Durante años, muchos de los señalados injustamente por Pilar de Lara en sus múltiples causas contra la supuesta corrupción en Galicia —injustamente porque, tiempo después, se demostró su nula relación con la causa investigada— se lamentaban de que nadie les devolvería la honra, el buen nombre o, como el caso del exalcalde lucense José López Orozco, su cargo, al que tuvo que renunciar por sus múltiples imputaciones —más de la mitad ya archivadas—. Incluso arrastraban la losa de la resignación de que no habría justicia que exigiera responsabilidades a quien les llevó a ese mal trago: veían imposible que De Lara rindiera cuentas por sus controvertidos modos de instrucción. Cuando esta semana el Poder Judicial anunciaba
la incoación de un expediente sancionador
, muchos recuperaban un leve halo de esperanza.
El movimiento del CGPJ no es casual ni apresurado. Es la germinación del malestar que en amplios sectores de la judicatura gallega ha ido creciendo desde hace años —tanto jueces como fiscales— por los modos de la titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo, por ese aura de «juez estrella» que tanto molesta a muchos compañeros togados, que acaba resumiéndose en mucho ruído, en ocasiones insoportable, pero escasas nueces. Durante demasiado tiempo se dejó hacer, se concedió margen para que De Lara saliera de su propio laberinto, pero la paciencia parece haber tocado a su fin.
Solo así se entiende, por ejemplo, que la Fiscalía de Lugo avalara durante años
el crecimiento exponencial de macrocausas como la «Pokemon», que empezó en esa ciudad, se extendió a Orense, Santiago o La Coruña, pero acabó desmadejada en Cataluña, Murcia o el Levante, en una deriva desautorizada este año por la Audiencia Provincial alegando que De Lara no es competente fuera de su jurisdicción. Y de paso, anulándole toda las pruebas, con el consiguiente desperdicio de tiempo y dinero por parte de los cuerpos policiales empleados para investigar.
¿A qué se expone Pilar de Lara? Dos son los cargos que contra ella pone encima de la mesa el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde. Por un lado, desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales, para lo que cita tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (el 417.9, el 418.11 y el 419.3), en función de si se gradúa como leve, grave o muy grave la comisión de esta presunta falta. Por otro, la supuesta adopción de decisiones con manifiesto abuso procesal que generen incrementos ficticios del volumen de trabajo (art. 418.16 de la LOPJ), catalogada como de carácter grave.
Las sanciones que podría proponer el promotor de la acción disciplinaria —una vez finalice el proceso de instrucción del expediente— van desde la advertencia o la multa de hasta 6.000 euros (lo más suave) hasta el traslado forzoso, la suspensión por tres años o la separación de la carrera judicial y la pérdida de la condición de juez.
Fuentes del proceso consultadas por ABC estimaron improbable que se llegue a plantear esta última sanción, pero en todo caso consideran que las faltas por las que habrá de responder serán graves o muy graves. En todo caso, la última palabra corresponderá a la Comisión Disciplinaria del CGPJ, de la que por cierto formó parte el abogado que defenderá a De Lara en este procedimiento, Agustín Azparren.
¿Qué se juega Pilar de Lara? Todo, evidentemente. Un proceso que remate en una sanción grave como un traslado o una suspensión temporal sería el varapalo definitivo para la juez, que vería así desautorizado el grueso de su labor de los últimos años en Galicia como perseguidora incansable de la corrupción. Una amonestación o una multa serían un severo tirón de orejas, y además llevaría aparejada la duda razonable: de seguir De Lara en el juzgado, ¿podría ser ella la solución del colapso cuando es, a ojos del CGPJ y el TSXG, el origen del problema? Parece difícil concebir que pudiera encontrar la salida a su propio laberinto. Y, obviamente, el carpetazo al expediente sin sanción sería un sonoro espaldarazo a su actividad, aunque con matices: no impediría que otros tribunales siguieran poniendo coto a sus excesos, como desde hace meses parece estar haciendo la Audiencia Provincial.
Los retrasos
«Cualquiera que la conozca sabe cuál es su dedicación, incluso excesiva», respondía este viernes a Europa Press el abogado Azparren, quien además alegó que al estar su defendida instruyendo varias macrocausas, «es normal que haya retrasos, ya que no solo depende de la instrucción de la jueza, sino de otras circunstancias». La juez prestará declaración ante el Poder Judicial el próximo 21 de noviembre.
