Una de las interrogantes de estos días es si los poderes Legislativo, Judicial, órganos autónomos, gobernadores y alcaldes, entre otros servidores públicos, asumirán la política de austeridad que el mandatario electo AMLO instrumentará de inmediato en el Ejecutivo, una vez que sea investido presidente el próximo 1 de diciembre.
La respuesta es sí. Por supuesto que sí. Sin lugar a dudas que sí.
El concepto austeridad republicana no solo contiene una visión filosófica sobre la moderación y la equidad que debe prevalecer en el ejercicio del servicio público, sino en el alcance y la cobertura de la misma, la cual comprende al conjunto de los poderes y órganos que integran la res pública, la vida pública del país.
Con esta visión, el grupo parlamentario de Morena en el Senado, con apoyo de sus aliados, impulsará que la austeridad republicana no sea una decisión opcional para los poderes y órdenes de gobierno, sino que se convierta en una política del Estado mexicano en su conjunto. Es decir, que sea de observancia obligatoria para los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y para los tres órdenes de gobierno (federación, estados y municipios), así como para los órganos autónomos.
¿Cómo se procesará esta política de Estado? Mediante el diálogo, el mayor consenso posible y con la fuerza del derecho constitucional y de las leyes que sea necesario emitir.
Una de las cuestiones centrales a definir es la política salarial en el servicio público. ¿Cuánto es lo máximo que debe ganar el Presidente de la República, un senador, un diputado federal o local, un ministro de la Suprema Corte, un gobernador, un alcalde?
¿Qué indicadores económicos, de mercado laboral y de ética política deben considerarse para fijar esta política salarial del servicio público?
¿Cómo determinar el punto óptimo entre ingreso salarial por un lado y eficiencia y calidad del servicio público por el otro?
El presidente electo anunció que ganará 108 mil pesos mensuales por desempeñar el cargo público más relevante, trascendental e importante en nuestro país. ¿Es legítimo que servidores públicos de otros poderes y órdenes de gobierno perciban más que el titular del Poder Ejecutivo federal?
Un primer paso es permitir, alentar y estimular que los poderes, órdenes de gobierno y organismos descentralizados presenten su propuesta de austeridad y racionalización presupuestal de manera autónoma, abierta y transparente.
El Poder Judicial federal acaba de comprometer una propuesta de reducción en su gasto operativo de hasta 5 mil mdp. Es un buen primer paso.
En la Cámara de Senadores se está proponiendo reducir de inicio mil 500 mdp.
Hay dependencias del Ejecutivo Federal que están preparando ahorros hasta por 30 por ciento de su estimación presupuestal del próximo año, y así sucesivamente.
Los límites de este ejercicio de austeridad gubernamental son los derechos laborales de los trabajadores de base y las garantías básicas para la prestación eficiente, oportuna y eficaz de un servicio público.
Acortar la distancia entre el ingreso salarial de la trabajadora de limpieza que diariamente limpia mi oficina en el Senado y lo que yo percibiré como legislador no solo es un tema de ética y congruencia política para quienes proponemos una sociedad con menos desigualdad, sino un imperativo económico para dar mayor orientación productiva y eficiencia social al gasto del Estado mexicano.
Los salarios en el servicio público deben servir para acortar distancias sociales, no para profundizarlas.
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