Veintiocho jueces del Tribunal Supremo han mantenido esta semana en vilo a millones de españoles a cuenta de la decisión sobre quién, el banco o el cliente, debe hacer frente al pago del impuesto hipotecario. También, entre la clase política. De hecho, más de la mitad de los diputados del Congreso tienen actualmente contratado un préstamo hipotecario con alguna entidad bancaria: 181 de los 350 que integran la Cámara Baja, o lo que es lo mismo, una holgada mayoría absoluta. Son menos, apenas 35, los propietarios de un escaño en la Carrera de San Jerónimo que suscribieron la hipoteca para adquirir una vivienda con posterioridad a octubre de 2014. Ellos, estos 35 diputados, hubieran podido recuperar lo que en su día pagaron en concepto de Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) si el Supremo hubiera resuelto, como apuntaban inicialmente todos los pronósticos, que fueran los bancos los que asumieran esta tasa a partir de ahora y con una retroactividad de cuatro años. El fallo, resuelto por 15 votos frente a 13, desmintió este escenario: dieron la razón a la banca y ninguna de las millones de familias hipotecadas en España reingresará lo que pagaron por este impuesto.
Como la compra de una vivienda no entiende de ideología ni de color político, el porcentaje de diputados con una hipoteca es similar en la práctica totalidad de los grupos parlamentarios. Sólo en Unidos Podemos, esa cifra es más baja que en el resto de bancadas: el 35% de los integrantes del grupo confederal presidido por Pablo Iglesias tienen en la actualidad que hacer frente mensualmente al pago de la cuota de la hipoteca. En el resto de partidos, ese porcentaje es superior: el 53% de los diputados de Ciudadanos, el 54% en el caso del PSOE y el 56% de los integrantes del grupo del PP.
Teniendo en cuenta que cerca de cuarenta de estos 181 cargos electos tienen en vigor abiertas más de una hipoteca, el número de préstamos cuyo objeto fue la adquisición de una vivienda suma la cifra de 225. El diputado popular Miguel Ángel Paniagua, por ejemplo, ha declarado en el portal de transparencia del Congreso un total de cuatro préstamos hipotecarios que suman 549.500 euros. Dos diputados, también del PP, tienen declaradas tres hipotecas. Son Mariano Pérez Hickman y el actual secretario general del partido, Teodoro García-Egea. Otros 36, entre ellos Albert Rivera, tienen declaradas dos hipotecas. Si se suman esos 225 préstamos suscritos por los diputados, el importe total solicitado a los bancos supera los 36,6 millones de euros. Descontadas las cuotas ya abonadas, los diputados deben actualmente a sus respectivas entidades una cantidad de 23,7 millones. En el hipotético caso de que los jueces del Supremo hubieran resuelto que el impuesto de AJD que todos ellos abonaron en su día podría ser recuperado, el sector de la banca se habría visto obligado a reintegrar, sólo a estos 181 diputados, una cantidad de dinero que oscilaría entre los 183.182 y los 549.548 euros, teniendo en cuenta que el valor de esta tasa es competencia autónomica y actualmente varía entre el 0,5% y el 1,5% del total de la hipoteca.
El otro escenario al que podrían haberse visto abocados los bancos pasaba por devolver el impuesto hipotecario a quienes suscribieron su préstamo después de octubre de 2014, siempre que ese eventual fallo que no se concretó hubiera contemplado una retroactividad de cuatro ejercicios. Así, hubieran sido 35 los diputados beneficiados. La suma de las hipotecas firmadas con posterioridad a esta fecha por parte de los miembros del Congreso suman 6,6 millones de euros, la mayor parte –6,3 millones–, como es natural, aún por devolver. Un fallo favorable a sus intereses por parte del Supremo, les hubiera permitido recuperar en conjunto un montante cercano a los 100.000 euros.
Retroactividad de 4 años
Como en el resto de la sociedad, eran precisamente estos diputados los que más esperanzas albergaban a la hora de solicitar el reintegro del impuesto de AJD. Entre estos se encuentran, por ejemplo, los líderes del Partido Popular y de Podemos. Pablo Casado, jefe de filas del PP, declara una hipoteca en su ficha del Congreso de los Diputados. La firmó en 2015 y el préstamo ascendió a los 280.000 euros, de forma que, si el TS hubiera fallado a favor de los clientes, podría haber planteado una reclamación para solicitar el reingreso de algo más de 3.300 euros. El secretario general del partido morado, Pablo Iglesias suscribió este año una hipoteca junto a su compañera, la portavoz adjunta Irene Montero, por un valor de 540.000 euros. En su caso, el impuesto de Actos Jurídicos Documentados sujeto a devolución hubiera sido mayor, próximo a los 6.500 euros. Dentro de esta nómina de los 35 diputados a los que la resolución del Supremo del pasado martes privó de recuperar esta tasa se encuentran, entre otros, los populares José Luis Ayllón, Teodoro García Egea, Alicia Sánchez-Camacho y Juan Carlos Vera, la socialista Soraya Rodríguez, la integrante de Podemos Carolina Bescansa y el actor Toni Cantó, integrante de Ciudadanos.
Sumadas las hipotecas de los diputados de cada grupo, son los cargos públicos populares los que, a día de hoy, más dinero deben a los bancos: 11,4 millones de los 18,4 millones que suma el importe concedido a todos ellos. Por debajo del partido de Casado, se encuentra el PSOE: los 46 diputados socialistas con hipotecas en vigor deben actualmente 4,6 millones de los 7,8 millones prestados. De la comparativa entre Ciudadanos y Podemos llama la atención una aparente paradoja: pese a que son menos los diputados del partido de Rivera que tienen una hipoteca (17) respecto al grupo de Iglesias (24), los miembros de la formación naranja suman hipotecas por un valor mayor (4,2 millones) que las de los del partido morado (3,3 millones de euros).
