Lo que los partidos constitucionalistas sospechan desde hace tiempo es una realidad: pese a la imagen pública de tensión y la negativa a respaldar los Presupuestos Generales del Estado, el diálogo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y La Generalitat no se ha interrumpido y los contactos entre el PSOE y el PDeCAT son continuos. Así lo confirman fuentes de ambos partidos que, en el ámbito parlamentario, llevan meses negociando en secreto diversos pactos sectoriales. Según las mismas fuentes, los interlocutores entre Moncloa y el Govern son la vicepresidenta Carmen Calvo, junto a los ministros Meritxell Batet y José Luis Ábalos. Por parte del Palau, el vicepresidente Pere Aragonés y la portavoz Elsa Artadi. En el Congreso de los Diputados, dos hombres discretos y con gran experiencia, el socialista José Zaragoza y el neoconvergente Carles Campuzano. La reforma laboral, el salario mínimo y un paquete de infraestructuras y tasas financieras, figuran en la agenda de estos sigilosos encuentros.
Los esfuerzos de Pedro Sánchez por rebajar la tensión en Cataluña no decaen, a pesar del desafío constante del presidente de La Generalitat, Quim Torra, y el fugitivo Carles Puigdemont. «La crispación se combate con paciencia», dice el socialista Pepe Zaragoza, una de las mejores cabezas del PSC ahora situado en la dirección del grupo parlamentario socialista en el Congreso. Aunque en los últimos días ha cundido en el nerviosismo por las penas solicitadas para los independentistas encarcelados, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aún mantiene la esperanza de que los separatistas den marcha atrás por lo que retrasará la presentación de las cuentas públicas hasta febrero para dar un margen de tiempo a negociaciones de última hora. En caso contrario, si es necesario se prorrogarán los actuales presupuestos con la introducción de decretos-leyes, tal como ha afirmado el propio Pedro Sánchez. Para el Gobierno, «esto no es un drama» advierten en Moncloa.
El 24 de febrero es la fecha límite marcada por la Ley para convocar elecciones generales en marzo, algo que suena fuerte en algunos sectores del Gobierno y el PSOE. Si el resultado andaluz es positivo para Susana Díaz, como auguran las encuestas, Pedro Sánchez podría aprovechar la ocasión para zanjar la Legislatura. «El efecto Gobierno y el efecto Andalucía nos favorece», admiten dirigentes socialistas ante esta coyuntura electoral, previa a las municipales y autonómicas de mayo. No obstante, la postura oficial ante los medios es que Sánchez resistirá hasta el 2020, con presupuestos nuevos o con los viejos, en medio del juicio al «procés» que vaticina una dura sentencia contra los independentistas presos y la sombra del indulto sobre la mesa. Algo sobre lo que en Moncloa y el PSOE mantienen una hermética ambigüedad y que en el PP y Ciudadanos ven cada vez más cerca.
De momento, el PSOE y el PDeCAT llevan meses negociando medidas contra la reforma laboral de Rajoy, el salario mínimo interprofesional, subida de las pensiones y la tasa a las transacciones financieras. También un paquete de infraestructuras a cargo del ministro de Fomento José Luis Ábalos. Un hombre con mucho peso político en el Gobierno y en el partido, por su doble condición de ministro y poderoso secretario de organización en Ferraz. Ábalos mantiene una buena amistad con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, también clave en estos contactos. No hay que olvidar la presencia de destacados miembros del PSC en empresas públicas de enorme importancia como Pancho Taboas en Renfe, Maurici Lucena en Aena, y Pere Navarro como delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca. Todos ellos representan una enorme cuota de poder del socialismo catalán en el entramado económico del Ejecutivo.
Fruto de estos sibilinos contactos es la decisión de Pedro Sánchez de convocar un Consejo de Ministros el próximo 21 de diciembre en Barcelona y anunciar una reunión con Quim Torra. Algo que ha desconcertado profundamente al presidente catalán, según reconocen fuentes de La Generalitat. Sería muy difícil, por no decir improbable, que Torra se negara a esta entrevista, por lo que una vez más Sánchez gana la partida, opinan los estrategas de Moncloa. En su jugada con los tiempos, el jefe del Gobierno aviva el populismo con las hipotecas, capitalizando el descontento por la sentencia del Tribunal Supremo, al que se ha sumado incluso el propio Govern y con febrero como una fecha clave, porque en marzo se conocerá la sentencia del «procés» y tras ella será imposible cualquier pacto con los independentistas, a excepción del indulto, como denuncian el PP y Ciudadanos.
De momento, públicamente, el «postureo» se mantiene. Torra advierte duramente a Sánchez de que su apoyo se ha terminado,; Puigdemont tensa la cuerda desde su refugio en Waterloo y las descalificaciones presiden los plenos del Parlament, como en su última reunión en la que hubo una bronca de campeonato entre Torra, Iceta y el diputado de Cs, Carlos Carrizosa. Pero en Madrid, las cosas son diferentes y los contactos siguen bajo cuerda. Además, la fractura en el bloque soberanista está servida como lo demuestra la lucha entre el PDECat y Esquerra Republicana para la alcaldía de Barcelona, dónde Puigdemont busca desesperadamente un candidato o candidata que rivalice con Ada Colau, Manuel Valls y el republicano Ernest Maragall. Estas divergencias, pese al discurso radical vicimista en público, revelan la desunión latente entre los independentistas.
Así las cosas, el plan de Torra es «exhibir músculo» ante Sánchez y agitar la calle para tapar las fisuras del independentismo. Pero esta ruptura tiene mucho de apariencia y los contactos entre Madrid y Barcelona se mantienen. Al margen se encuentra el ministro de Exteriores, Josep Borrell, considerado una «bestia negra» del nacionalismo como demuestra su oposición a la apertura de nuevas embajadas catalanas en el exterior, aprobadas en el pleno del Parlament. En este contexto, todo indica que las declaraciones altisonantes separatistas continuarán, pero el 21 de diciembre Pedro Sánchez se verá con Quim Torra en Barcelona, en lo que según Moncloa, es una jugada maestra, y para los partidos constitucionalistas un impresentable signo de debilidad.
