El Gobierno de Pedro Sánchez ultima la modificación de la LOMCE. El Ministerio de Educación ya tiene elaborado un documento analizando el futuro de la ley educativa, que ha presentado a la comunidad educativa para recabar su opinión. Entre las medidas que recogen, abogan por rectificar la normativa vigente para evitar que exista una alternativa a la religión en el horario lectivo y que esta asignatura cuente para la media. También pretenden que deje de ser "una materia específica" en Bachillerato.
Con estas propuestas, el Ejecutivo socialista pretende recuperar una materia centrada en "una Educación en valores cívicos y éticos" en un curso de Primaria y en otro de Secundaria. Estas sugerencia figuran desglosadas por el departamento de Isabel Celaá en un documento titulado "propuestas para la modificación de la ley orgánica de educación".
Esta estrategia recoge una medida novedosa con la que el equipo de la Celaá pretende combatir el abandono escolar, que consiste en diseñar "un plan de repetición individualizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen esa medida".
Educación también apuesta por que los centros que segregan por sexos dejen de recibir dinero público. "Se reforzará la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de la coeducación", exponen en el documento, adelantado por El País. Con esta propuesta pretenden fortalecer "el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos e impulsar, en este terreno, las políticas activas por la igualdad".
La normativa impulsada por el exministro José Ignacio Wert blindó la financiación pública de los centros que segregan por sexos. Esta ley recogía que este modelo de enseñanza "no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos" y que no se le podrá aplicar "un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas".
El Tribunal Constitucional avaló en abril este artículo de la normativa, después de que los socialistas presentasen un recurso contra ese punto de la ley. Aún así, desde el equipo de Celaá proponen "eliminar la referencia a que la 'educación diferenciada' no se considera discriminación por género" en la normativa.
El PSOE también denunció el peso que fue ganando la asignatura de religión en el currículum educativa gracias a la Lomce. En Bachillerato esta asignatura está incluida en un paquete amplio de optativas tradicionalmente más duras, como Dibujo Técnico o Francés. Una de las consecuencias que se han percibido tras la implantación de la Ley Wert es que el número de alumnos de institutos públicos que escogen esta materia ha aumentado, ya que en esta etapa postobligatoria esta asignatura influye en la calificación final que condiciona el acceso a la universidad. Pasando así del 23% de estudiantes de Bachillerato que cursaban esta materia antes de la entrada en vigor de esta normativa al 37%, según datos del pasado mes de marzo.
Una vez que el PSOE ha llegado al poder quiere revertir el peso que tiene esta asignatura en el currículum educativo. Por ello, abogan por "organizar la enseñanza de la religión confesional de modo que no exista la obligación de cursar una materia alternativa por quienes no soliciten dicha enseñanza".
Por otro lado, Educación quiere que estas modificaciones contribuyan a "eliminar los elementos discriminatorios derivados de la especialización de centros". Para ello apuesta por modificar "los criterios de baremación, reconociendo la situación de las familias monoparentales, de las víctimas de violencia de género y de terrorismo".
Por su parte, en el apartado destinado a las medidas centradas en la inclusión educativa proponen la eliminación de los itinerarios, la reformulación del programa de refuerzo para los alumnos y de la Formación Profesional Básica para que estos alumnos puedan conseguir el título de Secundaria.
Desde el Ministerio apuntan a la Lomce como una de las desencadenantes del "alto número de repetidores". En nuestro país la tasa española de abandono escolar temprano duplica la de la UE y el porcentaje de alumnos repetidores triplica la media de la OCDE.
Para incentivar que estos alumnos no abandonen las clases, optan por "establecer un plan de repetición individualizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen esta medida". Además, otorgan la potestad a las juntas de evaluación de los colegios de adoptar "medidas educativas ordinarias previas a la repetición".
Aunque, también buscan legislar para aquellos que dejan el sistema sin título de ESO. Para este colectivo proponen un "plan de orientación individualizado con la finalidad de continuar su proceso formativo".
Otro de los bloques está centrado en el sistema educativo y el modelo territorial. En él se decantan por "suprimir la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación corresponda a las comunidades autónomas en las que hay lengua cooficial".
Si estas medidas finalmente se aprueban, con ellas se pondrá fina a las polémicas reválidas implantadas por Wert al final de Primaria, ESO y Bachillerato. La oposición política y de la comunidad educativa obligaron al Gobierno del PP a descafeinar estas pruebas, concebidas en sus inicios como una criba que era necesario superar para obtener el título. Finalmente derivó en un examen que no afectaba a la media y era muestral.
En este documento Educación aboga por mantener el carácter muestral de estos ejercicios, con una periodicidad plurianual, para evaluar el estado del sistema educativo, "rendir cuentas por parte de los centros y orientar las medidas de gestión de los centros y las políticas de las administraciones. Asimismo, reflejan que se prohíba la utilización de los resultados "para realizar valoraciones de los alumnos o para la clasificación de los centros".
Desde el Ejecutivo socialista buscan que la democracia interna de los centros aumente, así como que se haga "real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el gobierno de los mismos". Para ello, abogan por que este colectivo gane peso a la hora de elegir al director del colegio o del instituto.
