Las nuevas leyes permitirán "como aspecto novedoso" la explotación "en todo o en parte" de "las vías férreas, instalaciones y material rodante" en el país por "una persona natural o jurídica, nacional o extranjera", informó al diario estatal Granma el asesor del Ministerio cubano de Transporte (Mitrans), Edmundo Ronquillo.
El nuevo decreto ley de los ferrocarriles pretende ser "un paso positivo" para la revitalización del sector, que colapsó durante la década de 1990 y aún no se ha recuperado debido al mal estado de las vías y la obsolescencia tecnológica de los equipos, algunos con cuatro o más décadas de explotación.
Cuba fue el octavo país en poseer ferrocarril con locomotoras de vapor, en 1837, nueve años antes que España, que controló las vías cubanas hasta que en 1898 éstas pasaron a operar con capital estadounidense y en 1959 fueron nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución Cubana.
En la actualidad la isla posee más de 4.000 kilómetros de vías públicas, donde transitan en su gran mayoría locomotoras diesel, y unos 7.000 kilómetros dedicados al transporte del azúcar, aunque una parte ha quedado en desuso tras el desmantelamiento de una gran cantidad de fábricas en la década pasada.
Los cubanos en general prefieren usar autocares para cubrir medias y largas distancias.
Para modernizar su ferrocarril, la isla ha negociado varios contratos en los últimos años, entre ellos un multimillonario convenio con Rusia para la compra de locomotoras.
A finales de julio, Granma anunció la inminente firma de un "ambicioso proyecto" entre la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses y la estatal Unión de Ferrocarriles de Cuba, con una inversión de unos 40 millones de euros para modernizar talleres y recuperar trenes y vagones de pasajeros.
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