Es común que las autoridades municipales, al ser cuestionadas sobre la ausencia de trabajos y acciones en beneficio de la sociedad en cualquier rubro (seguridad, obras y servicios públicos, etc.), antes de reconocer su falta de capacidad de respuesta recurran a la justificación como instrumento de defensa y así tratar de quedar bien con la población.
Justificación que cada vez es más endeble ante la evidencia de los crecientes problemas que aquejan a la comunidad y a la vez con menos atención por parte de la autoridad.
No se creen su propias mentiras o viven en un mundo diferente al de los gobernados, que padecen día a día graves problemas, que por supuesto no son provocados por la autoridad, pero que ésta no hace nada de lo necesario por evitarlos o al menos aminorarlos.
O pecan de ingenuos las presidentas y presidentes municipales o hay un descarado cinismo con esas conductas que la sociedad ya no les cree, porque realmente no se ve una respuesta eficaz ante un problema social.
El Valle de Toluca es uno de los tantos ejemplos donde la justificación y la evasión a la responsabilidad son una constante de las autoridades municipales. Se resisten a aceptar que la mayoría de las avenidas y calles de la ciudad están llenas de baches que ha generado un enorme malestar social.
O bien cuando en esta zona conurbada se asegura que la incidencia delictiva ha caído en más de 20 por ciento, contrario a las estadísticas de organizaciones civiles que prueban con estudios científicos que la inseguridad sigue en aumento y no ha sido ni siquiera controlada.
Hasta la fecha no se han observado conductas éticas de quienes encabezan gobiernos municipales para hacer ejercicios de autocrítica y reconocer en qué no se ha avanzado y qué es lo que hace falta por hacer. Pero lo más importante, tener el valor civil de señalar con transparencia porque no se han hecho las cosas.
Esa es la nueva actitud que espera la sociedad de las autoridades, porque la justificación y la evasión ya no es una estrategia y sí en cambio una ofensa para los ciudadanos que no pueden aceptar posturas demagógicas ante los graves problemas que los aquejan como la inseguridad y pésima calidad de los servicios públicos.
Ojalá esto lo entiendan las próximas autoridades que asumen sus funciones el 1 de enero, porque los que se van no cambiarán en 45 días lo que no hicieron a lo largo de tres años de administración.
