Mucho se habla de unos meses a esta parte, sobre todo tras el acto multitudinario celebrado en el Palacio de Vistalaegre de Madrid el pasado 7 de octubre, de Vox, el partido surgido a partir del proyecto de antiguos militantes del PP.
La formación formada por Santiago Abascal o José Antonio Ortega Lara ha recibido críticas de todos los ámbitos, de la extrema izquierda, la izquierda, el centro y la derecha y casi siempre para tildarles de partido de extrema derecha, de filofascistas, de antidemocráticos, de populistas...
Según se puede leer en su propia web, “VOX es un partido político creado para la renovación y el fortalecimiento de la vida democrática española [...] Apostamos además por los Valores, la Familia y la Vida. Para nosotros la prioridad son las personas y creemos en un sistema basado en la libertad, donde todos los impuestos sean lo más reducidos posible o incluso eliminados. Si se gestiona correctamente y se evitan los miles de millones de euros en gastos innecesarios, se pueden crear las condiciones necesarias para que todos, absolutamente todos, podamos vivir en un país más próspero y justo”.
Hasta ahí, poco hay que nos pueda indicar que estemos ante un partido de extrema derecha, algo de los que se les acusa con frecuencia. Sin embargo, leyendo su programa electoral que incluye sus principales propuestas resumidas en “100 medidas urgentes”, encontramos cosas que nos pueden resultar más llamativas.
Llaman sobre todo la atención las medidas relacionadas con la inmigración, con la recentralización del Estado o con cómo abordar la situación de Cataluña o el País Vasco. Así, abogan por eliminar el acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales, implantar el español como lengua vehicular obligatoria, que las lenguas cooficiales sean optativas, la derogación de la ley de violencia de género, eliminar las subvenciones públicas a los partidos políticos, permitir el uso de la fuerza para defender el hogar, eliminar los beneficios penitenciarios para terroristas e inmigrantes ilegales, eliminación del jurado, suprimir de la sanidad pública las operaciones para el cambio de género o el aborto, suspender el espacio Schengen o deportar a los inmigrantes ilegales a sus países de origen.
