No era tan fácil sacar a Franco de su tumba. Este viernes, el Consejo de Ministras aprobará finalmente el decreto ley que blindará la exhumación de los restos del dictador y una vez que el Gobierno active el proceso, los plazos se acortan. El presidente Pedro Sánchez anunció en junio que la exhumación sería inminente. ¿Será en otoño cuando se mueva la lápida que cubre al golpista desde el 23 de noviembre de 1975?
El Gobierno aplazó la operación hasta después del parón estival y esta semana inicia los trámites a través de un decreto ley que tendrá que ser ratificado por el Congreso de los Diputados. Esta fórmula, confirmada el martes por Moncloa, retrasa el traslado de los restos cadavéricos a partir de la segunda mitad de septiembre, pues los trabajos parlamentarios se retoman a mediados del próximo mes.
El equipo de Sánchez ha tenido que construir un armazón jurídico que blinde el asunto frente a futuras denuncias. De la Fundación Franco, por ejemplo, de la propia familia del militar sublevado, que rechaza los trabajos exhumatorios, o del prior del Valle de los Caídos, aunque ha reculado en su radical oposición y asume que si la orden viene de Felipe VI, que debe firmar el decreto, no podrá oponerse. La fórmula del decreto ley, esgrimía el ministro de Cultura, José Guirao, el pasado martes, pretende evitar "recursos judiciales que puedan impedir aplicar la medida cuanto antes".
Mientras, el cadáver embalsamado y enterrado con honores se va convirtiendo en la momia incómoda del franquismo. Los restos acabarán en un osario si sus nietos se desentienden de ellos. Porque Franco va a salir de su tumba, como han reiterado el presidente Sánchez y el Director General de Memoria Histórica, Fernando Martínez, en sendas entrevistas en eldiario.es y en diversas ocasiones. Ahora, con la aprobación del real decreto, el traslado es irrenunciable.
El Congreso de los Diputados ya aprobó (en mayo de 2017) sacar al dictador Francisco Franco de su sepultura, con la abstención de PP y ERC. En ese momento Ciudadanos voto "sí" a la exhumación, pero este mismo miércoles ha confirmado que se abstendrá en la votación del decreto en su tramitación en la cámara baja. El entonces Gobierno de Mariano Rajoy acusaba al PSOE de romper el "pacto constitucional", pero la moción de censura volcó el panorama y puso sobre la mesa las claves de Memoria Histórica que podría desbloquear el nuevo Ejecutivo socialista.
Y así lo hizo. "Una democracia como la española no puede permitirse monumentos franquistas", asegura Pedro Sánchez. Empezando por "un planteamiento simbólico importante de ruptura con el pasado", en palabras del director de Memoria. Un compromiso que arranca en la punta del iceberg de la parafernalia simbólica del franquismo: la tumba de Franco en el mausoleo fascista levantado con trabajo esclavo en Cuelgamuros que es, al mismo tiempo, la mayor fosa común de España con 33.833 cadáveres, de los cuales 12.410 son de personas desconocidas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deslizó a finales de junio que la salida de Franco de Cuelgamuros sería inminente. "Os pillará trabajando", dijo en una conversación informal con periodistas en el patio del Congreso. Pero no fue tan rápida. Y pasó el mes de julio sin abrir la tumba. A principios de agosto se hizo público que el proceso se dilataría más de lo previsto y decidió iniciarlo después del parón veraniego.
Sánchez estaba decidido a saltar todos los obstáculos para "cerrar de una vez por todas esa herida", incluso aunque no tuviera el visto bueno de la familia Franco. Sin embargo, el contacto con los descendientes del militar golpista hizo entender al Ejecutivo que debía levantar un "sustento jurídico" ante posibles denuncias contra la exhumación.
Los problemas legales han mantenido cerrada la tapa de la sepultura. La fórmula final, ante la fragilidad parlamentaria del Gobierno, quedó clara: real decreto ley. "Vamos a dar la orden en breve y se va a aprobar en Consejo de Ministros", confesó Sánchez. Por otro lado, el escudo legal para sortear las "complicaciones" del 'no' de los Franco a la operación prevé también el destino de los restos cadavéricos del dictador: acabarán en un osario si los descendientes no reclaman la momia de Franco.
Lo cierto es que el permiso familiar no es necesario para llevar a cabo la exhumación rápida y low cost. El informe del Comité de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos creado en 2011 –bajo Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero– aconseja recabar un amplio consenso parlamentario y pedir permiso a la Iglesia para llevar a cabo el trabajo.
"Franco es un cuerpo extraño en el Valle de los Caídos y su salida debe ser irreversible", como dice el antropólogo del CSIC Francisco Ferrándiz. La cuestión está en la futura denuncia de la familia del dictador por el rechazo firmado ante notario a la exhumación y que ya comunicó a la abadía de Cuelgamuros.
Por otro lado está la Fundación Nacional Francisco Franco, con otra denuncia en el bolsillo. El lobby que ensalza al dictador y usa la justicia contra la memoria histórica lanzó una campaña para blindar el Valle de los Caídos y la tumba del dictador. En un paso más, ha llamado a "un nuevo alzamiento" y advierte a la Iglesia que "deben su existencia" a Franco.
La Asociación del Valle de los Caídos también ha entrado en la campaña de 'protectores' del cuerpo momificado enviando cartas que niegan el golpe de Franco y culpan al PSOE de la guerra civil. Como un grupo de 181 militares retirados que han firmado un manifiesto en defensa del general golpista: "Su figura ha sido vilipendiada hasta el extremo", lamentan. La declaración ha provocado una cascada de críticas de asociaciones y miembros del Ejército e incluso el Ministerio de Defensa ha abierto una investigación y ha llamado a declarar a los cinco reservistas que firmaron el texto.
Los nostálgicos del franquismo incluso han convocado concentraciones junto al mausoleo fascista de Cuelgamuros. Una "peregrinación nacional patriótico-religiosa" decía la convocatoria para misa y manifestación del Movimiento por España. Y acudieron unos cientos de personas.
Una semana después varias organizaciones memorialistas y de derechos humanos hacía otra manifestación para pedir la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco y de Primo de Rivera, la desacralización de la Basílica, la retirada de la cruz y la conversión del espacio en un memorial antifascista. Un grupo de ultraderecha intentó reventar la protesta antifranquista. Era esa España dividida por la tumba de Franco, como titulaba The New York Times.