El diario El Progreso publicaba esta semana un recurso de la instructora en otra causa en el que culpaba al propio CGPJ de los retrasos en su actividad, ya que se le exigieron diversos informes con motivo de la profunda inspección a la que fue sometido su juzgado el pasado mayo. Y de paso, en una letanía ya conocida, cargó contra la Xunta por su «falta de medios» y apeló a la «huelga de funcionarios» que atascó la justicia gallega en el primer semestre del año. ¿Pero resulta creíble?
En enero de este año, la Audiencia Nacional le devolvía a Pilar de Lara una de sus piezas de la «Pokemon», reprochándole entre otras cosas que habían transcurrido dos años y medio desde que se inhibió en la causa y la remitió efectivamente a Madrid. No sin cierta sorna, la magistrada Carmen Lamela señalaba en su auto que 35 de los 40 tomos del sumario habían sido añadidos durante ese periodo de inhibición. Entre julio de 2015 y enero de 2018 no hubo huelgas en la justicia. Y De Lara llegó a contar en ese lapso con un juez de apoyo y cuatro funcionarios de refuerzo —CSIF los reduce a dos—, que a día de hoy mantiene.
¿Un retraso circunstancial? ¿Un garbanzo negro en un currículo sin tacha? Parece que no. En la misma «Pokemon», principio y fin del muestrario de faltas que investiga el CGPJ, otra pieza estaba también rumbo a Madrid desde 2015, hasta que trascendió este año que todavía sigue pendiente de recursos en la Audiencia Provincial. Pero esa inhibición no ha impedido que siguiera practicando diligencias, entre otras la toma de declaraciones.
¿Serán, pues, dos las únicas tachas a formular? Será que no. Dos piezas más del entramado «Pokemon» fueron devueltas desde Santiago y otra más desde Avilés por idéntica justificación y retraso en su remisión. Esta macrocausa, iniciada en 2011, sigue abierta y con solo una de sus nueve piezas principales esperando fecha de juicio. Otra fue archivada.
Agustín Azparren: Un viejo conocido del Poder Judicial
Para defenderla en su expediente, Pilar de Lara no ha mantenido a su letrado de cabecera en Lugo, Gerardo Pardo de Vera (su defensor en un pleito que tuvo con un guardia civil por unas supuestas amenazas en un foro de internet; pero abogado a su vez de las acusaciones populares en varias macrocausas, sin que ello parezca suponer un conflicto de intereses). La elección de Agustín Azparren no es casual. Magistrado en excedencia, fue vocal independiente del CGPJ y miembro de sus comisiones de relaciones internacionales y disciplinaria. Está considerado un experto en mediación, y de hecho fue propuesto por un sindicato durante la huelga de la justicia gallega a comienzos de año. Canario de nacimiento, el grueso de su carrera se desarrolló en Asturias, donde fue juez decano de los juzgados de Oviedo, y donde su padre, Agustín Azparren Gaztambide, fue presidente de la Audiencia Provincial. Ya sabe qué es defender a jueces ante el CGPJ: lo hizo con éxito con Victoria Rosell en 2017. Durante su etapa como vocal de la comisión disciplinaria, impuso en 2008 una sanción grave al juez que no ejecutó una sentencia previa del asesino de la niña Mari Luz, que lo habría mandado a la cárcel y evitado así el crimen. No consideró que hubiera desatención de aquel juez y por tanto no cabía la sanción muy grave porque su juzgado «no era un caos». Eso es de lo que se acusa a su clienta.
El paradigma de los retrasos está en el «caso Carioca», cuyas pesquisas se remontan a hace una década y que no vislumbra punto final a corto plazo. Hay más. «Pulpo», «Pikachu», «Cóndor», «Garañón»... Acumulan años de instrucción, en ocasiones meses sin que se mueva un papel pero, ¿acaso no es una huelga judicial —que afectó a los funcionarios de la justicia, no a los jueces y magistrados— un momento propicio para ponerse al día en las distintas causas que se instruye?
Volumen innecesario
Es la segunda acusación que formula el promotor de la acción disciplinaria. Un juez instructor encarga tal cantidad innecesaria de documentación que acaba por sobrepasar sus propias capacidades. ¿Le ocurre eso a Pilar de Lara? La Fiscalía opina que sí, por ejemplo. Baste el informe del Ministerio Público en la «operación Pulpo» desarrollada en el seno de la Diputación de Lugo, y que acabó por ser la puntilla para que José Ramón Gómez Besteiro dimitiera como secretario general del PSdeG.
