La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Gobierno en el suspendido diálogo nacional, reiteró su apoyo y respaldo a la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que este organismo fuera acusado por el Gobierno nicaragüense de parcialización y sesgo en sus informes sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.
“Apoyamos, respaldamos y reiteramos la necesidad que este organismo, su Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para que permanezcan en Nicaragua y tengan las facilidades para realizar su trabajo a cabalidad”, señala un comunicado publicado este domingo por la Alianza Cívica.
En la comunicación lamentan el “informe evaluativo” publicado por la Cancillería nicaragüense, en el que se asegura que la CIDH actúa “en conjunto” con los Estados Unidos y otros países para promover “maniobras políticas injerencistas” y derrocar al Gobierno actual.
El Gobierno de Nicaragua emplea “un lenguaje que va de la mano con la reciente narrativa del régimen Ortega Murillo que desacredita, descalifica, señala y acusa cualquier esfuerzo, idea o planteamiento que no coincide con su manera de pensar”, aseguraron los miembros de la Alianza Cívica.
Por su parte, la relatora de Nicaragua ante la CIDH, Antonia Urrejola, aseguró en declaraciones, a la cadena de noticias CNN, que este organismo internacional trabaja de forma permanente en el país desde el pasado 24 de junio, va a “continuar con las tareas de monitoreo y documentación de la situación de derechos humanos en Nicaragua con la seriedad y responsabilidad que caracteriza a la CIDH”.
El cardenal Brenes manifestó confianza en la labor que realiza la CIDH y dijo que duda que este organismo emita informes sobre la crisis del país basados en calumnias, tal como lo afirmó el Gobierno el sábado.
“La CIDH es un organismo profesional, creo que tiene reconocimiento a nivel internacional, forma parte de la OEA (Organización de Estados Americanos), no creo que ahí ponga a gente que ande diciendo cosas falsas”, dijo Brenes, al tiempo que sugirió a todas las partes involucradas que depuren de una vez sus listados y trabajen en un informe común.
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Brenes recomendó a los distintos organismos defensores de los derechos humanos, reunirse para cotejar sus listas sobre el número de víctimas en el contexto de las protestas antigubernamentales iniciadas el pasado 18 de abril, para cruzar información y trabajar en uno común y definitivo.
“Tenemos que ser realistas y aceptar errores que podemos cometer. Sería interesante que las diversas comisiones que están recabando estos datos se reúnan, que cada uno traiga su lista y la vayan presentando, pero no decir de buenas a primeras. Siempre es bueno platicar”, planteó el religioso.
De acuerdo con el más reciente informe de la CIDH, al menos, 317 personas han muerto en Nicaragua producto de la crisis, pero el Gobierno solo reconoce 198, mientras organismos humanitarios locales cuentan de 300 a 448.
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Hasta el 25 de julio, la Asociación Nicaragüenses Pro Derechos Humanos (ANPDH) reportó 448 muertos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) registró 300 fallecidos al 30 de julio y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) enlista 302 decesos al 29 de julio. Esas listas se divulgaron con carácter preliminar.
“Son como cinco listas”, señaló el cardenal insistiendo en la importancia de “que estas personas que tienen estos datos puedan sentarse y como hermanos ir depurando y así no estar diciendo que a esta le falta, que está mintiendo, sino hacer una sola lista”.
