Leonor Noyola, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, alertó sobre las enfermedades que presentan algunos pobladores de la de la Huasteca Potosina, a consecuencia de la búsqueda y explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica, conocido como fracking.
En entrevista con MILENIO, la legisladora del PRD explicó que las personas están sufriendo problemas en la garganta, piel y que los menores siempre están enfermos de gripa.
"Ellos dicen que es por la contaminación del agua. Para efectuar el fracking se tiene que consumir mucha agua, y ésta se está revolviendo con los gases", dijo.
Comentó que por lo menos, los municipios de Ébano, San Antonio, Xilitla y San Vicente Tancuayalab, se encuentran en una situación similar y aunque en este momento está detenida la práctica, se solicitó a las autoridades información sobre los proyectos autorizados para la extracción de gas y petróleo del subsuelo mediante esta técnica.
Indicó que, tanto en los municipios de San Luis Potosí como en otras entidades, los pobladores no están de acuerdo con la fractura hidráulica, debido a los impactos ambientales negativos y los riesgos que podría ocasionar a la salud.
"En la zona huasteca viven de las tierras, viven de los sembradíos, de las cañas, y ven que sus tierras se iban a morir, ya no iban a poder producir de lo que ellos viven, y por eso se opone la gente, porque ese es su medio de subsistir. Ya con ésto, ¿qué van a hacer?", expuso.
Noyola aseguró que la fracturación conlleva a impactos ambientales, riesgos de contaminación del suelo y subsuelo, de fuentes de agua potable y de la atmósfera, contaminación sonora, migración de los gases y productos químicos utilizados hacia la superficie, así como casos de incremento en la actividad sísmica, la mayoría asociados con la inyección profunda de fluidos.
Hace unos días, la Cámara alta recibió un acuerdo por el que se exhorta a diputados y senadores a formar una Comisión Especial de estudio del tema fracking y, a la brevedad, llevar a cabo modificaciones legales para evitar el daño al territorio y a la población por esa práctica.
Por ello, la legisladora pidió a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) que informen sobre los criterios de viabilidad ambiental y de seguridad que fueron tomados en cuenta para la celebración de contratos de explotación de recursos naturales.
Asimismo, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a que realicen las investigaciones correspondientes, para determinar si en las áreas de asignación existen hechos que pueden ser constitutivos de delitos, y que emitan medidas para salvaguardar los recursos naturales, el medio ambiente y la salud de los miembros de las comunidades afectadas.
