El juzgado mercantil número 10 de Barcelona ha admitido una demanda colectiva por prácticas desleales contra Airbnb presentada por la asociación Acaba, que aglutina a anfitriones de la plataforma multados por alquilar su vivienda, y ha requerido ya información tanto al ayuntamiento como a la compañía.
La asociación Acaba (Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb) ha planteado la demanda al considerar que la plataforma ha inducido a muchos ciudadanos «a realizar ofertas turísticas sin la correspondiente habilitación y creando la impresión de que podía alquilarse la residencia habitual sin la misma», según señala la demanda que ha llegado al juzgado.
El abogado de Acaba, Dylan Tarín, que ha informado en rueda de prensa de esta iniciativa, ha destacado que ésta es la primera demanda colectiva por prácticas desleales que se presenta en todo el mundo contra Airbnb.
Tarín ha señalado que la demanda es la respuesta de un centenar de ciudadanos que actúan como anfitriones de turistas que utilizan Airbnb ante las multas que han recibido del consistorio barcelonés «por alquilar sus residencias habituales de manera esporádica», sanciones que rechaza por «indiscriminadas».
Según Acaba, hasta 5.077 usuarios de la plataforma han sido sancionados en un período de dos años, de los que más de 2.500 habrían recibido m
ultas por importes de 30.001 euros y otras 2.577 por importes de 60.0001 euros.
Con la demanda, la asociación pretende conseguir, por un lado, una reparación por estas sanciones y, por otro, que se prohíba a Airbnb que publique anuncios de alojamientos turísticos sin la correspondiente habilitación y «hacer publicidad confusa sobre ello».
El juzgado mercantil acaba de hacer pública una diligencia de ordenación en la que requiere a Airbnb y al Ayuntamiento de Barcelona para que en un plazo de un mes entreguen a Acaba sus listados de usuarios de la plataforma que no cuentan con la correspondiente habilitación para alquilar sus viviendas para uso turístico.
En el caso del consistorio, se le requiere a informar también de aquellos anfitriones que tienen procedimientos administrativos sancionadores abiertos.
Tarín ha explicado que Acaba nace para amparar a aquellos usuarios de Airbnb que la utilizaron «de buena fe» y no para especular.
Las sanciones, que van desde 30.000 euros hasta 60.000, han afectado, según Tarin, a personas físicas que alquilaban su vivienda habitual de manera puntual, en su mayoría, «por necesidad y no para especular».
Del total de 102 casos que miembros de Acaba que han recibido sanciones, un 60% no ha tenido que pagar finalmente la multa porque su procedimiento se ha cerrado por falta de pruebas, mientras que continúan vivas el 40 % restante.
