La debilidad parlamentaria que tiene Pedro Sánchez en el Congreso es fácilmente extrapolable a un sinfín de parlamentos autonómicos. El PSOE –la segunda fuerza política española, ya que la aritmética es la que es pese a las encuestas del CIS– tiene demasiadas pleitesías que complacer por llegar a La Moncloa. Ayer comenzó a desangrarse en su argumentario de partido de Estado al acercar a la prisión de Basauri, en el País Vasco, desde la cárcel asturiana de Villabona, a dos presos etarras. Negro sobre blanco, no le fue difícil al ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, criticar el traslado de estos presos etarras y recalcar que las víctimas del terrorismo merecen el «máximo reconocimiento». Las componendas del PSOE con el PNV –partido clave para el triunfo de la moción de censura a Mariano Rajoy– vuelven a estar en boca de todos en comunidades autónomas que tienen, en poco tiempo, elecciones. Algo similar, también sobre «deudas a pagar», se encuentra el PSOE a cuenta de los partidos independentistas catalanes. ERC y el PDeCAT se quieren cobrar su apoyo parlamentario. No se han quedados satisfechos con el acercamiento de la prisión preventiva a los líderes del «procés» a cárceles catalanas. Piden lo imposible: un indulto antes incluso de que los políticos secesionistas pasen por los tribunales para juicio. Su deriva en los últimos tiempos ha sido pasar de «atacar a España» a «atacar al Rey» para buscar abrir un espacio «republicano» entre las fuerzas constitucionalistas. Todo ello además mientras se insiste en la vía unilateral para «alcanzar la independencia». Un despropósito que sólo hace que horadar y destruir la credibilidad como partido de Estado del PSOE en amplias zonas de España. No es casual que el propio presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reconociese que «no se puede aparentar una fortaleza que no se tiene». Y no es el único. El escenario precario, que hemos visto en el Congreso en las últimas semanas, a cuanta de RTVE o el techo de gasto, o de la imposibilidad de reformar lo que tantas veces anunciaron que harían –verbigracia la reforma laboral– es sólo la punta del iceberg de tantas batallas políticas y financieras en las que el PSOE de Pedro Sánchez teme entrar ante el anunciado fracaso. El problema, con todo, radica en el momento oportuno de convocar elecciones. La reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que otorgaba al Partido Socialista una ventaja de casi diez puntos sobre el Partido Popular, ha dado alas a quienes desde el poder autonómico quieren un anuncio de elecciones generales. Con el PP aún en formación, y mientras colea la polémica sobre el máster de Pablo Casado, los barones socialistas creen que es la oportunidad para que el PSOE recupere espacio político y representación en el Congreso a cuenta de un Podemos en horas bajas y de un Cs que no encuentra su lugar. Moncloa, mientras, se muestra reticente. Los 54 días que median entre la convocatoria electoral y la cita con las urnas se les antojan demasiados ante un panorama político tan cambiante. Y más con un otoño que se anuncia conflictivo con la apertura del juicio a los cabecillas del «procés» y la consiguiente presión que recibirá Pedro Sánchez en el Congreso a cargo de los partidos independentistas catalanes. Ellos –y no los barones de su partido– serán los que marquen los tiempos al líder socialista. Para entonces cada vez menos líder y más al albur de lo que exijan los secesionistas. Algo que dejaría en pésimo lugar la imagen de estadista del líder socialista. De ahí que antes de que las vergüenzas de su debilidad queden de manifiesto es urgente para los barones que las elecciones salven al Gobierno. Los barones se juegan mucho. Su continuidad en el poder, para empezar.