El caso parte en 2013 de un supuesto acoso laboral y una presunta malversación de caudales por unas facturas de las excursiones del programa «Km. 0» por parte del principal acusado. Pero a pesar de que esto es el origen de la investigación, el fiscal —en un informe de enero de 2017— pone de manifiesto que la causa «se extiende a otros hechos diferentes a los primeramente investigados», para entrar de lleno en los contratos de transporte de la Diputación, para lo que «ni existe un requerimiento en tal sentido, ni la causa tenía como objeto esas irregularidades».
Y del acoso y la excursiones se pasa a indagar sobre un supuesto fraccionamiento de contratos de autobús, «hechos que son completamente diferentes a los inicialmente seguidos», insiste el fiscal. «Se produce una ampliación del objeto» de la causa, y por consiguiente, más tomos de sumario. ¿Paró aquí la deriva? No, por supuesto. Luego vendrían dos líneas más de investigación —trato de favor a varias empresas— y aparecería un anónimo con acusaciones contra Besteiro y una subordinada suya, que es incorporado al sumario.
El resultado de este sumatorio de tramas «es la ampliación del objeto de la causa de modo exponencial, sin causa o argumento que la justifique». «Véase que ya ni siquiera se centra la investigación en la Diputación sino que se extiende de forma anómala al Ayuntamiento», cuyo registro se ordena.
«Lo que era una investigación relativo al comportamiento de una persona concreta por dos hechos más o menos concretos y determinados —acoso laboral y malversación— se ha convertido ya en una investigación general de contratos públicos celebrados por la Diputación y el Concello de Lugo». Quien afirma esto es el fiscal Roberto Brezmes. La «operación Pulpo» sigue abierta, mantiene tomos del sumario bajo secreto y ha acabado investigando vacaciones pagadas por la Diputación en época de Francico Cacharro o los beneficios sociales de estos empleados.
¿Hay elefantiasis sumarial en la «Pokemon», por ejemplo? La Audiencia Provincial de Lugo
tiende a afirmar que sí
. Las pesquisas sobre el Grupo Agbar son el paradigma. Una de sus filiales, la extinta Aquagest, aparecía en el centro de la trama «Pokemon» en Santiago de Compostela, como supuesta pagadora de comisiones a políticos para obtener información privilegiada sobre concursos públicos. Lejos de circunscribirse a la capital de Galicia, De Lara y Vigilancia Aduanera —el cooperador necesario de la juez en sus instrucciones— extendieron la fiscalización a todo el grupo empresarial.
La Audiencia le anuló en marzo de este año todas las pruebas ordenadas y practicadas en municipios de Levante porque entendía que «no es posible esgrimir una investigación global sobre el Grupo Agbar para estimar que la competencia se extienda a todo el territorio español en donde opere», y menos hacerlo estando inhibida en favor de la Audiencia Nacional. Todos esos tomos de sumario, todo ese tiempo invertido, pasaron a ser papel mojado.
Una de las decisiones tumbadas en esa remesa fue una providencia del 6 de marzo de 2017, por la cual Pilar de Lara incorpora a la causa una noticia aparecida en un digital catalán «relativo a la petición que efectúan a la Fiscalía de Murcia para que investigue donaciones a la campaña independentista» de CDC (Convergencia Democrática de Cataluña). Para los magistrados de Lugo, «este es un ejemplo paradigmático de investigación prospectiva», que parte de una información periodística que no recoge «hechos aparentemente delictivos», lo que deriva «en un proceso sin objeto».
«La instructora parte de una hipotética premisa y a través de la misma oficia a Vigilancia Aduanera a fin de que verifique si alguna de las empresas vinculadas a la investigación «pudiera» haber realizado pagos o donaciones de sumas de dinero a la Fundación Catalanista i Democrática». La Sala estimó que «esta incorporación de una noticia de prensa a partir de la cual se autoriza a investigar» a Aduanas «no es admisible».
Dos ejemplos, dos, que no son anécdota sino una constante en los cientos de tomos que pueblan los pasillos del Juzgado de Instrucción nº1, más de mil según los sindicatos, y que esperan a que el CGPJ diga si deben seguir aumentando su número o, por el contrario, ha llegado el momento oportuno para poner fin a esta situación.
