México que se regule su actividad al manifestar que son extorsionados por jueces cívicos y policías quienes les piden dinero para seguir trabajando.
En conferencia de prensa, los comerciantes informales exigieron a las autoridades capitalinas detener la “cacería y persecución” en contra de más de 10 mil vendedores.
Comentaron que sobre este tema ya han dialogado con los diputados Morena, Leticia Varela y Temístocles Villanueva, y destacaron que están dispuestos a aceptar proyectos laborales fuera de las instalaciones del Metro.
Exhortaron al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Raymundo Collins y a la titular de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez a iniciar mesas de diálogo con el propósito de “otorgar medidas precautorias para este gremio”, y es que aseguran que continúan siendo criminalizados.
“Durante muchas décadas, el comercio dentro de las instalaciones del Metro, sabemos que se ejerce de manera clandestina, pero esto no es porque así lo queramos. Esto obedece a que se han generado leyes y reglamentos que no se ajustan a la realidad del empleo y economía del país”, argumentó Raúl Pérez, presidente de la Federación de Comercio Popular y Prestadores de Servicios (Fecoppres).
Precisaron que es urgente “revisar los protocolos policiacos y los criterios aplicados en los juzgados cívicos del debido proceso para terminar con el abuso a la garantías individuales”.
“Policías nos piden dinero para continuar laborando, y va de los 85 a los 600 pesos, nosotros lo entregamos con tal de no llegar al Juzgado Cívico”, manifestaron.
Agregaron que esta actividad combate la falta de empleo que no es capaz de resolver el sector formal.
“No se puede castigar a una noble actividad que le da trabajo a una madre soltera, a personas con capacidades diferentes, adultos mayores, estudiantes de bajos recursos, bajo nivel académico, quienes no son atractivos para el sector empresarial”, aseveró Pérez.
Finalmente señalaron que de no regularizarse su oficio seguirá siendo “un negocio redondo para las autoridades”.
